¿Podrán llevarse a cabo las inversiones financieramente sostenibles por importe de 113 millones que el cuatripartito ha propuesto? El propio Gobierno de Navarra dice que sí, que tiene la autorización del Ministerio de Hacienda aunque admite que quizás no para todas las partidas previstas, y la oposición parlamentaria lo duda con el argumento de que Navarra no supera uno de los requisitos exigidos, el cumplimiento de la regla de gasto. Todo podría estar aclarado para el jueves, día 4 de octubre, fecha en la que el Parlamento de Navarra debatirá y votará la iniciativa de los cuatro partidos que sustentan al Gobierno de Uxue Barkos.
El cuatripartito registró una proposición de ley foral sobre inversiones financieramente sostenibles dotada con 113 millones de euros destinada a financiar reformas en centros educativos, inversiones en salud y en la nueva sede de la Policía Foral, entre otros proyectos, además de otros gastos que ejecutarán los ayuntamientos. El dinero procede del superávit con el que se cerraron en 2017 las cuentas de Navarra, 230 millones de euros, después de que haya sido destinada la mitad de esa cifra a amortizaciones de la deuda. Se trata de inversiones concretas que no conllevan gastos añadidos ni generan deuda en futuros ejercicios, de ahí que se denominen financieramente sostenibles.
EL TIEMPO APREMIA
La proposición cuenta con el respaldo del Gobierno de Navarra y se ha registrado para que se tramitada de forma urgente y en lectura única, por lo que podría estar aprobada el 4 de octubre. Contempla 20 millones de euros para el Plan de Inversiones Locales, inversiones que los ayuntamientos tendrán que adjudicar antes del 31 de diciembre, y el resto se dedica a proyectos de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra. Como señaló la portavoz el Gobierno, la consejera María Solana, “el problema es que no podemos esperar más» porque las inversiones tienen que estar aprobadas y adjudicadas este año aunque no se ejecuten hasta 2019, y a 2018 solo le quedan tres meses.
UPN incide en que a falta de tres meses para el fin del ejercicio presupuestario, “ya casi es imposible tramitar la ley y acometer las inversiones y aún lo es más si ni tan siquiera se dispone de la mínima garantía jurídica”. En la sede de los regionalistas han llegado a la conclusión de que “la confusión y el desorden transmitido por el Gobierno y sus socios en esta cuestión revela una absoluta falta de rigor y un mero interés propagandístico que puede quedar vacío de contenido”.
Las inversiones tienen que estar aprobadas y adjudicadas este año aunque no se ejecuten hasta 2019, y a 2018 solo le quedan tres meses
El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, explicó que la proposición de ley se presentó al amparo de la disposición adicional 116 de los Presupuestos Generales del Estado, que «permite a aquellas comunidades que hayan cumplido con el techo de gasto y tengan superávit invertir parte de ese superávit en inversiones financieramente sostenibles». Según Koldo Martínez, «Navarra es una de las tres comunidades que lo ha conseguido y lo ha hecho partiendo de una situación en 2015 en la que su tesorería estaba bajo mínimos y hemos llegado, gracias a una buena gestión del Gobierno, a tener superávit y a poder utilizar los mecanismos que ofrece esta disposición adicional».
APOYO SOCIALISTA
La secretaria general del PSN, María Chivite, si bien valoró de forma «positiva» la proposición de ley del cuatripartito, advirtió de que actualmente Navarra no cumple los requisitos previstos en la Ley de estabilidad presupuestaria para poder ejecutar estas inversiones y apeló al diálogo entre el Gobierno de Navarra y el Ministerio de Hacienda para que las inversiones se puedan ejecutar sin problemas legales. En similares términos, pero introduciendo críticas a la gestión del asunto por parte del Gobierno de Uxue Barkos, se pronunciaron los portavoces de UPN y el PP.
UPN pide al Gobierno que aclare por qué Navarra fue la comunidad que más se desvió del objetivo de cumplimiento de la regla de gasto en 2017
La Ley de estabilidad presupuestaria exige el cumplimiento de los objetivos de déficit y de deuda, así como de la regla de gasto. Navarra cumple los dos primeros pero no el tercero, según un informe del Ministerio de abril de 2018. De hecho, UPN ha pedido al consejero de Hacienda y Política Financiera, Mikel Aranburu, que explique por qué Navarra es la Comunidad que más se desvió del objetivo de cumplimiento de la regla de gasto en 2017, según una comunicación remitida por la Intervención General del Estado a finales del año pasado confirmada por un informe de la propia Intervención General correspondiente a abril de este año en el que, según UPN, se dice que Navarra “ha incumplido la ley en relación con la regla de gasto, disparando el gasto público por encima del índice permitido, el 5,8% sobre el máximo del 2,1% del PIB”. Tampoco cabe excluir que el supuesto incumplimiento de la regla de gasto se deba a diferencias de criterio contable, como ya ha ocurrido en otros casos.
No obstante la propia Ley admite que, en caso de incumplimiento, las comunidades pueden solicitar la autorización de la Secretaría de Estado de Hacienda para realizar inversiones. La predisposición de los socialistas, al menos de los navarros, es favorable. Su diputado Jesús María Fernández aseguró que el Gobierno de Pedro Sánchez «pondrá todo de su parte» para dar una salida a estas inversiones.
¿UN PROBLEMA TEÓRICO?
Tal vez estamos ante un problema teórico, porque Mikel Aranburu reveló que la secretaria de Estado de Hacienda, Inés Bardón, le comunicó el miércoles que el Estado ya trabaja en la autorización para permitir que Navarra invierta parte del superávit de 2017, si bien reconoció que el Ministerio podría no dar su visto bueno a todas las partidas que aparecen en la proposición de ley del cuatripartito, por lo que sus correspondientes dotaciones se incorporarían a los remanentes de tesorería de la Hacienda foral.
UAGN asegura que las inversiones previstas suponen una grave discriminación para el sector agrario
Aranburu negó, además, que su Gobierno hubiese demorado excesivamente la petición de autorización a la Secretaría de Estado de Hacienda, porque en junio envió una carta al recién nombrado presidente Pedro Sánchez para pedirle holgura en la aplicación de las reglas de austeridad para las comunidades con superávit. No hubo respuesta pero dos meses después se remitió otra carta, en este caso ya solicitando la autorización para ejecutar los 113 millones de inversión. El consejero es optimista y no descarta recibir la autorización, quizás provisional y parcial, antes del pleno parlamentario del jueves.
Por otra parte, la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra ha criticado que las inversiones a las que se destinarán los 113 millones porque “grave discriminación con el sector agrario” porque “únicamente pretenden destinar a Desarrollo Rural 1.769.000 euros, es decir, un raquítico 1,56 %”. UAGN ha indicado en un comunicado que “tampoco quiere prejuzgar” las diferentes partidas en que se han desglosado esos 113 millones de euros, pero “sí dejar en evidencia la nueva e injustificable discriminación que pretende acometerse con el mundo rural ya que las cifras hablan por sí solas”.
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