Iñaki Martínez, de 46 años, dio un giro de 180 grados a su vida cuando, en 2010, decidió abandonar su trabajo como mecánico para liderar la tercera generación de agricultores de su familia. En la actualidad gestiona unas 180 hectáreas de cultivo de trigo, cebada, colza y veza en Amatriain y Benegorri. Una actividad que realiza con grandes dificultades desde 2018, tras la entrada en vigor de una orden foral que aumenta las restricciones para los abonos nitrogenados, purines y estiércoles tanto a este agricultor como a otros de la cuenca del río Cidacos y de distintos puntos de la geografía foral. «Con esta situación, llegará un punto en que muchos agricultores trabajemos por amor al arte«, lamenta Martínez.
El nitrógeno es un aliado histórico de la agricultura, pero las altas concentraciones de este elemento en acuíferos pueden ser dañinas para la naturaleza y para el ser humano. La Unión Europea supeditó gran parte de la solución a la reducción de su uso en los abonos, «una de las principales causas de contaminación del agua» en el continente. Este objetivo fue el germen de la Directiva de Nitratos, que estableció en 1991 varias medidas y criterios de control para los Estados miembros. La norma se transpuso a la legislación española en 1996 y, desde entonces, obliga a las comunidades autónomas a identificar las aguas afectadas a través de estaciones de muestreo. Así mismo, establece los criterios para designar como zonas vulnerables a aquellas superficies agrarias cuyo drenaje dé lugar a la contaminación por nitratos.
Iñaki Martínez (Cooperativa Valdorba): «Ha habido socios que han invertido más de 20.000 euros en estos dos últimos años para poder funcionar con normalidad».
El pasado mes de enero, el Consejo de Ministros aprobó la actualización del Real Decreto vigente. «A pesar de los esfuerzos realizados en estos años, los resultados obtenidos no han conseguido paliar los efectos de este tipo de contaminación», defendieron hace apenas un mes el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las modificaciones, que pretenden «redoblar los esfuerzos para cumplir de forma eficaz con los compromisos nacionales e internacionales», deberán ser concretadas por los gobiernos autonómicos a lo largo de este año.
En Navarra, la superficie agraria declarada como zona vulnerable en este sentido asciende a «aproximadamente 100.000 hectáreas». Y se ubican en Mendavia, la cuenca del río Robo, la del río Ebro-Aragón y la del río Cidacos. Martínez y los otros noventa socios de la Cooperativa Valdorba cultivan 6.500 hectáreas en estas dos últimas zonas, que se encuentran bajo este régimen desde 2014 y cuyas exigencias se incrementaron de forma notable a partir de 2018.
«Cuando nos declararon zona vulnerable en 2014, lo único que los agricultores tuvieron que incorporar fue el registro de aplicaciones de abonos para presentarlo al Gobierno de Navarra. En aquellos momentos, el límite establecido para el uso de abonos era muy parecido al que ya usábamos, con lo que adaptarnos no fue un problema. Pero, en 2018, modificaron a la baja dicho límite, lo que en la práctica significó la disminución de un 20 % en el uso de fertilizantes nitrogenados. Además, tenemos que considerar la singularidad de nuestra cuenca hidrográfica del Cidacos que, con su eterno estiaje, condiciona todos los controles de nitrógeno que se realizan en su cauce», explica a Navarra Capital Rafael León, técnico de la cooperativa.
David Lezáun: «Ya no cultivo colza porque es muy exigente en nitratos y, con las dosis permitidas, no sale rentable cultivarla».
Estas nuevas exigencias han tenido varias consecuencias en la actividad de los socios de la Cooperativa Valdorba. En primer lugar, representa una serie de gastos e inversiones que aumentan los costes de producción. En concreto, los agricultores tienden a acogerse a una excepción establecida en la orden foral, que permite aplicar mayores cantidades de abono en la medida en la que estén justificadas por un análisis de los suelos. «La pega de estos estudios es que tengo que pagarlos de mi bolsillo. Y debo invertir alrededor de 1.000 euros anuales por las 230 hectáreas que gestiono», señala David Lezáun, agricultor de 54 años y exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN). Una partida que, en el caso de Martínez, representa un gasto de «entre 600 y 700 euros».
Al mismo tiempo, muchos han tenido que afrontar inversiones en maquinaria de precisión, para las que no han contado con ayudas específicas dirigidas a operarios de zonas vulnerables. De hecho, en un periodo aproximado de tres años, «ha habido una gran renovación de flota en la cooperativa», incide León. Martínez añade un matiz sobre este punto: «Ha habido socios que han tenido que invertir más de 20.000 euros en estos dos últimos años para poder funcionar con normalidad. Las ayudas con las que contamos son las mismas que el resto de agricultores, que se agradecen. Pero si tenemos que atenernos con urgencia a estas exigencias, no estaría de más que existieran subvenciones específicas para zonas vulnerables».
La Cooperativa Valdorba colabora con INTIA y Grupo AN en ensayos para validar soluciones alternativas, como nuevos fertilizantes líquidos o la aplicación con drones, que garanticen las provisiones de abono.
En segundo lugar, la situación ha obligado en algunos casos a prescindir de ciertos tipos de cultivo. Por ejemplo, Lezáun ya no cultiva colza porque es «muy exigente en nitratos y, con las dosis permitidas, no sale rentable». Al mismo tiempo, ha tenido que reemplazar estos cultivos por otros «menos exigentes en nitratos pero menos rentables, como el girasol».
Y, por último, las restricciones desincentivan «de facto» la instalación de ganaderías en las zonas vulnerables. «Esto se vuelve un auténtico dolor de cabeza para ganaderos porque aquellos purines y estiércoles que antes echaban en cincuenta hectáreas, ahora tienen que echarlos en cien. Así que me vienen ganaderías a las que no puedo dejar echar sus residuos porque me pasaría de la aportación de nitratos que me han impuesto», especifica Lezáun. Además, agrega que esta es otra barrera para la entrada de agricultores más jóvenes, que «suelen optar por ganaderías o explotaciones mixtas cuando se inician en el sector».
INNOVAR PARA SOBREVIVIR
Para esta cooperativa, no obstante, los tiempos de crisis han sido también tiempos de oportunidades. Debido a las restricciones, los agricultores realizan anualmente formaciones en nuevos productos, formas de aplicación de abono y tecnologías. Así mismo, colaboran con INTIA y Grupo AN en ensayos para validar nuevas soluciones, como fertilizantes líquidos, la utilización de imágenes de satélite para creación de mapeo de tratamientos o la aplicación de abonos con drones, que puedan garantizar las provisiones necesarias.
Gracias a esos esfuerzos, la Cooperativa Valdorba no ha dejado de crecer desde su incorporación en el régimen de zonas vulnerables. De hecho, su superficie ha crecido un 10 % gracias a la incorporación de nuevos socios y su rendimiento neto ha aumentado también en ese mismo porcentaje. Pero, al mismo tiempo, han logrado reducir la cantidad de abono por hectárea. «Con ello queremos decir que en la cooperativa estamos haciéndolo bien. Usamos nuevas variedades de abono, nuevas máquinas y nuevas variedades de semilla por las que hemos conseguido progresar a pesar de las restricciones… Intentamos estar al máximo, a la vanguardia, porque no nos queda otra», valora León.
MÁS RESTRICCIONES EN EL HORIZONTE
No obstante, los agricultores ven con preocupación la rentabilidad de sus explotaciones a largo plazo. Sobre todo, temen el recrudecimiento de las actuales restricciones con la futura la aprobación del proyecto de Real Decreto, por el que se establecen normas para la nutrición sostenible en los suelos agrarios. Principalmente porque, en caso de aprobarse, extendería este tipo de límites más allá de las zonas vulnerables. En concreto, uno de sus puntos más polémicos es la reducción de abonado con urea, «la única o principal fuente de abono nitrogenado que tienen muchos agricultores por su bajo coste».
Desde UAGN exigen una mayor trazabilidad de la contaminación por nitratos, «que puede provenir de fuentes no agrarias», y que se establezcan umbrales de abonado en función de los suelos.
«Si restringen todavía más el uso de abonos, prohíben los productos más asequibles como la urea y nos imponen otros más caros y menos efectivos, por mucho que innovemos y optimicemos se va a ver perjudicado el rendimiento de las parcelas. Estamos al límite», alerta León.
En este sentido y de cara a la actualización del régimen de zonas vulnerables en Navarra, desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) exigen una mayor trazabilidad de la contaminación por nitratos, «que puede provenir de fuentes no agrarias», y que se establezcan umbrales de abonado en función de las particularidades de los suelos. «En este sentido, queremos que se tenga en cuenta la interacción entre el suelo y la planta porque, dependiendo de su estado vegetativo, los cultivos absorben más o menos nitrógeno. Este sistema de umbrales para el uso de abono es ya una realidad en comunidades como Andalucía o Aragón», analiza Iñaki Mendióroz, gerente de UAGN.
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