La Cámara de Comptos remitió al Parlamento de Navarra un informe sobre cuatro contratos adjudicados a la UTE Acciona-Servinabar y uno a la UTE Acciona Alegure. Los primeros corresponden a la adecuación del Pabellón Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra y dos promociones de viviendas en Egüés y Erripagaña. El de la UTE Acciona-Alegure, a las obras del colegio de Arbizu. En este documento no se incluyeron las obras de los túneles de Belate, sobre las que el presidente de Comptos, Ignacio Cabeza, dijo en sede parlamentaria que su asesoría jurídica «no detectó ningún tipo de responsabilidad contable y de ninguna otra naturaleza».
El origen del informe está relacionado con una investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre la supuesta comisión de delitos de corrupción en el ‘caso Cerdán’. Una de las empresas citadas en dicha investigación era Acciona, haciéndose referencia a una UTE conformada con la empresa Servinabar.
Conocidos estos hechos, y a instancias de la presidenta María Chivite, el Parlamento pidió a la Cámara de Comptos un informe sobre las citadas obras. El informe del ente fiscalizador dio «una opinión favorable de cumplimiento de legalidad del proceso de licitación, adjudicación y ejecución de los contratos revisados con excepción del referido a la construcción de 62 viviendas en Erripagaña, en el que se observan deficiencias «relativas a la ausencia de actas de la mesa de contratación y la existencia de causa de exclusión de dos ofertas».
El contrato de adecuación del Navarra Arena lo adjudicó el Instituto Navarro de Deporte y Juventud. El anuncio de licitación, por un importe de 4,6 millones, se publicó el 17 de agosto, con un plazo de presentación de ofertas hasta el 4 de septiembre. La UTE Acciona-Servinabar «fue la única licitadora». Se le adjudicó con una baja del 0,2 %.
Comptos propone «definir mejor los criterios de adjudicación y puntuación en los pliegos de contratación» y modificar la Ley Foral de Contratos Públicos «en lo referido a uniones temporales de empresas»
El informe valoró que el importe del contrato se aumentó en 200.000 euros para hacer frente a peticiones de las federaciones deportivas. «Hemos verificado que los informes técnicos que soportan esta modificación son razonables y que dicha modificación se tramitó adecuadamente», apuntó Comptos. El INDJ penalizó a la empresa con 78.000 euros por retraso en la ejecución de la obra.
ARCHIVO GENERAL DE NAVARRA
Las obras de rehabilitación interior del antiguo Archivo General de Navarra y jardines de acceso se licitaron en febrero de 2018. La licitación la realizó el Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia. El importe fue de 2,9 millones y se presentaron cuatro ofertas. La obra se adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar por 2,4 millones.
En marzo de 2019 la UTE pidió aumentar el plazo de ejecución y la suspensión temporal parcial de las obras, «alegando imprevistos». La directora general de Presidencia y Gobierno Abierto denegó la petición, ante lo que la adjudicataria presentó un recurso de alzada. El Gobierno decidió que la UTE continuara con la obra mientras se resolvía el recurso que se estimó parcialmente. Ello implicó ampliar seis meses el plazo de ejecución.
Así, la obra costó 2,9 millones. Según el ente fiscalizador, la modificación del importe está basada en informes técnicos que fueron calificados de «razonables».
COLEGIO DE ARBIZU
Las obras del Colegio Público de Educación Infantil y Primaria de Arbizu se licitaron en mayo de 2018 por un importe de 3,5 millones. Se presentaron cinco ofertas y el Departamento de Educación adjudicó la obra a la UTE Acciona-Alegure por 3,2 millones.
La obra comenzó en agosto de 2018, aunque en los siguientes meses «apenas se avanzó en su ejecución». En marzo de 2019, la UTE pidió resolver el contrato o, en su caso, ampliar el plazo de ejecución y el abono de sobrecostes que alegaba haber tenido. El Departamento de Educación aceptó aumentar el plazo de ejecución en dos meses y la UTE interpuso recurso administrativo solicitando más plazo y el incremento del importe del contrato. El departamento estimó parcialmente el recurso, aumentando dicho importe en 85.000 euros y manteniendo la ampliación del plazo en dos meses.
La ejecución de la obra se retrasó algo más de dos meses, por lo que el departamento le impuso una penalización de 18.000 euros. La obra tuvo un coste final de 3,3 millones.
62 VPO
La licitación de 62 VPO en Erripañaga (Egüés) es de septiembre de 2018 y la gestionó la sociedad pública Nasuvinsa. Se presentaron tres ofertas y la empresa adjudicataria fue la UTE Acciona-Servinabar, por un importe de 6,8 millones.
El informe de Comptos dijo que «no consta ningún acta de la mesa de contratación que acredite su constitución, actuaciones ni decisiones»: «Solo hemos tenido acceso a determinada documentación intercambiada entre personas, con propuestas de valoraciones técnicas y económicas, sin fecha ni firma».
Por otra parte, según los pliegos las empresas licitadoras «no podían incluir información sobre el plazo de ejecución en el sobre relativo a criterios cualitativos». Dos de las tres empresas, una de ellas la adjudicataria, «incluyeron dicha información e incurrieron en causa de exclusión».
En cuanto a la ejecución del contrato, el precio de la obra se aumentó «en algo más de 900.000 euros». Así, la Cámara de Comptos «ha verificado que los informes técnicos que justifican la modificación son razonables». La obra se retrasó dos meses y medio debido a la pandemia de la Covid-19, «por lo que no se impuso penalización».
46 VPO
En enero de 2023, Nasuvinsa adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar la construcción de 46 VPO en Erripagaña, término de Pamplona. A la licitación se presentaron tres ofertas. El importe de licitación se fijó en 8,4 millones y se adjudicó en 7,8, aunque el precio final fue de 8,3 millones: «Consta un informe técnico que justifica aumentar en 530.000 euros el contrato».
«La UTE está pendiente de justificar la contratación de dos personas de acuerdo a criterios sociales establecidos en el pliego. Además, Nasuvinsa está analizando si el retraso en la ejecución de la obra está justificado. Por estos dos motivos, la UTE podría tener que hacer frente a penalizaciones», resaltó el ente fiscalizador.
El informe también ha analizado las participaciones de las empresas que conforman la UTE en estas obras. En este sentido, apunta dos modificaciones. En el caso de la construcción del colegio de Arbizu, el documento público de junio de 2018 señala que Acciona tiene un 75 % de participación y Alegure un 25 %. En octubre del mismo año, estos porcentajes se modificaron, pasando Acciona a tener el 99,99 % de participación.
Respecto a las 62 VPO de Erripagaña (Egüés), en la documentación presentada en la oferta, de mayo de 2018, se asigna a Acciona el 80 % del porcentaje de la UTE y a Servinabar el restante 20 %. En febrero de 2019, estos porcentajes se modificaron, pasando Acciona a tener el 99,99 %.
Por último, el informe apostilló que las declaraciones del impuesto de sociedades de Servinabar «reflejan su participación en las UTE». Sin embargo, las cuentas que la empresa ha depositado en el Registro Mercantil «no incluyen los ingresos y gastos derivados de su participación en dichas UTE».
RECOMENDACIONES DE COMPTOS
El informe incluyó dos recomendaciones principales. Por un lado, «definir mejor los criterios de adjudicación y puntuación en los pliegos de contratación» y, por otro, modificar la Ley Foral de Contratos Públicos «en lo referido a uniones temporales de empresas para regular de manera más completa su funcionamiento y los efectos de las modificaciones en la composición de las mismas».
