Adriana Maldonado.
El pasado viernes 13 de noviembre, la Comisión Europea lanzó la Nueva Agenda del Consumidor, que tiene por objetivo poner a este en el centro de la transición ecológica y la transformación digital, así como considerarlo el motor de la recuperación económica tras la crisis del coronavirus.
Paralelamente, en el pleno del Parlamento Europeo tuvimos el debate sobre cómo avanzar hacia un mercado único más sostenible para las empresas y consumidores. Además, a nivel internacional, John Kerry ha sido nombrado por Joe Biden como enviado especial presidencial para el cambio climático.
Todos los gobiernos europeos han puesto en marcha iniciativas o planes para potenciar y aumentar la protección del consumidor, algo que va de la mano de nuevos requerimientos a las empresas. Pero, de todos los actos legislativos, ninguno ha resultado de tanta importancia como el actual. La crisis del Covid-19 ha mostrado la realidad sobre la vulnerabilidad de los consumidores. Por ello, desde las instituciones europeas hemos puesto el acelerador para adaptarnos a esta realidad y trabajar en distintos ámbitos, como la reforma de la Directiva de Seguridad de los Productos y la responsabilidad civil para las nuevas tecnologías, entre otros.
La Nueva Agenda del Consumidor marca la necesidad de analizar el impacto de esta pandemia en los hábitos de consumo de los ciudadanos para sentar las bases del desarrollo de futuras políticas de aquí a 2025, centrada en cinco ámbitos prioritarios.
“Todos los gobiernos europeos han puesto en marcha iniciativas para aumentar la protección del consumidor”.
En primer lugar, se encuentra la transición ecológica, que no puede producirse sin las empresas. Por eso, la Comisión Europea trabajará con los operadores económicos para fomentar sus compromisos en apoyo del consumo sostenible, más allá de lo que exige la legislación.
Otro de los ámbitos prioritarios es la transformación digital, que está cambiando radicalmente la vida de los consumidores al ofrecerles nuevas oportunidades. Sin embargo, este aspecto también les plantea desafíos, como la necesidad de establecer las normas reguladoras de la economía digital y los requisitos de la inteligencia artificial.
En cuanto a los derechos de los consumidores, es importante reforzar la red de cooperación a la protección de los consumidores y conocer las necesidades específicas de determinados grupos de usuarios, que pueden ser especialmente vulnerables en ciertas situaciones y en crisis como esta. El Gobierno de España, en concreto, está distribuyendo quince millones de mascarillas a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de entidades sociales, para apoyar a las familias más necesitadas.
“La cooperación internacional juega un papel clave en un mundo tan interconectado, en el que las compras en línea son trasatlánticas”.
Por otra parte, la cooperación internacional juega un papel clave en un mundo tan interconectado, en el que las compras en línea son trasatlánticas. Sobre este respecto, se prevé que en 2021 se elaboré un plan de acción junto con China, que permita mejorar la seguridad de los productos vendidos en línea.
Yendo más a lo concreto y resaltando la importancia que merece la economía circular, debemos dotar a los consumidores de productos más sostenibles. Por eso es necesario que analicemos la industria y los retos que existen a lo largo de toda la cadena de valor, desde el diseño hasta la distribución. Somos conscientes de que las empresas llevan casi un año soportando una carga que para muchas es ya insostenible, por lo que es fundamental que todos los actores implicados se vean envueltos en el logro de este objetivo global, llevando a cabo las acciones que estén a su alcance para cumplir el Acuerdo de París.
Según el Eurobarómetro, el 77 % de los europeos trata de reparar una pieza dañada antes de comprar un nuevo producto. Este dato nos demuestra que debemos apostar claramente por dotar a los ciudadanos y ciudadanas de un derecho a la reparación de los productos, así como de la información sobre las características de reparabilidad y durabilidad del producto que van a comprar. Además, un elevado número de europeos afirma que el hecho de conocer la huella de carbono sobre el producto que está comprando también le ayudaría a tomar una decisión.
Esto nos traslada al debate de los precios. ¿Cómo los ciudadanos van a reparar un producto si el coste de esta operación es prácticamente igual, si no el mismo, que comprar uno nuevo? La apuesta tiene que ser por parte de todos los actores implicados: los precios tienen que ser razonables y acordes al precio total del producto.
“¿Cómo los ciudadanos van a reparar un producto, si el coste de esta operación es prácticamente igual, si no el mismo, que comprar uno nuevo?”
En el marco de la cultura de la reutilización que se pretende llevar a cabo, los consumidores tienen que confiar en los productos de segunda mano. Se necesitan garantías que certifiquen el estado de los bienes, porque en los casos en que ya se aplica, funciona.
Abogamos por eliminar la obsolescencia programada prematura de los productos, introduciéndola en la lista negra de prácticas comerciales desleales. No puede ser que un producto haya sido configurado para que deje de funcionar después de un número determinado de usos: se puede apostar por la reutilización, el reciclaje o su recuperación para otro ámbito.
Por último y no menos importante, en el ámbito de la contratación pública también debemos establecer a nivel europeo una apuesta clara por unas condiciones más sociales y sostenibles a la hora de contratar, de manera que no prime únicamente el requisito financiero o económico. En definitiva, el consumo en Europa representa el 50 % del PIB. Es por eso que debemos proteger a los consumidores y consumidoras, pues es más fácil mantener su confianza que volver a ganarla una vez la hemos perdido. Y esto no se trata solamente de beneficiar a un sector, sino de una transformación global del mercado que será más rentable y eficiente a medio y largo plazo.
Adriana Maldonado
Eurodiputada socialista
