Adriana Maldonado.
No cabe duda de que la llegada de la pandemia del Covid-19 a principios del año 2020 tuvo un fuerte impacto en la economía mundial, poniendo fin a más de cinco años consecutivos de crecimiento en nuestro país y llevando a muchos sectores dependientes de la movilidad, como el sector turístico, a una caída brusca de su actividad. Durante este tiempo, hemos visto como el espacio Schengen ha estado en riesgo como nunca antes y tenemos ahora la obligación de ir restableciendo, poco a poco, la antigua normalidad a este respecto.
Por este motivo, el proceso para salir de esta crisis es un gran reto en el que estamos inmersos en Bruselas, tanto en materia de gestión sanitaria (que, sin duda, es lo prioritario) como en cuanto a gestión política y económica.
El pasado mes de marzo, el Parlamento Europeo aprobó una resolución de iniciativa propia que pretende definir una Estrategia Europea para lograr un turismo sostenible. En ella, se reclama a la Comisión Europea que establezca una hoja de ruta que permita reactivar el sector y lo acompañe en la transición ecológica y digital a la que se enfrenta.
La propuesta hace hincapié en que la pandemia ha paralizado el sector turístico, poniendo en riesgo millones de puestos de trabajo. En este sentido, es necesario establecer cuanto antes unos criterios comunes para que los viajes sean seguros, un certificado de vacunación único y una serie de recomendaciones que ayuden a las empresas en su recuperación. Para que seamos conscientes de la importancia del sector, el turismo emplea directa e indirectamente a 27 millones de personas, lo que representa el 11,2 % del empleo total en la Unión Europea (UE).
“Desde la Cámara Europea hemos apoyado la propuesta, pero reclamamos que el certificado sea temporal, coherente con el derecho de la UE y no discriminatorio”.
La situación es especialmente delicada en países como España donde, a causa de la pandemia, la llegada de turistas en 2020 sufrió una disminución del 77 % respecto al año anterior. En enero de 2021, alrededor de 265.500 trabajadores del sector turístico y el 64 % de los ocupados en agencias de viajes o turoperadores estuvieron en ERTE, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Dada la grave situación en todo el continente, la Comisión Europea presentó el pasado 17 de marzo una propuesta para crear un certificado Covid-19 con el fin servir como herramienta para ir restableciendo la libertad de forma segura para el verano y así también restablecer la demanda y oferta habitual en el sector turístico. Este certificado, que podrá emitirse en formato digital o en papel, indicará si una persona ha sido vacunada, cuenta con una prueba PCR negativa o con anticuerpos.
Nada más recibir la propuesta, el Parlamento Europeo comenzó a trabajar el texto legislativo con carácter de urgencia para su debate y votación a lo largo de la sesión plenaria que acaba de terminar en el mes de abril. Desde la Cámara Europea hemos apoyado la propuesta, pero reclamamos que el certificado sea temporal, coherente con el derecho de la UE y no discriminatorio. El hecho de que sea temporal es importante para que los ciudadanos confíen en su utilización. Por ello, se propone que expire a los doce meses.
Así mismo, uno de los mayores debates que nos concierne también es la protección de los datos personales. Es importante reforzar los mecanismos de protección, prohibiendo que se puedan conservar los datos personales que los Estados miembros hayan obtenido a través del certificado.
“No debemos olvidar que el derecho de los ciudadanos de la UE a circular y residir libremente en la Unión es uno de nuestros mayores logros y un motor importante de nuestra economía”.
Ahora es el momento de debatir todas estas cuestiones, pero no debemos olvidar que el derecho de los ciudadanos de la UE a circular y residir libremente en la Unión es uno de nuestros mayores logros y un motor importante de nuestra economía. Por eso, aunque gracias al espacio Schengen siga existiendo libre circulación de personas (ya sea por motivos de trabajo, visitas familiares o vacaciones), ahora es fundamental que los certificados Covid-19 de la UE amplíen y faciliten esta movilidad durante la pandemia.
Está claro que, para restaurar esta libre circulación segura, las vacunas deben considerarse un bien público y deben estar disponibles para toda la población. Y es necesario que los Estados miembros garanticen un acceso justo y gratuito a las mismas, así como a las pruebas de Covid-19. Igualmente, se está trabajando para introducir el test serológico como prueba veraz con la que detectar si una persona ha desarrollado anticuerpos contra el Covid-19.
Incluso con la puesta en marcha de los certificados, debemos ser conscientes de que la pandemia sigue siendo muy real, que sigue estando presente y que la única forma de garantizar absolutamente la protección de la salud pública es extender la vacuna lo más rápido posible.
Adriana Maldonado
Eurodiputada socialista
