Adriana Maldonado.
Portugal tomó el relevo a Alemania en la Presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea el pasado 1 de enero. Y, como no podía ser de otra manera, entre sus prioridades aparecen la transformación digital y la transición climática como motores de recuperación del continente europeo para salir del duro golpe que sufren nuestras pymes y los ciudadanos.
La Unión Europea ha puesto en marcha, en una acción sin precedentes, un amplio abanico de medidas. Estas no incidirán solamente en el ámbito económico como el Next Generation EU, sino también en el social, coordinando de manera centralizada gran parte de las acciones como la gestión de material sanitario, la lucha contra la desinformación, la asistencia sanitaria urgente y las medidas en el sector del transporte y los viajes, entre otros.
Es el caso, por ejemplo, de la apertura de las fronteras interiores. Ha sido un gran reto para las instituciones europeas su cierre tras la aparición de los primeros casos de Covid-19, ya que el mercado interior es uno de los pilares fundamentales de la UE. Por ello, es transcendental asegurar su buen funcionamiento y la libre circulación de bienes y servicios entre sus Estados miembros.
El mercado único es el mayor activo que la Unión Europea puede ofrecer a la ciudadanía y al entorno empresarial. La competencia debe realizarse bajo el principio de igualdad de condiciones tanto para las grandes empresas como para las pymes y empresas emergentes. Al mismo tiempo, debemos reconocer que todavía persisten barreras en el mercado interior. De ahí que, desde las instituciones comunitarias, se esté trabajando de manera incansable por eliminarlas y conseguir una armonización en todos los ámbitos y, sobre todo, en el digital.
No podemos ignorar el auge de un sector que se ha visto relanzado con esta pandemia y ha evolucionado en menos de un año lo que hubiera costado más tiempo en conseguir. La industria digital ya contribuye a la economía española en un 19 % al PIB, lo que la sitúa justo detrás de la construcción. Basándonos en las realidades tecnológicas, podemos intuir que tanto la economía como el mercado único se van a basar en el sector digital, y el comercio electrónico va a ser una pieza clave en ese proceso. En esta línea, la Comisión Europea presentó el pasado 15 de diciembre sus propuestas sobre una ley de servicios digitales que pretende actualizar la Directiva de Comercio Electrónico del año 2000, así como la Ley de Mercados Digitales.
«Las instituciones comunitarias están trabajando de manera incansable por elimina las barreras en el mercado interior y conseguir una armonización en todos los ámbitos. Sobre todo, en el digital».
Ambas pretenden eliminar las barreras que existen para que las pymes puedan acceder y competir mano a mano con las grandes plataformas digitales. Con ellas se espera que los mercados sigan siendo justos y competitivos para nuevos actores que deseen entrar, como las pymes. Porque el gran poder de estas plataformas supone para ellas, normalmente, un enorme desafío.
Se trata de una composición de normas ex-ante para que las grandes plataformas sean consideradas como “guardianas de acceso» bajo criterios como tener un impacto significativo en el mercado interior o disponer de una posición arraigada. En la actualidad, dichas plataformas gozan de una posición privilegiada en los mercados e, incluso, se aprovechan de los datos que recogen de las otras empresas que operan en su plataforma. Además, suelen imponerles altas condiciones para que los precios en su plataforma sean los más bajos del mercado.
Son ya numerosas las sentencias y multas que han recibido estas grandes plataformas por abuso de posición dominante, monopolio u otro tipo de infracciones de la libre competencia. Por poner varios ejemplos, la Comisión Europea sancionó al grupo Melià con una multa de 6.700 millones de euros por discriminación entre clientes. Asimismo, sancionó a Google en 2017 con 2.424 millones de euros por monopolio al vulnerar la competencia en las búsquedas por Internet. Dichos procesos suelen durar muchos años y, a su vez, son muy costosos. Por lo que, con el paso del tiempo, el perjuicio a la pequeña empresa y la distorsión de mercado ya se ha producido.
«Si una plataforma no cumple, puede llegar a verse sancionada hasta con un 10 % del volumen de su negocio mundial respecto al ejercicio del año anterior.»
A este respecto y para agilizar estos trámites, tanto la propuesta de ley de Servicios Digitales como la Ley de Mercados Digitales disponen de un capítulo referente a sanciones en el caso de que no se respeten las obligaciones reflejadas en ambos textos.
Si una plataforma no cumple, puede llegar a verse sancionada hasta con un 10 % del volumen de su negocio mundial respecto al ejercicio financiero del año anterior. Incluso, si reincide, se pueden aplicar correctivos estructurales. Todo ello para evitar los desequilibrios económicos y las prácticas comerciales desleales.
Desde el Parlamento Europeo, vemos con buenos ojos la primera redacción de estos textos legislativos. Ahora es nuestro turno y debemos configurarlos con el objetivo de defender a los usuarios y consumidores de cualquier empresa o plataforma y, al mismo tiempo, salvaguardar los intereses de las pequeñas y medianas empresas que, en países como España, representan el 99 % de nuestro tejido empresarial.
Adriana Maldonado
Eurodiputada socialista
