El Círculo de Empresarios publicó este lunes un análisis sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, en el que afirmó que su «carácter expansivo va a situar el déficit y la deuda pública en niveles difícilmente sostenibles», con un déficit estructural cercano a los 75.000 millones de euros (en torno al 6 % del PIB) que «compromete la recuperación». Este documento fue presentado por el presidente del Círculo, John de Zulueta, y el presidente del Comité de Economía y Unión Europea del Círculo, Juan María Nin.
Eso sí, la entidad aprobó el «carácter expansivo» de los Presupuestos, ya que «una situación excepcional requiere de medidas de apoyo excepcionales en el ámbito social, que permitan afrontar temporalmente las dificultades de familias, autónomos y empresas». Pero subrayó que estas «deben responder a criterios técnicos y no a razones ideológicas o al cumplimiento de un programa de Gobierno, elaborado antes de la llegada de la pandemia».
Ahora bien, la entidad estimó que unos Presupuestos tan expansivos «no serían prorrogables ni viables en años posteriores», dado que la Comisión Europea volverá a exigir «una pronta y gradual transición hacia la consolidación presupuestaria». El Círculo cuestionó en esta línea «la idoneidad del momento» para elevar gastos que implican adquirir compromisos de carácter estructural, y demandó mayor profundidad en el análisis de la eficiencia del gasto público que el Gobierno realizó para compensar el elevado incremento de determinadas partidas fruto de la pandemia.
Por el lado de los ingresos, consideró que, dada la fragilidad de la recuperación económica y los efectos que tiene y tendrá la nueva ola, las estimaciones de recaudación son optimistas: «El alza de los ingresos se apoya en parte en nuevas figuras impositivas con una capacidad recaudatoria que podría estar sobreestimada».
El Círculo expresó su preocupación respecto a la subida generalizada de impuestos, directos e indirectos, sobre empresas y familias que contrastan con los anuncios de los gobiernos de las grandes economías europeas de bajadas del IVA, aplazamientos de pagos de impuestos, exenciones a pymes o reducciones en el IRPF, entre otros. Además, previno de los cambios que puedan tener elevados costes en términos de seguridad jurídica y atracción de inversión extranjera directa: «Todo ello puede perjudicar seriamente la productividad y competitividad de la economía española».
Por eso, insistió en la necesidad de mejorar la competitividad de España, retomando la aplicación de reformas estructurales para transformar el modelo productivo nacional con el objetivo de «hacerlo más sólido, competitivo y sostenible».
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