El Colegio de Graduados Sociales celebró en el Colegio de Médicos de Navarra su encuentro anual dedicado a analizar la situación laboral presente y futura del país. Las distintas sesiones se dirigieron tanto a profesionales del derecho como al público general y abarcaron distintos aspectos a nivel legal y empresarial.
La conferencia contó con ponentes destacados dentro del mundo laboral como por ejemplo la magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano Astaburuaga. La jueza ofreció una conferencia en la que ahondó en los aspectos técnicos de la suspensión de contrato y la reducción de jornada.
Mª Luisa Segoviano, Magistrada de la Sala IV del Tribunal Supremo.
En su ponencia detalló los requisitos necesarios para llevar a cabo una reducción de jornada/suspensión de contrato dentro de una empresa. Especificó que se podía llevar a cabo con tener un solo trabajador y que el único requisito era que se presentasen pérdidas notables respecto al segundo (en caso de la reducción salarial) o tercer (en caso de suspensión de contrato) trimestre del año anterior.
La magistrada también hizo un análisis en profundidad de la ley que regula este tipo de medidas excepcionales. Detalló que, con la última reforma, su formulación se había hecho muy amplia y poco específica, por lo que a menudo la decisión del magistrado se limitaba a examinar si la solicitud concurría en las causas establecidas, pero no se precisa una duración máxima de este tipo de medidas, lo cual resta gran parte del control a las empresas.
Uno de los pilares de la charla fue lo complejo que resultaba acotar una ley tan amplia.
Sin embargo, a pesar de lo amplia que resulta la normativa, la conferenciante ofreció una serie de sugerencias que los magistrados a menudo tenían en consideración. Una de ellas estaba enfocada a la duración máxima de la suspensión de contrato, la cual propuso que fuese igual a las ayudas de desempleo. Por otra parte también habló de casos en los que, a pesar de concurrir en el espectro de la ley, fue desestimada la prestación solicitada, poniendo el ejemplo de un empresario que, tras vender la maquinaria con la que trabajaba sin presentar pérdidas, intentó realizar una suspensión de contratos masiva a los empleados que le “sobraban”.
Aparte de las conferencias, también se programó una mesa redonda en la que se discutió el estado actual y futuro de las pensiones. En ella participaron Emilio Del Bas Marfà, abogado, graduado social y auditor laboral en Del Bass Assesors, Advocats i Auditors; Anabel Monreal, subdirectora de prestaciones del INSS en Navarra; Juan Carlos Equiza, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) de Navarra; y Juan M. González Cantalapiedra, graduado social y profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra (UPNA).
El debate, que se extendió durante más de una hora, presentó una serie de ideas centrales en cuanto al estado de las pensiones actuales. Se expuso cómo el método con el que se calcula las pensiones es demasiado complejo y artificioso y que ha de ser reformulado en pos de hacerlo más comprensible.
En segundo lugar se rechazó el fraude generalizado del sistema de pensiones, que a pesar de la dureza con la que se castiga sigue produciéndose de forma habitual. Para frenarlo, los intervinientes abogaron por la realización de campañas de concienciación que informen sobre el daño que este tipo de delitos acaban ocasionando. De igual manera, también se criticaron ciertas prestaciones, como las de defunción, que sin suponer una ayuda real al receptor acaban agravando el déficit del sistema.
Por último se analizó la viabilidad de las pensiones a años vista. Aunque la perspectiva general no fue positiva (España es el tercer país europeo con peor sostenibilidad) sí que se afirmó que los futuros pensionistas cobrarán la misma prestación que a día de hoy, solo que al vivir más, en proporción resultará menos, circunstancia que propusieron solucionar con una ley de reparto más igualitaria que no castigue a las rentas bajas mientras que beneficia a las más altas.
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