El pleno del Parlamento de Navarra aprobó este jueves, con los votos a favor de PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E y el voto en contra de Navarra Suma, la toma en consideración de la proposición de Ley Foral reguladora del canon de uso de las carreteras de Navarra. Una tasa cuya fecha de inicio de cobro, “a determinar por el Gobierno de Navarra, se propone que no sea posterior al 31 de diciembre de 2023”.
La proposición de ley, impulsada por PSN, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos-Ahal Dugu e I-E, tiene por objeto establecer un canon por el uso de determinadas infraestructuras de la Red de Vías de Gran Capacidad de Navarra para, “de conformidad con la política europea en materia de competencia”, generar una vía de financiación “dirigida a sufragar actuaciones de conservación y explotación viaria, así como de construcción de nuevas infraestructuras y servicios asociados”. Esta medida, sin embargo, se ha topado con el rechazo frontal de los transportistas.
La relación de vías y tramos sujetos a canon por uso incluye cuatro autovías, la del Norte (A-1), la Barranca (A-10), Leitzaran (A-15) y la del Ebro (A-68), así como una carretera de altas prestaciones (N-121-A), la Pamplona-Behobia.
La relación de vías y tramos sujetos a canon por uso incluye cuatro autovías, la del Norte (A-1), la Barranca (A-10), Leitzaran (A-15) y la del Ebro (A-68), y una carretera de altas prestaciones (N-121-A), la Pamplona-Behobia. La modificación y eliminación de esta correlación será potestad del Gobierno de Navarra.
La obligación de pago se circunscribe a vehículos pesados de transporte de mercancías con un peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas. Quedan exentos los vehículos de la Administración Pública o de las empresas adjudicatarias de la conservación y mantenimiento de la infraestructura, además de los de emergencias y accidentes.
Para la detección, identificación e imputación del gravamen se implantará un sistema abierto de flujo libre, sin detención de vehículos. La cuantía de la tasa, que se abonará mediante dispositivo TAG o registro telemático, “se fijará y actualizará en función de la distancia recorrida, el deterioro de la infraestructura y la suficiencia financiera del departamento, debiéndose garantizar en todo caso la igualdad de trato de los usuarios según su nivel de uso”.
La obligación de pago se circunscribe a vehículos pesados de transporte de mercancías con un peso máximo autorizado superior a 3,5 toneladas.
En los supuestos en que no se abone el canon de uso cuando se utilice la infraestructura viaria, la entidad gestora, que podrá ser la Administración Foral o una sociedad pública creada al efecto, formulará un requerimiento de pago con un recargo del 20 %. De no materializarse el reintegro en el plazo de dos meses (salvo que medie oposición formal), se procederá a incoar un expediente sancionador para, por todos los procedimientos, incluida la vía de apremio, exigir la liquidación de la deuda. En concreto, una “infracción leve sancionada con multa de entre 300 y 1.500 euros”.
Frente a las resoluciones relacionadas con la gestión y satisfacción del arbitrio, los interesados podrán interponer recurso administrativo. En cuanto al tratamiento de los datos personales, básicamente la matrícula del vehículo y el alta o registro en el sistema de gestión y pago del canon de uso, “se ceñirán a las finalidades propias de la ley”. La responsabilidad recaerá en el departamento competente en materia de carreteras o en la sociedad pública que, en su caso, se constituya al efecto.
“A modo de colofón, se invoca la doctrina comunitaria a fin de corroborar el carácter ‘no discriminatorio’ de una tasa que, a decir de sus proponentes, descansa en la intención de eliminar distorsiones en el mercado de transportes para, ‘armonizando los sistemas de cobro e implantando mecanismos equitativos de imputación, recuperar y reinvertir los costes de conservación y gestión de las vías’. Todo ello aprovechando la ‘competencia exclusiva de Navarra en materia de carreteras y caminos'”, indicó el Parlamento foral.
REACCIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS
Tras conocer el resultado de la votación en el Parlamento foral, la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte por Carretera y Logística (ANET) y la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna) emitieron un comunicado conjunto en el que criticaron esta proposición de ley. “Van a obligar a pagar a un sector que está plenamente en desacuerdo con la medida, cuando la condición a nivel estatal con el PSOE es que haya un consenso, tal y como se recogió en el acuerdo con el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC)”.
Ambas asociaciones se mostraron “sorprendidas” por el hecho de que la Comunidad foral “no haya comprendido la necesidad de dar apoyo al transporte, sector que sostiene al resto de la cadena de suministro”. En este sentido, instaron a “analizar la situación actual de inflación y tomar decisiones basadas en datos actuales y contrastados, en estimaciones reales, en una escucha real a las partes y reflexión”.
Para ANET y Tradisna, “la urgencia del trámite solo se explica porque el año que viene hay elecciones y esta medida no sería muy popular en periodo electoral”.
En el contexto actual, en el que “son muchas las familias que están pasando dificultades económicas”, consideraron que “no es el momento de crear un nuevo impuesto a la sociedad en forma de peajes”. Esta decisión, a su juicio, “va a encarecer el precio de las materias primas de la industria y la agricultura en Navarra, del transporte y del producto final, lo que repercutirá y terminará pagando toda la sociedad”.
Además, las entidades defendieron que los transportistas “ya pagan unos impuestos extra de circulación, de hidrocarburos y de beneficios, que supuestamente van destinados a la financiación de las carreteras”. Concretamente, según el último informe fiscal realizado por Tradisna en 2019, el sector aporta 275 millones de euros a las arcas forales. “Por esta razón, nos resulta irónico crear otro impuesto nuevo exclusivo para los vehículos pesados a través de una sociedad pública que va a poder hacer lo que quiera. Ni el sector ni la sociedad tendrán voto cuando se extienda también a los turismos, como ya anuncia Europa”, zanjaron.
Por otra parte, ANET y Tradisna censuraron que la proposición de Ley “ni siquiera tiene reflejados los importes de cada tramo, como sí tienen en Guipúzcoa”, por lo que el sector todavía no sabe “cuánto costará cada trayecto ni determinar claramente el impacto que este impuesto tendrá en la economía navarra”. Igualmente, manifestaron “no entender la urgencia” del trámite, alegando que esta “solo se explica porque el año que viene hay elecciones y esta medida no sería muy popular en periodo electoral”.
Así, las dos asociaciones más representativas del sector en Navarra pidieron “detener esta medida precipitada, peligrosa y de legalidad dudosa”, que a su juicio “atenta contra los principios de cohesión territorial, estrategia de desarrollo y libre circulación”.
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