Geroa Bai y EAJ-PNV Nafarroa mostraron este miércoles su «satisfacción» tras la decisión de la Audiencia Provincial de Navarra «de sobreseer» definitivamente la causa contra el exconsejero y exvicepresidente del Gobierno de Navarra Manu Ayerdi por el caso Davalor. «Con esta resolución, se pone fin a un proceso basado en acusaciones infundadas que nunca debió iniciarse», defendió la coalición.
En este sentido, la formación denunció «la utilización partidista de la justicia por parte de la derecha navarra». «UPN ha impulsado una campaña de persecución, a la que posteriormente se sumó el PP, sin otro objetivo que el desgaste político y en una operación de acoso y derribo contra Ayerdi y Geroa Bai», lamentó la coalición. En paralelo, EAJ-PNV Nafarroa exigió responsabilidades a UPN y PP «por el daño causado a la reputación y trayectoria política y profesional» de Ayerdi.
Horas más tarde, UPN hizo hincapié en que el exconsejero y exvicepresidente navarro «quedó impune debido a un error procesal». «No ha sido absuelto porque quede libre de culpa o haya sido juzgado, sino por una cuestión de procedimiento», remarcaron los regionalistas tras «las descalificaciones de Geroa Bai y PNV».
A este respecto, criticaron que ambas formaciones hablen de acusaciones infundadas «cuando cinco magistrados de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo señalaron que los hechos denunciados por UPN podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos».
LOS ÚLTIMOS COLETAZOS DEL CASO
El 12 de diciembre de 2023, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona decretó el fin de la investigación del caso Davalor y anunció que iba a «archivar la causa» que provocó la dimisión del exvicepresidente y exconsejero foral. En su resolución, que podía recurrirse, apuntó que ya había transcurrido el plazo de doce meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de las pesquisas.
Meses más tarde, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra confirmó este extremo. «A pesar de los minuciosos y esforzados argumentos impugnatorios aducidos» por las acusaciones, el tribunal corroboró que la primera prórroga decretada fue «extemporánea, puesto que se acordó finalizado el plazo anual, iniciado el 21 de enero de 2021, fecha en la que el Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias».
De esta forma, la Sección Segunda de la Audiencia ratificó las medidas decretadas en diciembre por la titular del Juzgado de Instrucción nº 2. En su resolución, contra la que ya no cabía recurso, destacó que «la exclusiva razón que determina la declaración por parte de la juez del fin de la instrucción y, por ende de la declaración de la conclusión del sumario, radica en la terminación del plazo de investigación sin haberse acordado temporalmente las prórrogas correspondientes»: «A pesar de los argumentos expuestos por la Fiscalía y las acusaciones populares –UPN y PP-, la primera prórroga decretada el 18 de febrero de 2022 era de carácter extemporáneo, pues se acordó finalizado el plazo de un año. Ciertamente, las únicas diligencias de investigación acordadas con posterioridad fueron las dispuestas el 28 de abril de 2023, entre ellas las declaraciones en calidad de investigados del querellado y de las otras personas reseñadas».
Así, la única diligencia de averiguación dictada en el plazo oportuno fue el informe encomendado el 19 de mayo de 2021 al Cuerpo Nacional de Policía. «Exclusión hecha de las diligencias acordadas en la providencia (resolución judicial), ninguna otra se practicó en las cuatro sucesivas prórrogas», señaló la Sección Segunda.
Así, la decisión final sobre el archivo del sumario, según expusieron los magistrados, le correspondía decretarla al tribunal al que le hubiera correspondido el enjuiciamiento, es decir, a la Sección Primera de la Audiencia, donde las partes acusadoras y las defensas podrían exponer sus argumentos «tanto sobre la continuación de la investigación como sobre el sobreseimiento definitivo». Una decisión que este miércoles hizo pública Geroa Bai.
