La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona decretó el fin de la investigación del denominado caso Davalor y, por lo tanto, «va a archivar la causa» que provocó la dimisión del exvicepresidente y exconsejero foral Manu Ayerdi. En su resolución, que puede ser recurrida, la magistrada apuntó que había transcurrido el plazo de doce meses previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para solicitar la prórroga de la investigación.
Según detalló el TSJN en un comunicado, el Tribunal Supremo acordó la incoación de las diligencias el 21 de enero de 2021 y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona, que recibió la causa el 9 de marzo de ese año, dictó la prórroga de la investigación el 18 de febrero de 2022. La magistrada, que estimó el recurso interpuesto por los investigados, consideró que el día en que comenzó a correr el plazo de los doce meses previstos en la ley fue el 21 de enero, puesto que el procedimiento abierto por el Alto Tribunal «es el mismo que el que luego se siguió en Pamplona».
“No se trata de un procedimiento distinto acumulado al anterior, sino de la sucesión de lo que es esencial para determinar el día en que se inicia la investigación judicial», expuso la jueza. Además, calificó como «unánime» el criterio jurisprudencial «que señala que el dies a quo vendrá determinado por la fecha en que se dicta el auto que incoa el procedimiento por el primero de los juzgados”.
PLAZO VENCIDO
A este respecto, la magistrada apostilló que no fue hasta el 9 de febrero de 2022 cuando, de oficio, el Juzgado de Instrucción nº 2 de Pamplona dio traslado a las partes para que informasen sobre la prórroga de la causa, que se acordó mediante auto dictado el 18 de febrero. Por tanto, según reiteró, se había “excedido el plazo” exigido por la ley.
Por este motivo, la magistrada constató «la falta de validez de las diligencias que se hayan acordado en las resoluciones posteriores a tal fecha, no así de las diligencias que, acordadas con anterioridad al mismo, se hayan recibido o practicado posteriormente».
SIN DECLARACIONES
Respecto a las declaraciones de los investigados, que se iban a llevar a cabo la próxima semana, concluyó que, «no habiéndose acordado antes del 21 de enero de 2022 tomar declaración a persona alguna en calidad de investigado, no se puede, transcurrida dicha fecha, acordar la misma». Tal límite «es infranqueable, careciendo de validez las acordadas posteriormente, por lo que procede dejar sin efecto las citaciones realizadas a tal fin”.
En concreto, la semana que viene iban a declarar el propio Ayerdi, Pilar Irigoien, entonces directora gerente de Sodena; Izaskun Goñi, ex jefa de gabinete de Desarrollo Económico y ex directora general de Política Económica, Empresarial y Trabajo; Yolanda Blanco, exconsejera de Sodena; Javier Baztarrika de Iniciativas Innovadoras; Maitena Ezkutari, ex directora general de Turismo y Comercio; y Juan José Marcos, de Davalor.
“Tras lo razonado en este auto, por tanto, procedería examinar el resultado las diligencias acordadas antes del 21 de enero de 2021, y que se hayan practicado y dictar la resolución que conforme al precepto señalado correspondiera. No obstante, no habiéndose acordado tomar declaración como investigado a persona alguna, no es posible dirigir el procedimiento contra persona alguna, por lo que la única resolución posible es concluir el sumario sin procesamiento”, remató la jueza.
