sábado, 4 diciembre 2021

El Supremo abre una causa penal contra Ayerdi por el caso Davalor

"En una valoración muy provisional", el Alto Tribunal considera que los hechos descritos en la querella de UPN, relacionados con la supuesta concesión irregular de seis préstamos a la empresa por valor de 2,6 millones, podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Por eso, declara su competencia para la instrucción y dispone abrir un procedimiento contra él.

Redacción
Pamplona - 14 diciembre, 2020

El Supremo emitió un comunicado este jueves sobre la apertura de diligencias previas contra Ayerdi. (Foto: archivo)

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha abierto una causa penal para investigar al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno navarro, Manuel Ayerdi, como presunto autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación con la supuesta concesión “irregular” de seis préstamos a Davalor Salud SL entre 2015 y 2017. El importe total de estos asciende a 2,6 millones de euros.

Según informó el Alto Tribunal en un comunicado, los hechos descritos en la querella, presentada el pasado 2 de junio por UPN“podrían ser constitutivos de los citados delitos en una valoración muy provisional”. Por ello, de acuerdo con el fiscal, declaró su competencia para la instrucción, y en su caso enjuiciamiento del aforado, y dispuso abrir un procedimiento contra él, designando como instructor al magistrado Andrés Palomo del Arco.

La querella de UPN expone que el aforado, entonces vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, consejero de Desarrollo Económico y presidente del Consejo de Administración de la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), concedió en septiembre de 2015 a la entidad Davalor Salud SL un préstamo de un millón de euros. Y presuntamente lo hizo “sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la sociedad, pese a que conocía que dicha entidad no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia”.

Asimismo, los querellantes sostienen que pese a ser conocedor “de la falta de depósito” de las cuentas anuales por parte de Davalor Salud SL y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Foral de Navarra y con la Seguridad Social –“determinantes estas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017”-, el querellado “no solo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a Davalor Salud SL”. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por valor de 600.000 euros; y los tres últimos, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por 200.000 euros cada uno de ellos.

Conforme a la versión de UPN, el Gobierno de Navarra declaró el proyecto de Davalor Salud SL como de “interés foral” en junio de 2015, lo que según la normativa navarra le permitía tramitar el apoyo financiero por el procedimiento de urgencia: “Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo”.

EL DESTINO FINAL DEL DINERO

La querella añade que Davalor Salud SL, “en lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo”, destinó el dinero “a abonar una importante cantidad a un acreedor, así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad”. Instado por un acreedor, en julio de 2018 la entidad fue declarada en concurso, en el que se decretó su culpabilidad “por no haberlo solicitado en el plazo de los dos meses desde el conocimiento de la situación de insolvencia”.

En una comparecencia pública de julio de 2018, el consejero Ayerdi reconoció, según agregó el Tribunal Supremo, que la decisión de invertir en Davalor Salud SL obedeció a “una corazonada” y que tomó la decisión con un “carácter totalmente personal”, amparándose en un informe de la directora de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico.

UPN PIDE EL CESE DE AYERDI

Poco después de que saltara la noticia, el presidente de UPN, Javier Esparza, reclamó el cese de Ayerdi. Lo hizo tras la habitual Mesa y Junta de Portavoces que cada lunes se celebra en el Parlamento foral. “María Chivite debe cesarlo. Es su obligación legal”, señaló en referencia al artículo 68 de la Ley Foral 6/2018, de 17 de mayo. “Este artículo que determina el cese inmediato (para investigados por casos de corrupción) fue aprobado durante la pasada legislatura y propuesto por los grupos del cuatripartito presidido por Uxue Barkos”, precisó la formación regionalista.

Pasadas las seis de la tarde, el Gobierno foral aún no había emitido un pronunciamiento oficial al respecto. Pero sí se produjeron las primeras valoraciones, por ejemplo, de Geroa Bai y el PSN. Por un lado, Uxue Barkos resaltó que “de ninguna manera” preveía cuestionar al Tribunal Supremo, pero sí quiso expresar su confianza en que el Alto Tribunal despejará “todas las dudas” en torno a la querella. En una línea similar, el portavoz socialista, Ramón Alzórriz, destacó que es la Justicia la que debe “dilucidar las diferencias que haya” y aclarar “qué ha pasado en este caso”.

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