jueves, 4 junio 2026

Hithium y Sodena aportarán 100 y hasta 50 millones respectivamente a su ‘joint venture’ navarra

En caso de que el proyecto finalmente se materialice, el Ejecutivo foral tendrá una participación del 33,3 % en la empresa conjunta, mientras que la compañía china poseerá el 66,6 % restante. Además de los 150 millones de Hithium y Sodena, el objetivo de la firma china es que 174 millones procedan de financiación bancaria y otros 81 de los fondos europeos asignados por el Gobierno de España a través del IDAE.


Pamplona - 2 junio, 2026 - 16:19

El objetivo del Gobierno de Navarra y la empresa es que la planta esté operativa en diciembre de 2027. (Foto: Edu Sanz)

Hithium y Sodena aportarán 100 y hasta 50 millones de euros respectivamente al capital de la ‘joint venture’ que proyecta poner en marcha la futura gigafactoría navarra de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). De esta manera, el Gobierno de Navarra tendrá una participación del 33,3 % en esta empresa conjunta mientras que la compañía china poseerá el 66,6 % restante.

Así lo anunció este martes el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, en una comisión celebrada en el Parlamento de Navarra donde ofreció más detalles sobre cómo se financiará la planta, cuya inversión total ascenderá a 405 millones.

Además de los 150 millones de Hithium y la sociedad pública del Ejecutivo foral, el objetivo de la compañía china es que 174 millones procedan de financiación bancaria y de instrumentos como el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP) y otros 81 millones de fondos europeos asignados por el Gobierno de España en mayo a través del IDAE. «Estas cifras son aproximativas, podrán variar ligeramente en el transcurso de las negociaciones», recalcó el consejero Irujo.

El consejero informó que la aportación económica de Sodena, según recoge el ‘Term Sheet’ firmado por ambas partes el pasado 9 de marzo, «siempre será en capital» y que «en ningún caso» se tratará de ayuda directa a fondo perdido. «El único fondo o ayuda a fondo perdido que el proyecto recibe de administraciones públicas es la convocatoria del IDAE en el contexto de los fondos Next Generation», detalló. En la misma línea, subrayó que el Gobierno foral tampoco dispondrá de «ninguna ayuda directa a fondo perdido para esta operación, más allá de las convocatorias ordinarias que actualmente existen».

Irujo también concretó que el denominado ‘Term Sheet’ establece un «derecho de acompañamiento». Es decir, los futuros accionistas de la ‘joint venture’ tendrán, en los términos que se acuerden, «un derecho de acompañamiento» en caso de que se transfieran acciones de la empresa conjunta. «Dicho de otra forma, se abre la puerta a que otros agentes, públicos o privados, acompañen a Sodena en la configuración del capital de la sociedad conjunta», ahondó.

A continuación, defendió la entrada de capital público en la ‘joint venture’ con un triple propósito: fortalecer el «arraigo empresarial» de la Comunidad foral, la contratación de trabajadores locales y «asegurar tanto el futuro de la planta en Navarra como la configuración de una cadena de valor industrial en el territorio». Eso sí, matizó que la inversión de hasta 50 millones prevista por Sodena deberá contar con la «autorización previa» del Parlamento de Navarra.

Por otro lado, avanzó que la sociedad pública navarra, siempre que cuente con las autorizaciones necesarias y de conformidad con la legislación vigente, «hará todo lo posible para estudiar la posibilidad de proporcionar garantías o contragarantías adicionales en forma de avales». En ningún caso, incidió, la inversión superará dicho importe.

«HITOS» PENDIENTES

A pesar de los avances realizados, el consejero recordó que aún quedan «hitos por cumplir» con el objetivo de que la gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías esté operativa en diciembre de 2027. El principal es que Hithium aún debe obtener el Outbound Direct Investment (ODI), la autorización de las autoridades chinas para materializar una inversión directa en el extranjero.

«Es un proceso obligatorio de aprobación o notificación exigido por el Gobierno chino a cualquier empresa del país que desee invertir, adquirir o establecer negocios fuera de ese país», explicó Irujo.

Además, el proyecto aún requiere de diferentes permisos por parte de las autoridades españolas, la notificación de exportación de tecnología china y otras condiciones que acuerden ambas partes.

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