La titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona ha denegado la venta directa de las naves y equipamientos de la compañía navarra Sunsundegui a la sociedad que, tal y como adelantó Navarra Capital, ofrecía un total de 4 millones de euros (3,6 millones por las primeras y 400.000 euros por los segundos).
En consecuencia, ha dado luz verde a la pertinente subasta pública electrónica por el mismo precio de salida que planteaba dicha sociedad, cuya oferta había recibido el visto bueno de la administración concursal, representada por el despacho Molins & Andrés Abogados. Además, contaba con la conformidad de los acreedores bancarios de una hipoteca de primer rango, cuyo importe ascendía a 486.188,06 euros (CaixaBank, Caja Rural de Navarra, BBVA, Banco Santander y Ayuntamiento de Alsasua), y Cofides como acreedor de una hipoteca de segundo rango, por valor de 10.099.674,28 euros.
«La administración concursal valora en su escrito muy positivamente la oferta recibida, dado que cubre la totalidad de la deuda generada a los cuatro acreedores hipotecarios de primer rango y parte del importe de la deuda generada al acreedor privilegiado de segundo rango, además de que permite obtener 400.000 euros por los elementos que se venden de forma independiente», constata la magistrada.
Al mismo tiempo, incide en cómo el despacho Molins & Andrés Abogados recoge que la oferta de 4 millones «va acompañada de desarrollos y proyectos industriales en la zona que crearán puestos de trabajo y revitalizarán la misma». Y que las ofertas anteriores no eran de carácter formal y apenas rondaban el millón de euros.
Sin embargo, concluye que no puede autorizar la venta directa del inmueble porque el precio de 3,6 millones «es inferior al pactado por las partes a la hora de constituir la garantía real o, dicho de otro modo, es inferior a la garantía real». Así, para defender su postura, destaca que las instalaciones de Sunsundegui están tasadas en 7.777.881,48 euros, «según el último informe existente» (elaborado el 12 de noviembre de 2024 a instancias de Fonrec): «Evidenciándose por lo tanto que el precio ofertado es inferior al 50 % del valor de mercado del bien, no cabe sino denegar la autorización solicitada al no cumplirse los requisitos legales exigidos para la venta directa».
Al mismo tiempo, agrega que «existen terceros interesados en la adquisición del inmueble y dispuestos a mejorar la postura». De ahí que decrete la pertinente subasta electrónica pública, fijando como precio de salida el de la empresa que se postuló para la compra directa. «No se admitirán posturas por debajo del mismo», remata.













