Los administradores externos de Highfield Resources, matriz australiana de la navarra Geoalcali que dejó de cotizar en Bolsa el mes pasado para acogerse a un proceso legal de insolvencia para empresas con dificultades financieras, han ganado seis meses más para buscar un comprador o compradores que deseen hacerse con el negocio de la compañía y/o sus activos.
En este sentido, el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur les ha dado de plazo hasta el 6 de abril de 2027 para convocar la próxima junta de acreedores de Highfield Resources y de su filial KCL Resources, titular de las participaciones de Geoalcali. Pero el comunicado hecho público el 7 de septiembre subrayaba que las operaciones de Geoalcali y de Mina Muga «no se veían afectadas por este proceso y que la filial española seguía bajo el control de su propio órgano de administración». A este respecto, la compañía navarra aseguró que no se encuentra en concurso de acreedores en España y que el Proyecto Muga no está sometido a dicho procedimiento.
«La prórroga facilitará un proceso de venta más sólido, en el que los ofertantes podrán proponer la adquisición de algunos o todos los activos de las sociedades, incluso mediante un convenio societario con acreedores (deed of company arrangement). También ofrece tiempo suficiente para arrojar luz al proceso, dada la incertidumbre en torno a determinadas concesiones mineras gestionadas por la filial española de las sociedades, que son objeto de procedimientos judiciales en curso en España», afirmaron los administradores externos en el documento remitido a la Bolsa de Valores de Australia (ASX).
Además, añadieron que, si es posible, convocarán la junta antes de la fecha límite, de modo que las acciones de Highfield seguirán suspendidas de cotización mientras dure el procedimiento.
LA CLAVE, EN LOS TRIBUNALES ESPAÑOLES
En mayo, el Tribunal Supremo admitió a trámite los recursos de casación presentados por el Gobierno de España, los ejecutivos de Navarra y Aragón y la propia compañía, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) relativa a la concesión minera Goyo del proyecto Mina Muga. En este sentido, el TSJN anuló el procedimiento de otorgamiento de la concesión porque, a su juicio, el Estado había asumido «parcial e insuficientemente» la competencia que le correspondía en este proyecto «único y supraterritorial». De esta forma, se había producido un fraccionamiento de la iniciativa «contraria a Derecho» entre los gobiernos de Navarra, Aragón y España.
UNA FINANCIACIÓN QUE NO LLEGÓ A CERRARSE
La entrada en voluntary administration culmina un largo periodo de dificultades financieras. En julio de 2024, Highfield Resources anunció cartas de intenciones con varios socios estratégicos por 220 millones de dólares para completar la financiación de Mina Muga, entre ellos Yankuang Energy Group. En mayo de 2025, tras la dimisión del consejo de Geoalcali y de su director general, Ignacio Salazar, la matriz firmó una carta de intención no vinculante con Qinghai Salt Lake Industry, filial de China Minmetals, para inyectar 270 millones de euros en el proyecto.
Esa operación no prosperó: los inversores chinos comunicaron a Highfield Resources que no seguirían adelante con la operación y, en septiembre de 2025, la compañía navarra canceló su línea de financiación sénior tras la salida de los últimos bancos prestamistas, ING, HSBC y Caja Rural de Navarra. Días después, Yankuang Energy Group también anunció su retirada.













