El vicepresidente segundo del Gobierno central, Pablo Iglesias, puso encima de la mesa recientemente el debate sobre la semana laboral de cuatro días. Incluso afirmó que el Ministerio de Trabajo la estaba estudiando, extremo que rechazó este miércoles la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero. “No debemos desconcentrarnos de lo que ahora nos ocupa”, afirmó. Mientras, la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, sí se mostró partidaria de abordar la reforma, pero en su integridad y regulando otros aspectos como, por ejemplo, las horas extras o la desconexión digital. No obstante, Díaz reconoció que este asunto no se ha llevado todavía a la mesa del diálogo social, por lo que le restó inmediatez.
Por todo ello, la semana laboral de cuatro días se ha convertido en un tema de máxima actualidad. Y este jueves, durante su intervención en los Desayunos Empresariales de NavarraCapital.es, la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero, quiso ser prudente al respecto, pero añadió un matiz muy importante a dicho debate: “Una reducción de la jornada debería llevar un ajuste correspondiente en el salario”.
En este foro, patrocinado por CaixaBank y Seat Iruña Motor y que contó con la colaboración de Institución Futuro, mostró sus dudas sobre la idoneidad del momento actual para acometer una reforma de este calado. “No sé si es el momento para este tipo de medidas”, remarcó la invitada, que fue presentada por el director de Empresas en la Dirección Territorial Ebro de CaixaBank, José Luis Larriu. De manera que, en ese sentido, Herrero coincidió con lo expuesto horas antes por su predecesor en el cargo y actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para quien “no es un asunto prioritario” dados “los niveles de productividad y competitividad de España”. Este incluso fue más allá, al señalar que el país “no tiene margen para eso”. “Si finalmente se aplica, tendríamos que calcular el coste”, añadió la presidenta de la AIReF.
Las manifestaciones de Herrero se produjeron durante su ponencia ‘La política fiscal en un momento de incertidumbre’. Una intervención en la que defendió la planificación, la sostenibilidad y la evaluación como herramientas para salir de la crisis en mejores condiciones: “Debemos tener una hoja de ruta que nos indique a dónde queremos llegar”. Además, defendió la oportunidad de evaluar las políticas fiscales “para aprovechar de forma más eficiente los recursos públicos disponibles”.
“Entre nuestras funciones no está valorar hasta dónde tiene que llegar el principio de autonomía financiera, si debe tener límites o si se debe conjugar dentro de un principio de equidad“.
Todo ello tras recordar cómo ha sido el último año de una crisis “extrema, global, sincronizada y que, en pocos meses, alcanzó el 80 % del PIB mundial”. Una perturbación “sin precedentes” y que la economía española está sufriendo con mayor severidad que la de otros Estados. Herrero atribuyó esa vulnerabilidad, que se concentró sobre todo en el segundo trimestre del año, al rigor de las medidas del confinamiento aplicadas y a las características propias de nuestro país.
Entre estas últimas mencionó la dependencia excesiva de la hostelería y el turismo, así como la temporalidad del mercado laboral, que hace especialmente vulnerables a jóvenes y mujeres. También citó la demografía empresarial, con un gran peso de las pymes, además de la irrupción del teletrabajo: “No estábamos preparados, ya que solo una parte muy pequeña, apenas el 5 %, lo usaba en España antes de la pandemia”.
VOLATILIDAD E INCERTIDUMBRE
Tras esta caída, que superó los niveles de la crisis financiera global precedente y que evidenció la falta de preparación para gestionar crisis sanitarias globales de tal magnitud, tanto la economía española como la mundial se introdujeron en un entorno de enorme volatilidad e incertidumbre. Muestra de ello, por ejemplo, fue un tercer trimestre donde se produjo un crecimiento del PIB español del 16,7 % respecto al trimestre anterior, “que sorprendió a todos los analistas”. Además, los mercados financieros reaccionaron rápidamente a las expectativas generadas por las vacunas. Un escenario, en definitiva, que “supone un reto para todos los agentes públicos y privados“.
En ese contexto, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal varió sus esquemas de análisis para adaptarse a la nueva situación. Así, empezó a hacer evaluaciones de tal modo que, para este ejercicio 2020, estableció una caída del PIB de entre el 10,7 y el 11,4 %. Por su parte, para el próximo año prevé un crecimiento de entre el 5,5 y el 8,2 %, frente al 9,8 que el Gobierno ha incluido en su anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado.
“Si no hacemos un ajuste en estabilización fiscal, hay un riesgo de que la deuda se quede en su actual nivel del 110 % del PIB”.
A partir de ahí, Herrero alertó del “deterioro significativo” sufrido por las cuentas públicas de 2020 y 2021. Un incremento del nivel de deuda que achacó a la contundencia aplicada por todas las administraciones en el corto plazo para frenar la pandemia. Y que, según adelantó, “va a exigir esfuerzos de consolidación en los años futuros para situar la deuda pública en niveles más cómodos”. Recordó, a este respecto, que “la situación de partida (95 %) no era la mejor” porque en los últimos años este ratio no se redujo en los márgenes que cabía esperar. Y concluyó que la evolución de ahora en adelante estará muy condicionada al crecimiento económico que se produzca.
Por ello, recomendó a la Administración central implementar una estrategia fiscal nacional a medio plazo. “Si no hacemos un ajuste en estabilización fiscal, hay un riesgo de que la deuda se quede en su actual nivel del 110 % del PIB”. También demandó una gestión de la incertidumbre presupuestaria. En concreto, pidió adaptar las cuentas a la evolución de la pandemia “evitando incrementos estructurales del gasto”, si no existe la correspondiente financiación.
NAVARRA Y OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD
La presidenta de la AIReF también analizó la situación de Navarra durante su participación en los Desayunos Empresariales de NavarraCapital.es. Por un lado, reconoció que el impacto de la crisis se dejó notar en sus cuentas públicas “desde el primer momento”. Pero en 2022, a diferencia de lo que sucederá a las comunidades autónomas de régimen común, “no tendrá que hacer frente a liquidaciones negativas”.
Herrero dejó constancia de “la incertidumbre” que existe en torno a cómo recibirán España y las comunidades autónomas los fondos europeos.
Finalmente, Herrero respondió a las preguntas de José María Aracama, presidente de Institución Futuro, quien canalizó las cuestiones planteadas por los asistentes al encuentro digital.
En torno a la posible aplicación de una armonización fiscal, señaló que “es un debate muy interesante, pero que supera las competencias” de su entidad: “Entre nuestras funciones no está valorar hasta dónde tiene que llegar el principio de autonomía financiera, si debe tener límites o si se debe conjugar dentro de un principio de equidad”.
Sobre la llegada de los fondos europeos de recuperación, valoró que sus criterios de reparto están “diluidos y vagamente definidos”. Por eso, consideró razonable la postura del Ejecutivo foral de no incluirlos en su anteproyecto de Presupuestos para el próximo año. Porque, tal y como destacó, las comunidades autónomas se enfrentan a dos grandes incertidumbres: cuándo llegarán a España y cómo se repartirán entre ellas.
“Fijar una fecha de caducidad para los ERTE es un error”.
El pasado miércoles, la presidenta de la AIReF defendió en el Senado que los ERTE se prorroguen al menos hasta junio de 2021, con un coste para las arcas públicas de unos 6.500 millones de euros entre prestaciones y exoneraciones. De modo que Aracama le preguntó si cree que será necesario extenderlos más allá de ese horizonte temporal. A este respecto, Herrero consideró “un error” ponerles una fecha de caducidad concreta en el actual escenario. De modo que abogó por acompasar sus prórrogas a la actividad económica. A corto plazo, no obstante, “hay que seguir adoptando las medidas que hagan falta para garantizar las rentas”.
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