El anteproyecto de ley sobre Áreas de Promoción Económica (APE), promovido por el Gobierno de Navarra en 2019, volverá a someterse a exposición pública tras incorporar una serie de aportaciones por parte de las asociaciones del sector servicios y comercial. El documento, modificado «sustancialmente» a raíz de estas aportaciones, busca articular y regular la figura de las APE como «elemento dinamizador del comercio de proximidad».
El Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial inició en marzo del año pasado el proceso para aprobar una ley que regulara la figura de las Áreas de Promoción Económica, como un instrumento de colaboración público-privada pensado para «revitalizar» los centros urbanos. El documento definía esta nueva figura y su entidad jurídica, su estructura y su cometido.
Tras ofrecer varias charlas informativas y someterlo a exposición pública desde mayo hasta septiembre, ahora se presenta un nuevo documento, con cambios importantes, tras las aportaciones recibidas por la Asociación de Empresarios de Hostelería Navarra (AEHN), la Asociación Navarra de Pequeña Empresa de Hostelería (ANAPEH), la Asociación de Supermercados de Navarra (Asuna), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), AIEN, la Asociación de Comerciantes de Navarra y la Confederación Empresarial Navarra (CEN).
«Recibimos dos documentos suscritos por asociaciones que gozan de una amplia representatividad en el sector comercial y de servicios de Navarra. Y en ellos se han identificado veintitrés aportaciones que, tras ser analizadas, han tenido influencia en el nuevo texto publicado», indicó el consejero Manu Ayerdi.
En concreto, se han incluido diecisiete de esas aportaciones, de las que trece han sido íntegramente aceptadas «y varias de ellas se han recogido literalmente». Todas suponen «importantes ajustes» en la figura de las Áreas de Promoción Económica, de ahí la necesidad de volver a iniciar el proceso de exposición pública del 20 de noviembre de 2020 al 10 de enero de 2021, con el objetivo de llevar el proyecto de ley al Parlamento antes de verano.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
Estas APE son la adaptación del instrumento de colaboración público-privada conocido de forma internacional como Business Improvement District (BID). Los BID surgieron como una iniciativa del sector privado para revitalizar los centros urbanos y combatir la descentralización. De esta forma, propietarios de inmuebles destinados a actividades económicas y empresarios de la zona trabajan «codo con codo» para reactivar zonas concretas.
La clave es que estas Áreas de Promoción Económica surgen de la iniciativa privada, del interés de los comerciantes, hosteleros y empresarios de un barrio o un área concreta por mejorar su atractivo y su competitividad. No obstante, este modelo se ha ido adaptando y flexibilizando, de forma que se ha extendido a otras finalidades no solo comerciales. Además, la presente regulación permite que las Áreas de Promoción Económica no se limiten al fortalecimiento de la actividad económica en ámbitos urbanos, «sino que puedan dedicarse también a mejorar la gestión de polígonos industriales y zonas rurales o a incrementar el atractivo de destinaciones turísticas, entre otras posibles finalidades».
Entre las novedades incluidas en el revisado anteproyecto de ley, está la obligación de los municipios de financiar al menos el 10 % del presupuesto del Área de Promoción Económica.
A través de una organización interna, los impulsores de estas APE se comprometen a realizar actuaciones y prestar servicios encaminados a la regeneración urbana, la captación de inversiones, la organización de eventos y espectáculos, la mejora de movilidad y la calidad medioambiental, la mejora apariencia del paisaje y la seguridad de espacios públicos y establecimientos, etc. Para ello, se comprometen a organizarse y a decidir, mediante un proceso democrático, el establecimiento de unas cuotas que les permitan desarrollar esas actividades de promoción de su área empresarial. Según Ayerdi, esta ley foral prevé “mecanismos de diverso tipo para asegurar que las Áreas de Promoción Económica actúen en consonancia con los intereses generales en la persecución de sus propios objetivos y que no dan lugar a la privatización de los espacios públicos”.
FINANCIACIÓN Y VIGENCIA
Aunque las APE surgen del ámbito privado, deberán ser autorizadas y aprobadas por los ayuntamientos en los que se ubiquen. Una vez logrado el visto bueno, se suscribirá un convenio de colaboración entre ambas partes y el Consistorio pasará a contar con representación en el órgano gestor de la APE. Precisamente, entre las novedades incluidas en el revisado anteproyecto de ley está la obligación de los municipios de financiar al menos el 10 % del presupuesto del Área de Promoción Económica, en cuanto que su éxito redundará en una mejora de la localidad.
Otra de las novedades en el nuevo documento es la vigencia de estas Áreas de Promoción Económica. En un primer momento, la duración inicial máxima prevista era de cuatro años. A propuesta de las asociaciones del sector, se ha decidido ampliarla a cinco años.
Otros de los cambios se centra en la vigencia de las Áreas de Promoción Económica. En un primer momento, la duración máxima prevista era de cuatro años, pero ahora se ha ampliado a cinco.
También se modifican las condiciones para poder crear una APE. En este sentido, la iniciativa ha de contar con un respaldo inicial que acredite el interés de los agentes económicos de una determinada zona y de la correlativa constitución de una obligación de pago de carácter general.
El anteproyecto publicado requería que la iniciativa, en el momento de presentación de la solicitud, contara con el apoyo de al menos el 15 % de quienes fueran a resultar obligados al pago las aportaciones. No obstante, tras las analizar las aportaciones recibidas, se ha considerado que el respaldo inicial requerido debía variar en función del tamaño del Área de Promoción Económica. Dado que el tamaño viene determinado por el número de actividades y bienes inmuebles afectados, el respaldo que se debe acreditar oscilará entre el 50 % para las APE más pequeñas, que cuenten con entre 20 y 50 actividades o bienes, y el 15 % requerido para aquellos supuestos en los que se superen las 500 actividades o bienes. En cualquier caso, se prevé que no podrán constituirse APE que no alcancen el número de 20 actividades o bienes inmuebles.
Una vez aprobada la APE, esta afectará a todos los comercios y establecimientos de esa zona, independientemente de que lo hayan respaldado o no, y todos deberán abonar la cuota correspondiente para su funcionamiento. Por ello, el anteproyecto de ley definirá los derechos y obligaciones de todos ellos, atendiendo únicamente a la superficie del bien inmueble. Para ello, se establecerán hasta nueve tramos, en atención a su superficie, correspondiendo a cada uno de estos tramos derechos de voto y obligaciones de pago proporcionales.
Entra aquí para leer más noticias sobre la economía navarra.
