La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido que este tribunal investigue las querellas del sindicato Manos Limpias así como de una autodenominada “Asociación Internacional Antifraude para la defensa de Afectados de Motores Volkswagen” ya que aprecia posibles delitos de estafa, publicidad engañosa, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente contra el fabricante de automóviles alemán.
En un escrito dirigido al juez Ismael Moreno, el fiscal, Marcelo de Azcárraga, justifica la competencia del citado tribunal por la extensión geográfica del trucaje realizado y que las emisiones pueden “haber causado daños sustanciales a la calidad del aire”. Asimismo, señala que, teniendo en cuenta que el uso de motores sensibles con el medio ambiente es objeto de subvención pública, “el engaño también podría haber supuesto el desembolso injustificado del erario público”.
Por todo ello, requiere al Grupo Volkswagen la relación de todos los vehículos afectados en España, que la compañía ya cifró en un primer momento en más de 68.600 de los que 221.000 corresponden con SEAT. También solicita quién forma parte de la dirección del consorcio alemán en nuestro país y sus funciones al tiempo que demanda el nombramiento de un abogado, procurador y un representante para que comparezcan en su nombre.
En cuanto al Ministerio de Industria, Marcelo de Azcárraga le pide toda la información que haya reunido sobre el asunto, incluyendo el dictamen de la Agencia Medioambiental Estadounidense,EPA, y otras periciales, los informes que le haya aportado la compañía y el montante de las ayudas públicas que se hayan podido otorgar para la adquisición de los coches trucados.
Finalmente, el fiscal de la Audiencia Nacional solicita del Ministerio de Medio Ambiente que entregue los informes que haya podido realizar sobre los vehículos manipulados para determinar su grado de emisiones nocivas. Una vez que la fiscalía presente su escrito de acusación, será el juez el que determine si hay o no material para iniciar vista oral contra Volkswagen. En ese caso, España se uniría así a la vía judicial anunciada también por otras autoridades comunitarias y norteamericanas.
