Casi 100.000 vehículos circulan por Pamplona, obligada a tener una Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en 2023. De ellos, más de 30.000 coches “verán comprometida su circulación al no disponer de etiqueta”. Con el objetivo de cumplir la Ley de Cambio Climático, esta normativa entrará en vigor el próximo año en la capital de Navarra, “afectando a más de 200.000 personas o, lo que es lo mismo, el 31 % de la población de la Comunidad foral”.
Según explicó este jueves Sumauto, firma especialista en portales verticales de automoción, se abre un escenario de coches “inmovilizados”. Mientras no haya planes que incentiven el achatarramiento, estos vehículos “se quedarán aparcados ocupando espacio en la ciudad ya que, aunque no tengan etiquetas ambientales, sí podrán seguir obteniendo la tarjeta de residente para aparcar en zona verde”. En esta situación, se plantea como alternativa que sus propietarios los saquen a la venta, “siendo atractivos para zonas rurales o pequeñas poblaciones, o bien abrir mercado en el extranjero para su exportación”.
Con un 33,9 % de su parque móvil “con más de veinte años”, Pamplona se verá impactada por las restricciones de las ZBE. A nivel nacional, esta nueva normativa afectará a 149 municipios españoles en los que residen más de 25 millones de personas, es decir, el 53 % de los habitantes de nuestro país (según datos del INE) y circulan más de 11 millones de vehículos. De todos ellos, el 32 % tienen más de dos décadas y carecen de etiqueta medioambiental.
“Nos encaminamos hacia una movilidad discriminatoria ‘a dos energías’, en la que se restringe la circulación a una parte de la población con menos recursos y capacidades de adaptarse a los nuevos paradigmas mecánicos impuestos legalmente. Por un lado, ciudades grandes con vehículos electrificados para poder circular sin inconvenientes y, por otro, pequeñas urbes y zonas rurales con vehículos contaminantes e inseguros de más de veinte años, pero con la ventaja de no tener restringida su circulación”, aseguró Ignacio García, portavoz de Sumauto.