El pasado jueves, tras conocerse el informe de la UCO sobre el presunto cobro de comisiones a cambio de favores en adjudicaciones públicas por parte de Koldo García, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, la presidenta María Chivite reaccionó anunciando que el Gobierno foral revisaría en torno a una decena de contratos.
En concreto, dijo que el Ejecutivo foral remitiría las adjudicaciones y contratos de las empresas relacionadas con la Comunidad foral, citadas en el informe, a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, a una auditoría externa y al examen de la Cámara de Comptos, «en este último caso en los procesos no analizados por el órgano fiscalizador».
Un día más tarde, Navarra Capital contactó con Presidencia para ahondar en este tema y tratar de compartir con su audiencia los diez contratos objeto de estudio tras su adjudicación a Servinabar y Acciona. Pero, en el momento de publicar esta noticia, aún no había obtenido respuesta.
Sin embargo, este lunes trascendieron cuatro de ellos después de que la Junta de Portavoces del Parlamento foral aprobara requerir a Comptos la emisión de los pertinentes informes de fiscalización: la construcción de 65 VPO en Egüés (Nasuvinsa), la construcción de 93 VPO en Ripagaina (Nasuvinsa), la reforma del Archivo de Navarra (Departamento de Presidencia) y la adecuación de oficinas en el Navarra Arena (Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física), tanto a solicitud del Gobierno de Navarra como del propio PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. El resto, por ahora, no se han dado a conocer.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN POR LOS TÚNELES
Al mismo tiempo, y a pesar del interés de UPN, PPN y el Grupo Mixto, los socios de Gobierno y EH Bildu lograron aplazar al pleno del 11 de septiembre el debate para la creación o no de una comisión de investigación sobre las actuaciones del Ejecutivo navarro, otras administraciones o terceras personas en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Un contrato que recayó en la UTE formada por Acciona, Servinabar y Osés Construcciones.
Y, por otro lado, la Junta de Portavoces rechazó una propuesta de declaración institucional, presentada por UPN, por la que «el Parlamento de Navarra traslada su reconocimiento y apoyo a la UCO de la Guardia Civil por su función esencial en la defensa del Estado de Derecho, la persecución de la corrupción y el respeto a la legalidad. En este sentido, EH Bildu y Geroa Bai votaron en contra; PSN y Contigo-Zurekin se abstuvieron; y UPN, PPN y Grupo Mixto votaron a favor. La propuesta de declaración institucional decía lo siguiente:
- El Parlamento de Navarra traslada su reconocimiento y apoyo a la UCO de la Guardia Civil por su función esencial en la defensa del Estado de Derecho, la persecución de la corrupción y el respeto a la legalidad.
- El Parlamento de Navarra manifiesta su confianza en el trabajo riguroso y eficaz de la UCO para continuar investigando este y otros posibles delitos.
- El Parlamento de Navarra condena la presunta trama de corrupción revelada por la UCO, que involucra a altos cargos del PSOE como Santos Cerdán, José Luís Ábalos y Koldo García.
- El Parlamento de Navarra exige que se esclarezcan y asuman todas las responsabilidades políticas derivadas de estas informaciones.
- El Parlamento de Navarra se compromete a trabajar para minimizar el daño a la buena imagen de Navarra que de forma injusta estamos sufriendo como comunidad por estos hechos.
ACCIONA ROMPE CON SERVINABAR
Horas después de conocerse el acuerdo del Parlamento de Navarra, Acciona comunicó oficialmente el despido del director de Construcción para España, Justo Vicente Pelegrini, debido a una «falta de diligencia en el ejercicio de sus responsabilidades». Una medida que «no prejuzga eventuales responsabilidades legales ni responde a conclusión alguna de la investigación interna, aún en una fase inicial».
Además, anunció que ha iniciado los trámites para la resolución de los contratos suscritos con Servinabar «y los acuerdos de asociación vigentes que relacionan a la compañía y eventualmente a cualquiera de sus filiales con Servinabar, empresa objeto de investigación en la causa instruida en el Tribunal Supremo«.
En este sentido, señaló que su decisión obedece al supuesto incumplimiento por parte de la firma navarra «de los compromisos contractuales adquiridos con Acciona Construcción de respeto y sujeción a los estándares más exigentes de cumplimiento normativo, transparencia y debida diligencia».
