El consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, explicó este miércoles en el Parlamento que el Gobierno foral ya ha dado los primeros pasos para que 1.971 pisos de seis localidades terminen incluyéndose en el futuro censo de viviendas vacías y, en consecuencia, en la bolsa de alquiler de la sociedad pública Nasuvinsa. Los municipios que han formado parte del proyecto piloto son Pamplona, Tafalla, Olite, Burlada, Ansoáin y Caparroso.
La cifra es claramente inferior a las 2.638 viviendas que se presumían vacías el pasado mes de junio. A partir de entonces, Vivienda revisó los consumos de agua facilitados por las mancomunidades y remitió una carta a los propietarios, en la que les solicitaba que acreditaran el estado del inmueble. En concreto, el Gobierno foral se dirigió tanto a grandes tenedores (principalmente bancos o personas con más de veinte inmuebles) y a personas físicas que poseen de tres a diecinueve.
José María Aierdi: «Las viviendas vacías no son tantas como habíamos pensado en un principio».
De las 2.638, un total de 667 se encuentran habitadas. De modo que en las 1.971 restantes se iniciará el respectivo procedimiento para declararlas vacías, aunque unas 70 carecen de cédula de habitabilidad debido a su mal estado.
Una vez más, Aierdi insistió en el fundamento que subyace tras la iniciativa del censo: «Hay miles de personas demandando viviendas de alquiler, pero paralelamente existen numerosas viviendas vacías, cuyos propietarios renuncian a ponerlas a disposición de esta necesidad social. Es un contrasentido».
Vivienda ya ha recibido 807 comunicaciones de propietarios afectados, tanto en forma de quejas como de dudas.
El consejero y el director general de Vivienda, Eneko Larrarte, intervinieron en la Cámara a petición de Navarra Suma. Y especificaron que, una vez concluido el debido proceso de alegaciones, se promoverán incentivos o medidas fiscales para el alquiler de aquellos inmuebles que terminen conformando finalmente el censo. Eso sí, advirtieron de que en aquellos casos en que el propietario sea una persona jurídica, podría incluso aprobarse la expropiación del inmueble si se niega a arrendarla.
QUEJAS DE AFECTADOS
No obstante, la Dirección General de Vivienda ya ha recibido 807 comunicaciones de propietarios afectados, tanto en forma de quejas como de dudas y preguntas dirigidas a obtener más información acerca de este tipo de alquileres. Y ahora, tras el proyecto piloto, acaba de comenzar la segunda fase de la iniciativa en otros treinta municipios, entre los que figuran Tudela, Estella, Sarriguren, Zizur Mayor, Barañáin, Villava o Berriozar, entre otros. «Las viviendas vacías no son tantas como habíamos pensado en un principio. Esta vía no va a ser, por sí sola, la solución a la creciente demanda de vivienda de alquiler. De modo que habrá que activar otras medidas de más calado», remató Aierdi.
“AL MARGEN DE LA LEY”
El portavoz de Navarra Suma, Juan Luis Sánchez de Muniáin, fue especialmente duro con la carta enviada por el Gobierno navarro a los propietarios de las viviendas estudiadas. De hecho, acusó al Ejecutivo de “saltarse el procedimiento” y actuar “al margen de la ley” en este ámbito.
Juan Luis Sánchez de Muniáin: «La Administración está vulnerando el principio de legalidad. La carta enviada no tiene ningún valor jurídico».
“El Gobierno de Navarra tiene la obligación de realizar el censo, pero de acuerdo con la ley. Y está vulnerando el principio de legalidad. La carta no tiene ningún valor jurídico porque si fuera un procedimiento, lo primero que tendría que haber hecho es iniciar un acuerdo y abrir un expediente a cada propietario para que pudiera alegar lo que le interese. Además, está escrita en términos intimidatorios”, criticó.
Sánchez de Muniáin mostró su preocupación por la forma en que el Ejecutivo foral había obtenido los datos de los dueños. “Solo pueden obtenerse al amparo de la ley, es decir, dirigiéndose a la Mancomunidad. Y han dicho que han hablado con la Mancomunidad. Pero, ¿existe esa autorización de la Mancomunidad?”, cuestionó para añadir acto seguido que Vivienda había incurrido en un caso de “desviación y abuso de poder”.
Pero a este respecto, Larrarte defendió la gestión realizada y alegó que el Gobierno navarro debería contar «con los datos de consumos de todas las mancomunidades de agua de la Comunidad». Pero, «al no ser así» , apostó por iniciar el rastreo en aquellas localidades donde sí los tenía.
