En España hay cerca de 87.000 viviendas ocupadas de forma ilegal. Y para los propietarios afectados, recuperar sus inmuebles se convierte en una misión larga y tediosa, que se prolonga por al menos seis o siete meses. El hecho de que muchas segundas residencias quedaran vacías durante el confinamiento provocado por el Covid-19 propició que la ocupación ilegal aumentara en el país durante el primer semestre de 2020. Si de enero a junio de 2019 se contabilizaron 7.093 casos conocidos de ocupaciones ilegales, en 2020 estos aumentaron hasta los 7.450 durante el mismo periodo (+ 5 %). En 2019, la cifra total fue de 14.621.
El año pasado, se contabilizaron en España 14.621 casos conocidos de ocupaciones ilegales.
Pero los datos aportados por el Ministerio de Interior a NavarraCapital.es reflejan que en la Comunidad foral se produjo el fenómeno inverso. Porque se contabilizaron 34 casos por este motivo durante los seis primeros meses de este año, frente a los 59 registrados entre enero y junio de 2019. Es decir, un 42,3 % menos. En número de ocupaciones por cada 100.000 habitantes, se sitúa en la décima posición.
PROPIETARIOS INSEGUROS
Este medio quiso recabar las opiniones de los distintos agentes afectados con el fin de esclarecer a qué puede deberse este comportamiento tan distinto de Navarra frente al conjunto del país. Así, Fernando Flores, presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Navarra (AINA) y delegado en la Comunidad foral de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), afirma que esta particularidad puede deberse a distintos factores.
Por ejemplo, «el indice de desempleo es menor» que en otras zonas de España, aunque al mismo tiempo reconoce que el sentimiento de inseguridad se ha extendido entre muchos propietarios, dado el agravamiento general de este problema en España. «Hay inversores que se retraen de adquirir un inmueble para alquilarlo por miedo a los impagos y por supuesto a la ocupación ilegal», sostiene. Desde hace tiempo, por ejemplo, precisa que es muy raro ver carteles de ‘Se vende’ en las ventanas de los pisos para evitar que puedan atraer a okupas. Y en las fotos que se publican en internet, no se especifican el piso ni la puerta.
Uno de los motivos de la bajada en Navarra, según Fernando Flores, reside en que la tasa de desempleo en la Comunidad foral «es menor» que en otras regiones.
La ley de desahucio exprés teóricamente permite agilizar el proceso por el que los propietarios de una vivienda pueden recuperarla. Pero, a la hora de la verdad, conseguirlo no es «tan fácil», ya que se abre un proceso legal muy arduo que suele desesperar a los propietarios, abocados a seguir pagando entre tanto la hipoteca y los gastos.
«En el momento en que han cambiado la cerradura de una vivienda y pernoctan una noche, ya no pueden intervenir las Fuerzas de Seguridad. Por tanto, depende de la agilidad de los juzgados. Y esto puede ser bastante largo», indica Flores.
A juicio del presidente de AINA, debería haber una legislación que transmita seguridad a los dueños: «Hay que tener en cuenta que muchas familias invirtieron en vivienda y que hoy la tienen como un apoyo a su pensión, de modo que una situación como esta les crea un problema de subsistencia».
Juan Miguel Oteiza: «Este descenso tiene que ver con el poder adquisitivo de Navarra y que la mayoría de viviendas son para residencia habitual».
Juan Miguel Oteiza, de Inmobiliaria Carlos III, cree que este descenso en Navarra también tiene que ver con otras dos particularidades de la región: «el poder adquisitivo y que la mayoría de viviendas son para residencia habitual, mientras que en otros puntos de España muchas son segundas residencias».
En este sentido, coincide con el presidente de AINA en que la ley de desahucio exprés no está resolviendo el problema: «Desgraciadamente, muchos propietarios se ven forzados a contratar a empresas de seguridad privada, ya que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado tienen muy limitada su actuación en ese ámbito». Y precisa que los fondos de inversión, «sobre todo los que pertenecen a entidades bancarias», son los que toman las medidas de seguridad «más férreas» para proteger sus inmuebles.
SENTIMIENTO DE DESAMPARO LEGAL
Las primeras 48 horas de ocupación son claves, ya que en ese periodo la policía tiene capacidad para desalojar a los okupas sin una orden judicial. Pero, pasado ese tiempo, los infractores se acogen al artículo 18 de la Constitución Española, en el que se recoge que «el domicilio es inviolable», de modo que nadie puede acceder a él sin consentimiento. Y, a partir de entonces, ya resulta muy complicado expulsarlos. De ahí que los propietarios de viviendas ocupadas se sientan desamparados.
Pamplona posee un grupo multidisciplinar para coordinar acciones contra la ocupación, de modo que es «menos atractiva» para los okupas.
Según detallan Rubén Martínez, abogado de R&R Tu solución legal, y Guillermo Lorea, del gabinete jurídico Iuris, la creación en Pamplona de un grupo multidisciplinar para coordinar actuaciones contra la ocupación de viviendas hace que sea una ciudad menos “atractiva” en comparación con otras zonas. Básicamente porque quienes se asientan en inmuebles ajenos sin permiso suelen intentar pasar desapercibidos, añade Martínez, quien recuerda que el fenómeno de la ocupación se vio agravado tras la crisis de 2008, debido a la inacción del sistema judicial y el efecto llamada, y que la ocupación ilegal incluye igualmente los impagos de la renta, la permanencia en la vivienda sin permiso tras la finalización del contrato de alquiler, etc.
Martínez considera que la solución a este problema ya existe, «pero lamentablemente falta valentía para llevarla a cabo». Y pone el ejemplo de las Islas Baleares, donde especifica que los cuerpos policiales desalojan a los okupas por comisión de un delito flagrante de allanamiento de morada o usurpación de vivienda: «Actuar de forma tan inmediata, por supuesto, puede conllevar una vulneración de derechos en caso de error. Por eso, hay que ser muy precisos en los casos en los que se procede de esta forma. A nuestro entender, esta actuación que se está llevando a cabo en las islas, debido a una instrucción del fiscal superior, podría fijarse como criterio uniforme en el territorio nacional».
Guillermo Lorea detalla que el número de casos está «estrechamente relacionado» con el de desahucios bancarios.
Guillermo Lorea achaca el problema al «vacío legal de la legislación civil» y a «la laxitud de la legislación penal».
Pero, dentro de España y con la misma legislación, la relación de casos de ocupación ilegal en unas regiones u otras está «estrechamente relacionado» con el número de desahucios bancarios. «Y los desahucios están vinculados con la situación económica. En ese sentido, Navarra está en un nivel de riqueza superior a la media española«, remarca.
Lorea desaconseja la vía penal por lenta e ineficaz en muchos casos. De hecho, las limitaciones que evidenciaba el ordenamiento jurídico llevaron a los legisladores a acometer una reforma para que, sin tener que recurrir a dicha vía, los afectados puedan encontrar una mejor respuesta de los tribunales: «No obstante, por la saturación de los juzgados, la falta de infraestructura de personal y de presupuesto y de vacíos legales, sigue siendo insuficiente».
Rubén Martínez: «La nueva ley de desahucio exprés solo se aplica a inmuebles de particulares y administraciones públicas. Deja fuera a empresas, bancos y fondos de inversión».
Al igual que Martínez, señala que la nueva ley de desahucio exprés prometía desalojar a los okupas en pocos días, «pero este teórico procedimiento rápido tan solo se aplica a inmuebles de particulares y administraciones públicas». De modo que «deja fuera a empresas, entidades con ánimo de lucro, bancos y fondos de inversión».
La norma, añade, tuvo una gran acogida en un inicio. Pero, dos años después de su entrada en vigor, su aplicación está quedando en entredicho: «No se trata de un problema de la ley en cuestión, sino de la logística que acompaña a dicha ley y de la saturación operativa de los juzgados. Como en otros ámbitos, los problemas no se resuelven solo a golpe de boletín oficial. Hacen falta partidas presupuestarias para aplicar las leyes. La solución vendría por una reforma legislativa más extensa y, sobre todo, por más medios materiales y humanos».
EN NAVARRA «NO ES UN PROBLEMA»
El director general de Vivienda, Eneko Larrarte, defiende que el fenómeno de la ocupación de viviendas residenciales privadas «no es, ni de lejos, un problema en Navarra». Y agrega que la bajada de casos apuntada por Interior está relacionada con el sistema de alquiler protegido, que según él «se ha reforzado de una manera considerable» en los últimos cinco años tanto en lo referente al parque de viviendas como a las subvenciones y las ayudas a familias inquilinas.
Eneko Larrarte: «Aunque evidentemente hay casos, son muy particulares y aislados«.
Así, la última modificación de la Ley Foral de Vivienda y la aprobación de la Ley Foral de Derecho Subjetivo a la Vivienda, en diciembre de 2018, «han reorientado totalmente la política de vivienda en Navarra».
Hoy, Nasuvinsa gestiona un parque de alquiler público de 997 viviendas y el Gobierno de Navarra se ha propuesto al menos duplicarlo al finalizar el Plan de Vivienda 2018-2028. Además, la Comunidad foral contabiliza un total de 5.292 familias en régimen de alquiler protegido. «Teniendo en cuenta el peso demográfico de Navarra, es un ratio muy alto en comparación con otras comunidades», concreta Larrarte, quien asevera que en el resto del país «no existe un sistema de subvenciones al alquiler» como el foral. «Aproximadamente, dos terceras partes de esas 5.292 familias alojadas en régimen de alquiler protegido reciben una subvención del 25 %, 50 % o 75 % en función de sus ingresos. Es decir, en el mayor nivel de subvención pagarían en torno a 112 euros al mes», puntualiza.
A todo esto se suman las ayudas complementarias aprobadas durante la pandemia; la existencia de una oficina de mediación, donde se brinda atención a personas con dificultades para el pago de su hipoteca o el alquiler; y el Fondo Foral de Vivienda Social, con 125 viviendas públicas gestionadas en colaboración con organismos sociales y ONG para alojar a personas en riesgo de exclusión social: «Todos estos recursos pueden explicar, en parte, por qué en Navarra el fenómeno de la ocupación de viviendas privadas no es un problema importante. Aunque evidentemente hay casos, son muy particulares y aislados».
