Jenaro González del Yerro, socio de Cremades & Calvo Sotelo lo dejó claro: “Vamos a trabajar para conseguir que los accionistas cobren. Hemos estimado la acción a 1,85 euros tras un informe pericial que hemos encargado, pero nosotros no vamos a cobrar nada por las acciones realizadas, solo el 20% de lo que se consiga, porque estamos convencidos de que vamos a ganar”.
Son 350.000 los accionistas afectados y, aunque no hay datos concretos de la Comunidad foral, “se sabe que Navarra tenía una exposición mayor que el resto de Comunidades por la implantación que tenía el Banco de Vasconia aquí”, explicó a navarracapital.es Arturo del Burgo, socio director de Cremades & Calvo Sotelo en Pamplona.
El despacho de abogados solo cobrará a los accionistas afectados, si ganan el caso.
Con motivo de la resolución del Banco Popular, la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) convocó esta asamblea informativa de accionistas navarros de la entidad en el Hotel Tres Reyes para informar de las actuaciones judiciales que van a emprender en defensa de sus intereses y a la que acudieron más de 200 personas.
Hubo tres puntos importantes en la asamblea: explicar la visión que el despacho tiene de la intervención del Banco el pasado 7 de junio, la documentación que necesitan los afectados para poner en marcha su demanda y la actuación que se va a realizar.
ACCIONES PRESENTADAS Y POR REALIZAR
Hasta ahora, el despacho de abogados ha interpuesto varias acciones en distintos frentes judiciales, que expuso Jenaro González: “En primer lugar, se presentó una denuncia en la fiscalía anticorrupción por la actuación del último consejo de administración, por el perjuicio tan numeroso que originó. Esa denuncia se acabó convirtiendo en una querella contra el señor Saracho (Emilio Saracho, ex presidente del Banco Popular). Esto en el ámbito penal”.
En el ámbito administrativo, el 7 de agosto se presentó el recurso contra Europa: “Interpusimos un recurso contencioso administrativo contra la JUR (Junta Única de Resolución) y que fue la que decidió en Europa la resolución del banco. Aunque curiosamente, ningún despacho ha conseguido el expediente entero, el que ha originado esta confiscación a tantos miles de personas, algo muy asombroso”.
Actualmente, Cremades & Calvo Sotelo representa a 6.000 antiguos accionistas, que representan un capital social del banco por encima del 3%, más de 400 son navarros, de momento. Pero antes del 5 de octubre, habrá un segundo recurso, donde se incorporarán más afectados.
Esta acción contra Saracho y Europa es compatible con quienes se acogen al bono de fidelización ofrecido por el Santander.
Además de ese recurso frente al tribunal de la Unión Europea, “se ha interpuesto un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional”. Y también “se piensa poner una demanda de reclamación patrimonial a la administración, porque AEMEC había denunciado hasta en dos ocasiones a la comisión nacional del mercado de valores que suspendiera las operaciones en corto del Banco Popular”.
El Santander compensa a los accionistas que acudieron a la ampliación de capital del 2016 o a la compra de deuda subordinada del 2011 poniendo en marcha el bono de fidelización. Para ello, debían renunciar a emprender acciones legales contra la entidad presidida por Ana Botín, pero puesto que las acciones de Cremades son contra Saracho y Europa, pueden sumarse a estas acciones.
CONDICIONES DE CREMADES & CALVO SOTELO
Los propietarios de acciones, preferentes o bonos del Banco Popular “deben demandar para conseguir que se haga justicia” y las condiciones que ofrece este despacho de abogados nacional que dispone de un despacho en Pamplona con 7 profesionales, son interesantes para los afectados ya que solo va a cobrar si hay éxito y las personas perjudicadas consiguen cobrar: “En el caso de ganar, cobraremos un 20% de lo conseguido, sino, cero”.
Tampoco va a haber gastos de procedimiento por parte de Cremades & Calvo Sotele. Los accionistas que ya presentaron la primera demanda con ellos tienen estas condiciones y las van a mantener para las nuevas incorporaciones.
Con respecto a las costas, en el caso de perder los juicios y que correrían a cargo de los accionistas, aseguraron que “no hay en la vía penal y tampoco suele haberlas en la vía europea”.
Finalmente, y como explicó Arturo del Burgo, la documentación que necesita el despacho por parte de cada uno de los propietarios es sencilla:
- Hoja de encargo profesional firmada (contrato de 3 páginas).
- Acreditar la titularidad de las acciones, que es el último extracto enviado por el banco, donde consta el número de acciones y el valor a cero.
- Un poder general para pleitos que nos faculte a representarlos. Se podrá otorgar en la notaría de Joaquín Pitarque (Avenida Baja Navarra, 1), donde no es necesario cita previa, pero sí llevar el DNI.
Para poder formalizar el recurso, se deberá presentar esta documentación en las oficinas de Cremades & Calvo Sotelo en Yanguas y Miranda 1, antes del 29 de septiembre.