La Asociación de Constructores y Promotores de Navarra (ACP) anunció este martes su oposición a la modificación legislativa impulsada por PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin para establecer la calificación permanente de la VPO de alquiler.
«Aunque se presenta como una medida para estabilizar el parque de vivienda protegida, consideramos que tendrá el efecto contrario: impedirá la construcción de nuevas promociones de VPO de alquiler y reducirá drásticamente la capacidad de Navarra para aumentar su oferta», criticó.
En este sentido, el colectivo cree necesario trasladar a la sociedad y a los responsables políticos varios aspectos que, a su juicio, «no han sido tenidos en cuenta durante la tramitación de esta iniciativa»:
- La medida se plantea «como una respuesta a situaciones concretas vinculadas a fondos de inversión». Sin embargo, muchas de las promociones que han motivado este debate «ya habían perdido la condición de vivienda protegida, por lo que esta modificación no resolverá de forma efectiva los casos que se utilizan para justificarla».
- Además, sus efectos «recaerán sobre empresas familiares navarras que llevan décadas promoviendo vivienda protegida de alquiler». Según los datos recabados por ACP, las empresas navarras tienen 557 viviendas afectadas hasta 2030, y 773 más hasta 2054, frente a unas 67 vinculadas a fondos de inversión: «La reforma terminaría perjudicando, por tanto, a quienes están sosteniendo mayoritariamente el parque de VPO en alquiler en Navarra».
- «Conviene recordar que la iniciativa local ha sido imprescindible para que Navarra cuente hoy con un parque de vivienda protegida en alquiler», agregó.
La ACP indicó que más de dos tercios de estas viviendas han sido promovidas por empresas navarras o mediante fórmulas de colaboración público-privada. «Sin esa participación, la Administración difícilmente habría podido generar por sí sola la oferta existente». «La pérdida de calificación no ha dejado familias en la calle. Durante años, los promotores navarros han buscado soluciones para los inquilinos cuando algunas promociones han finalizado su periodo de protección, sin que se hayan producido situaciones de desprotección ni conflictos sociales», defendió el colectivo.
Por otro lado, la asociación precisó que la reforma «introduce una grave inseguridad jurídica porque altera de forma unilateral y retroactiva la normativa bajo las que estas viviendas fueron promovidas». Eso «compromete la viabilidad de nuestras empresas y la confianza para volver a invertir en VPO de alquiler a futuro». «La estabilidad del parque de VPO de alquiler no se garantiza únicamente prolongando la protección de las viviendas existentes. Exige necesariamente que se sigan construyendo nuevas promociones. En Navarra, esa construcción depende en gran medida de la iniciativa privada. Si la reforma hace inviable promover nueva VPO de alquiler e introduce elementos de incertidumbre jurídica, el parque protegido seguirá disminuyendo», auguró.
La entidad lamentó, además, que una reforma de este alcance «se haya impulsado sin diálogo previo con los agentes que han participado históricamente en la promoción de vivienda protegida en Navarra»: «Reiteramos nuestra disposición a colaborar con las administraciones y los grupos parlamentarios para impulsar soluciones que permitan aumentar la oferta de vivienda asequible de forma sostenible y duradera. El sector navarro de la construcción es parte de la solución al grave problema de acceso a la vivienda».
