Potenciar los planes de pensiones de empresa es una de las soluciones puestas sobre la mesa por el Gobierno de España para afrontar el gran reto del envejecimiento. Nuestro país encabeza, junto a Francia, el ranking de los países europeos donde se vive más años con buena salud. La OMS calcula que los españoles vivirán así una media de 73,8 años, mientras que la siguiente década, hasta los 83, lo harán de forma dependiente. Una realidad que exigirá más recursos para el mantenimiento de su calidad de vida.
Los planes colectivos suponen el 3 % del PIB en España, unos 35.000 millones de euros. Se trata de «una cifra bajísima», según el ministro Escrivá.
«La economía española afrontará compromisos financieros por el envejecimiento por un importe del 24,6 % de PIB, hasta 2030», señala Ángel Chocarro, decano del Colegio de Economistas de Navarra. Según detalla, el hundimiento de la rentabilidad del bono español a diez años y el incremento de los salarios hizo que, a principios de 2020, el sistema público de reparto fuera socialmente más óptimo que el sistema de capitalización: «Pero esta situación puede dar la vuelta si se mantiene la tendencia alcista de la prima de riesgo y la destrucción de empleo y salarios derivada de la pandemia».
José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Gobierno de España, indicó recientemente que uno de cada dos trabajadores en Francia está adherido a un plan de pensiones colectivo, mientras que en España tan solo uno de cada seis. Este tipo de planes suponen el 3 % del PIB de España, unos 35.000 millones de euros, «una cifra bajísima» a ojos de Escrivá.
José María Aracama: «Aunque las empresas estén dispuestas a colaborar en la jubilación de sus empleados, en este momento tal vez no puedan«.
En España, el gravamen impositivo durante la vida laboral en España es elevado y una manera de reducir la base imponible de la declaración de la renta es invirtiendo en planes de pensiones. En este sentido, los individuales se han desarrollado más que los colectivos de empresas. Los primeros suman 75.000 millones de euros, más del doble que los segundos. Caso aparte es el País Vasco, que cuenta con la extensión de la figura de las entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV), «cuyo ahorro acumulado, desde su creación en 1982, asciende al 38 % del PIB regional, muy cerca de la media europea», indica Chocarro.
PREMIAR AL TRABAJADOR
Ante esta situación, el Gobierno central anunció recientemente la creación para el próximo año de un fondo público de empleo, que facilite la adhesión de los trabajadores a planes de ahorro a largo plazo. Concretamente, los Planes de Pensiones de Empleo (PPE) son una modalidad de los planes de pensiones, que promueven las empresas y se rigen según lo establecido en los convenios colectivos. Dichas aportaciones son fomentadas por aquellas compañías que «quieren premiar a sus trabajadores, ya que son un beneficio social muy apreciado», indica María Castañeda, tesorera del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. La compañía, en vez de incrementar los salarios, opta por otro tipo de prestación, con otras ventajas. «Los empleados se sienten más motivados con este tipo de instrumentos que, por otra parte, no pueden discriminar a ningún trabajador», apostilla Castañeda.
Así, cada persona tendría una aportación continua a un plan de pensiones desde que empezase a trabajar para poder ahorrar y llegar a su jubilación con un complemento significativo al público. Pero la gestión de este fondo será privada. «Realmente no sé si es el momento adecuado. Muchas empresas están muy castigadas por el Covid-19 ,y aunque estén dispuestas a colaborar en el ahorro para la jubilación de sus empleados, en este momento tal vez no puedan. El Ejecutivo debería incentivar este ahorro», apunta José María Aracama, presidente del think tank Institución Futuro.
Ángel Chocarro: «La pandemia no ayuda a la instauración de planes de empleo cuando hay numerosas empresas en situación crítica, luchando por su supervivencia».
Del mismo modo piensa Chocarro, quien hace hincapié en la necesidad de aplicar incentivos fiscales y no fiscales para que las pymes puedan encarar este sistema: «La situación generada por la pandemia no ayuda a la instauración de planes de empleo cuando hay numerosas empresas en situación crítica, luchando por su supervivencia y el mantenimiento del empleo».
A juicio de Fernando San Miguel, responsable de Estudios Económicos y Proyectos Europeos en la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Navarra, la iniciativa en sí resultaría positiva para el ahorro, ya que «dotaría a muchos trabajadores de un plan que, de otra manera, no contratarían». No obstante, podría afectar negativamente al salario que realmente perciben, «y esto a su capacidad de consumo». Además, advierte de que podría desincentivar la contratación de planes privados individuales, si la rentabilidad de estos últimos resulta ser menor o su tratamiento fiscal es peor al de los planes colectivos. «Depende de cómo se diseñen, pueden suponer nuevas cargas para las empresas con un posible impacto negativo sobre la contratación o los salarios. Además, estarían sujetos a la evolución de la economía y las empresas. En periodos de crisis como la anterior o la actual pandemia, la contribución a estos planes se vería comprometida».
Fernando San Miguel: «Los planes colectivos podrían suponer nuevas cargas para las empresas y tener un impacto negativo sobre contratación y salarios».
A la hora de concretar los planes colectivos, los representantes de la empresa y de los trabajadores son quienes definen la política de inversión. Se pueden realizar diferentes aportaciones, de mayor o menor importe, según la categoría profesional o lo pactado en los convenios colectivos empresariales o del sector. «Yo, particularmente, los veo como un beneficio, en ningún caso como una pérdida. Pero depende, en este sentido, de qué valoren más los trabajadores, si prefieren una mejora en la remuneración o un plan de futuro», valora Castañeda. Ahora bien, la representante del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra no ve «nada sencillo» implantar esta fórmula en las empresas navarras, fundamentalmente por «la falta» de cultura aseguradora, «aunque es cierto que, poco a poco, en España nos vamos concienciando de que los seguros no son un gasto, sino una inversión».
Según su experiencia, en el tejido empresarial navarro no está muy desarrollada la implantación de los planes de pensiones colectivos salvo en organizaciones con cierto tamaño, que tengan un acuerdo de empresa. «Algunas ya lo tienen, y en su caso, obligará a las pequeñas a agruparse para lanzarlos», matiza Francisco Esparza, presidente de ADEFAN. «El argumento aportado por la administración para dar paso a los planes colectivos es acotar los gastos de gestión y un mayor control sobre los mismos».
PERJUICIOS EN LA FISCALIDAD
El Gobierno central, además, reducirá drásticamente los topes máximos de desgravación fiscal para los planes de pensiones individuales. Hasta ahora, una persona que tuviera un plan privado podía desgravarse hasta 8.000 euros anuales al realizar la declaración de la renta. Con los cambios de fiscalidad propuestos, el límite será de 2.000 euros. En cambio, el borrador de los Presupuestos Generales del Estado para 2021 eleva la desgravación en las aportaciones a planes de colectivos hasta los 10.000 euros anuales.
Francisco Esparza: «Algunas empresas de gran tamaño ya lo tienen, y en su caso, obligará a las pequeñas a agruparse para lanzarlos».
«El Ejecutivo pretende modificar el régimen de desgravaciones fiscales de estos productos, de modo que se priman los planes de pensiones colectivos al tiempo que empeora el régimen tributario de los planes de pensiones individuales«, señala el presidente del think tank Institución Futuro.
El hecho de que se baje la aportación de los 8.000 a los 2.000 euros, según Castañeda, «perjudicará mucho a la población, ya que los planes de pensiones privados eran de los pocos instrumentos que se utilizaban para la reducción de la base imponible». Es, en definitiva, «una medida puramente recaudatoria, que incrementará la cuota a pagar en la declaración de la renta», advierte la tesorera del Colegio de Mediadores de Seguros de Navarra. A su juicio, cualquier instrumento que contribuya a fomentar el ahorro «es positivo», pero debe ir acompañado de ventajas fiscales. «En este caso, se está perjudicando al plan de pensiones individual en favor del plan de pensiones colectivo o de empleo cuando hay gran cantidad de empresas que no implantan este sistema de previsión dentro de sus organizaciones».
Desde el gobierno se pretende que se utilice el camino de los planes de pensiones colectivos «a los que se les otorga un mejor trato fiscal», confirma el representante de ADEFAN.
POTENCIAR OTROS MODELOS
Ante este reto, el decano del Colegio de Economistas de Navarra considera necesario potenciar modelos de jubilación activa mucho más flexibles que los actuales; desincentivar el retiro temprano; instaurar mecanismos de conversión en liquidez de la vivienda, ya que el 74 % del ahorro familiar está materializado en inmuebles; e «incrementar la oferta de productos financieros que invierten en función del ciclo vital, planes de ahorro sistemáticos o seguros».
María Castañeda: «Particularmente, los veo como un beneficio, no como una pérdida. Pero depende de qué valoren más los trabajadores, si prefieren una mejor remuneración o un plan de futuro».
Para Aracama, la apuesta de primar el ahorro a través de un plan colectivo es «muy interesante». Pero no está de acuerdo con que el Ejecutivo se plantee crear un fondo público de empleo que, aunque tenga una gestión privada, «quita protagonismo a la iniciativa privada».
Desde su experiencia, resalta que el trabajador tiene una tercera opción de ahorro. «Estoy pensando en inversiones inmobiliarias, fondos de inversión etc. Deberíamos planificar nuestra pensión para que venga, a poder ser, de cuatro sumandos: la pensión pública, el plan de pensiones colectivo, el plan de pensiones individual y otras inversiones alternativas», desglosa.
