En 2018 se han rehabilitado más de 4.600 viviendas en Navarra, un 30% más que las rehabilitadas en estas fechas de 2017. Los expedientes tramitados suponen una inversión de más de 54 millones de euros.
El vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, el director del Servicio de Vivienda de Derechos Sociales, Javier Etayo, y el responsable de la Oficina de Rehabilitación de Viviendas y Edificios (ORVE), Federico Rosas, han explicado la evolución de la rehabilitación protegida de viviendas durante 2018.
En el mismo acto se han presentado los premios ‘Biziberri Navarra Rehabilita’, en colaboración con la sociedad pública Nasuvinsa y las Oficinas de Rehabilitación. La finalidad de esta iniciativa es premiar las mejores rehabilitaciones llevadas a cabo en la Comunidad Foral y reconocer el trabajo y esfuerzo de las personas promotoras, arquitectas y técnicas que posibilitan la mejora del parque residencial.
REHABILITACIÓN EN NAVARRA
Durante estos 10 meses se ha iniciado la rehabilitación de 4.653 viviendas, casi un 30% superior al mismo período de 2017 y un 57% respecto a 2016, año en el que se aprueba la reforma de las ayudas a la rehabilitación, mediante la modificación de la Ley Foral 10/2010, del derecho a la vivienda en Navarra.
Los expedientes tramitados suponen una inversión de 54 millones, lo que llevará a la creación de 3.000 puestos de trabajo.
El Vicepresidente de Derechos Sociales, Miguel Laparra, ha destacado que, “la rehabilitación es un instrumento fundamental en las políticas de vivienda y recuperación del tejido urbano en la ciudad construida, siendo, junto a las políticas de promoción del alquiler social, una de las grandes prioridades de la presente legislatura”.
Los expedientes tramitados suponen una inversión a llevar a cabo de algo más de 54 millones de euros durante este 2018, lo cual supone un crecimiento del 27% con respecto a 2016. Ese importe repercute directamente en la creación de empleo: con una ratio estimada de 56 puestos de trabajo por cada millón de inversión en rehabilitación, los 54 millones de euros de inversión generarían más de 3.000 puestos de trabajo.
El incremento de viviendas rehabilitadas conlleva también un incremento de las subvenciones concedidas. Así, los titulares de los 1.180 expedientes tramitados resultan beneficiarios de 18.839.426,80 euros, una cifra un 28% superior a las subvenciones concedidas en 2016.
AYUDAS ECONÓMICAS
Desde el 1 de enero de este año, las subvenciones concedidas a las comunidades de vecinos por obras de rehabilitación protegida, están exentas de tributación siempre que se atribuyan a sujetos pasivos con rentas inferiores a 30.000 euros. La medida ya tiene efectos positivos, y este año se han incrementado un 30% los expedientes promovidos por comunidades de propietarios y propietarias.
Las subvenciones concedidas están exentas de tributación siempre que se atribuyan a sujetos pasivos con rentas inferiores a 30.000 euros.
La convocatoria de subvenciones por rehabilitación permanece abierta todo el año, y al no ser un procedimiento de concurrencia competitiva (no existe un monto a repartir entre los distintos expedientes), se conceden todas las subvenciones solicitadas que cumplan los requisitos. Este procedimiento, único en España, agiliza mucho la tramitación de expedientes.
Asimismo, las ayudas existentes son compatibles con las ayudas del Programa Pareer II, para comunidades de propietarios, y concedidas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDEA), organismo dependiente del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. Navarra es una de dos únicas comunidades autónomas españolas que han obtenido la declaración de compatibilidad.
También, hay que recordar que existen 9 oficinas de Rehabilitación, dispersas por todo el territorio, y donde arquitectos y arquitectas, superiores, así como personal técnico, se dedican a ayudar y asesorar a las personas que quieren tramitar un expediente de rehabilitación.
“Con el impulso a la rehabilitación de vivienda aunamos muchos objetivos como la mejora de la calidad de vida, la eficiencia energética y reducción de la pobreza energética, la protección ambiental, la creación de empleo y el impulso al crecimiento económico”, ha concluido Laparra.
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