viernes, 12 agosto 2022

Navarra impulsa una normativa para regular las comunidades energéticas

El consejero Mikel Irujo presentó este martes el proyecto de orden foral, por el que el Ejecutivo foral pretende otorgar seguridad jurídica a dichas figuras. El borrador, que estará disponible en el Portal de Transparencia, incluye aspectos como la posible constitución de derecho de superficie, la utilidad pública de las comunidades energéticas o la integración de consumidores vulnerables en ellas. Así mismo propone iniciativas como la creación de oficinas de apoyo a su constitución o la implantación de una ventanilla única para los trámites a seguir.

Redacción
Pamplona - 22 febrero, 2022

El consejero Mikel Irujo presentó este viernes el Observatorio Empresarial de Navarra. (Foto: archivo)

El consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, presentó este martes un proyecto de orden foral de regulación de las comunidades energéticas en Navarra. La iniciativa se publicará en el Portal de Transparencia del Gobierno de Navarra como información pública para “iniciar un proceso participativo del que recoger ideas e impulsar en la Comunidad foral lo establecido en la normativa europea”.

Según informó el Ejecutivo foral, Irujo explicó que, a pesar de que algunos de los aspectos de desarrollo de las comunidades energéticas recaen en competencias estatales, desde el Gobierno navarro consideran “oportuno tomar la iniciativa de regular aquellos que recaen en competencias propias, manteniendo por la tanto la seguridad jurídica al mismo tiempo que completamos cierto vacío legal”.

Mikel Irujo: “Es oportuno regular aquellos aspectos que recaen en competencias propias, manteniendo por la tanto la seguridad jurídica, al mismo tiempo que completamos cierto vacío legal”.

Las comunidades energéticas ya están reconocidas en la normativa de la Unión Europea. El plazo para la transposición de ambas directivas venció a mediados del 2021, “no habiéndose realizado por el Estado más que alguna transposición parcial”. No obstante, las directivas europeas obligan a dotar de un marco jurídico favorable que garantice los derechos, facultades y obligaciones recogidas en la normativa de la UE y, con ello, la consecución de los objetivos de una producción descentralizada de electricidad procedente de fuentes renovables y hacia mercados descarbonizados.

Al mismo tiempo, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de mano del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), lanzó el pasado mes de diciembre las primeras ayudas del PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento para proyectos piloto de comunidades energéticas. Dotada con 40 millones, el objetivo es impulsar unos cuarenta proyectos innovadores de comunidades energéticas. Dicha convocatoria, a juicio del Ejecutivo foral, ya está provocando un dinamismo en la configuración y creación de las mismas.

ACTUACIONES DE APOYO

Hasta el momento, el Gobierno navarro ha llevado a cabo diversas actuaciones de apoyo a las comunidades energéticas. Por un lado, elaboró y publicó el pasado mes de agosto un estudio en el marco del programa Life Nadapta sobre el estado de las comunidades energéticas, incluyendo un informe comparado y dificultades encontradas para su desarrollo. Además, ha prestado asistencia técnica a diversos entes locales que así lo solicitaron. Por último, organizó el primer Congreso Europeo de Comunidades Energéticas, celebrado el pasado mes de diciembre.

Así mismo, el proyecto de Ley Foral de Cambio Climático y Transición Energética de Navarra incluye medidas de apoyo a dichas comunidades, así como una modificación de la Ley Foral de Cooperativas.

El borrador de la orden foral incluye también aspectos técnicos como el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de instalaciones de autoconsumo.

El contenido del borrador de orden foral que se expondrá a información pública incluye aspectos como la definición, forma jurídica y tipos de energía o los requisitos exigidos para que las comunidades de energía sean consideradas como tales. Entre ellos, los relativos a la participación voluntaria y abierta y al control efectivo. Por otro lado, desarrolla un régimen de derechos y obligaciones aplicable tanto a la comunidad de energía como a sus miembros. También quedan recogidas la “posible constitución de derecho de superficie por parte de las administraciones públicas, la utilidad pública o consideración de interés social o la integración en las comunidades de energía de aquellas personas que tengan la condición de consumidores vulnerables”.

El documento también entra en aspectos más técnicos, como el procedimiento de otorgamiento de autorizaciones de instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica, y abre la puerta a crear oficinas de apoyo a la constitución de comunidades de energía (que gestionaría la línea de ayudas convocadas por el IDAE). Por último, se contempla también la posibilidad de implantar una ventanilla única y un registro público, con el objeto de facilitar a la ciudadanía el conocimiento de los diferentes trámites a seguir y documentos a presentar entre otros aspectos.

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