Navarra percibirá este año un total de 34 millones para políticas de empleo. Por un lado, recibirá 25.582.648 euros del Ministerio de Trabajo y Economía Social, presupuesto que será gestionado por el Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL). Así se decidió en la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, donde se acordó la distribución territorial de 2.111 millones de euros para implementar políticas activas de empleo “de nueva generación”. A esa cantidad se suman los 8,9 millones aprobados por el Consejo de Ministros, a instancias del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para formación para el empleo acreditable. Esta última cuantía que será gestionada por el Departamento de Educación, “que asume nuevas competencias”, así como por el SNE-NL.
Del total de esta cuantía, se destinarán 10,6 millones de euros a la puesta en marcha de actuaciones formativas, “principalmente para personas ocupadas o desempleadas”. Po otra parte, otros 14 millones irán dirigidos a generar oportunidades de empleo para colectivos vulnerables y al refuerzo de los servicios de orientación o de apoyo al emprendimiento. Finalmente 864.560 euros se destinarán a la modernización del SNE-NL.
En la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales participaron la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, y la directora gerente del SNE-NL, Miriam Martón.
La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, y la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare (SNE-NL), Miriam Martón, conocieron dichos importes este miércoles, en el seno de la conferencia en la que participaron representantes de todas las Comunidades Autónomas. “Sabemos con qué fondos vamos a contar este año, lo que facilitará la gestión.
En estos momentos tan críticos para España, clarificar el escenario presupuestario es clave para poder planificar las políticas activas de empleo conforme a las necesidades de las diferentes CCAA”, manifestó la consejera.
En el encuentro sectorial también se estudió el borrador de la Estrategia Española de apoyo activo al empleo 2021 -2024, que se ha elaborado “en un tiempo récord” bajo el liderazgo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Asimismo, se abordó el programa de Garantía Juvenil Plus 2021-2027, que contempla políticas de activación y de reducción del desempleo en menores de 30 años.
SEGUIMIENTO SEMESTRAL
La cuantía otorgada a Navarra por parte del Ministerio del Trabajo y de Economía Social (25,5 millones de euros) contempla partidas dirigidas a la puesta en marcha de servicios y programas de políticas activas de empleo y formación, a la gestión de oportunidades de empleo y formación, a la gestión de iniciativas del sistema de Formación Profesional para el Empleo (no vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales) y a la modernización de los servicios públicos de empleo.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia contempla otros 688 millones, para los que todavía no se han fijado criterios de repartición.
Asimismo, se contemplan asignaciones específicas para acciones formativas con itinerarios de formación, acompañamiento personalizado y compromiso de contratación para personas desempleadas en procesos de recolocación y vinculadas a ocupaciones de sectores estratégicos; acciones formativas para trabajadores en ERTE; y acciones dirigidas a la atención a menores de 30 años, con el objetivo de que estos puedan obtener una cualificación profesional en sectores “estratégicos” mediante contrato formativo. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se sumarán a estos fondos otros 688 millones de euros adicionales para los que todavía no se han fijado criterios de distribución.
Ninguna comunidad autónoma recibirá una cantidad inferior a la que se le transfirió en 2020, tal y como indicó el Ejecutivo central. Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Navarra subrayó en un comunicado que los fondos destinados a la formación tendrán “una referencia especial a los indicadores de seguimiento”.
“Todos estos créditos serán objeto de un seguimiento semestral a través de un informe específico de nueva implantación”, informó. De manera general, se establecerán indicadores de impacto para todos los fondos. Así, se verificará la empleabilidad de las personas beneficiarias a los 6,12 y 18 meses de haber recibido dicha transferencia. Las comunidades autónomas apoyaron mayoritariamente el reparto final resultante. En concreto, solo se emitió un único voto en contra, por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
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