Adriana Maldonado.
Los nuevos tiempos, las nuevas necesidades políticas y los actuales retos de la Unión Europea requieren de la adaptación y de la renovación de la legislación europea a los nuevos estándares de sostenibilidad, digitalización y resiliencia.
Razón que también ha marcado la modernización de una de las políticas más antiguas e importantes de la historia de la Unión Europea: la Política Agraria Común (PAC). Su aprobación se acometió en el pleno del Parlamento Europeo de la semana pasada en Estrasburgo, tras el acuerdo político alcanzado en junio. La cual, tras tres años de negociación, moderniza la futura PAC asegurando la adecuación a criterios sociales y de sostenibilidad en la agricultura europea de los próximos seis años. Lo hace mediante tres reglamentos que abordan los planes estratégicos nacionales de los Estados miembros, la financiación y el seguimiento de la PAC y la organización común de mercados (OMC).
La nueva PAC permitirá mantener un equilibrio entre la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas y el compromiso climático reafirmado este mes de noviembre en la COP26 de Glasgow. En ella, los compromisos mundiales por la sostenibilidad y la neutralidad climática siguieron avanzando en una buena dirección con cada vez más países comprometidos de forma decidida con este gran reto. Especialmente en los compromisos de reducción del uso del carbón y combustibles fósiles y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono en un 45 % para 2030. No obstante, todavía quedan muchos pasos que dar en esta línea y la necesidad de hacerlo aún más rápido.
En concreto, esta nueva PAC, que moviliza un tercio del presupuesto europeo, es coherente con los objetivos del Pacto Verde Europeo y avanza en la senda de garantizar la neutralidad climática europea. Lo hace por medio del desarrollo de tres elementos clave. El primero, la condicionalidad reforzada, que instaura una serie de buenas prácticas medioambientales de obligado cumplimiento para acceder al pago de la PAC, denominado renta básica para la sostenibilidad y apoyado por sistemas de control y sanciones de los Estados miembros. En segundo lugar, los ecoesquemas, que recompensan a quienes decidan implementar prácticas con un valor medioambiental superior al de la condicionalidad reforzada. Y, en tercer lugar, la fijación de al menos el 35 % de los fondos de Desarrollo Rural para medidas de alto valor medioambiental, como la agricultura ecológica o la silvicultura.
«Esta PAC también es más social, ya que incluye dos perspectivas hasta ahora no abordadas: la mujer rural y la juventud agrícola».
Pero si algo es especialmente relevante de esta reforma para Navarra, es el impulso a la transición del modelo agrícola europeo hacia una intensificación de la innovación y del fomento de una agricultura de calidad, competitiva, segura y más ecológica. Modelo en el que Navarra es pionera en toda Europa y en el que seguirá creciendo gracias al proyecto Ebro Food Valley, que prepara el Gobierno de Navarra en el marco de los fondos europeos Next Generation EU y el PERTE agroalimentario español. Una agroindustria navarra que no es solo líder, sino también motor económico y social. Un sector que debe seguir trabajando en la línea de los objetivos de la Unión Europea: ser más sostenible, más digital y más social.
Por ello, es fundamental el impulso de alternativas innovadoras e instrumentos para llevar a cabo esta transición ecológica, que nos permita mantener nuestra soberanía alimentaria en Europa de forma sostenible y climáticamente neutra. Alternativas para consolidar e instaurar un nuevo modelo agrícola en Europa, en el que Navarra debe y puede ser una potencia agrícola e innovadora.
Sin embargo, esta PAC también es más social, ya que incluye dos perspectivas hasta ahora no abordadas: la mujer rural y la juventud agrícola. Así, recoge la igualdad de género y las ayudas otorgadas a la juventud dedicada a labores agrícolas y ganaderos, tratando de impulsar el relevo generacional en el sector primario. En el caso de Navarra, el sector está compuesto en más del 60 % por personas mayores de 50 años y solo el 3 % de los agricultores y las agricultoras tienen menos de 30 años (78 personas exactamente).
Además, la nueva Política Agraria Común sigue profundizando en garantizar los derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras agrícolas, a través de la obligatoriedad de respetar las normas vigentes en materia de derechos laborales y la asignación de al menos el 10 % del presupuesto para pequeñas y medianas explotaciones. Si no se cumplen los derechos, no se cobrarán las ayudas.
«Navarra debe y puede ser una potencia agrícola e innovadora».
Probablemente, ambas políticas necesiten seguir renovándose en los próximos años, seguir corrigiendo aquellos errores que observemos en su implementación. Pero esa es la clave, renovarse, tener claro el rumbo hacia una Europa y un sector agrícola más sostenible, más digital, más innovador y más social. Un sector donde la neutralidad climática, el bienestar social y el beneficio de los agricultores y ganaderos converjan un mismo modelo europeo. De hecho, esta idea la instauró Miguel de Unamuno con su famosa frase «el progreso consiste en renovarse».
Adriana Maldonado
Eurodiputada socialista
