La crisis sanitaria ha tenido efectos devastadores. Además de muerte y enfermedad, ha azotado a miles de familias en lo económico, lo emocional y lo laboral. Una parte de la ciudadanía sufre necesidad mientras que la economía de las casas, de las pymes, el trabajo autónomo, el comercio, la cultura, las personas dependientes, la infancia, adolescentes y mayores tienen carencias.
El tejido industrial y las clases trabajadoras han comprobado que las distorsiones del actual modelo económico, laboral, social y medioambiental injusto no solo no aportan soluciones. También ha agravado los problemas ya existentes e, incluso, podría ir a peor dejando a muchas personas atrás si el modelo y las respuestas no cambian.
La política presupuestaria, en particular los Presupuestos de 2022, puede ser un instrumento muy eficaz para mejorar las condiciones de vida de las personas, recuperar las economías y avanzar en una sociedad más equitativa y con más bienestar. Para todos y todas. En ese sentido, el próximo proyecto de Presupuestos puede marcar la senda de la recuperación con criterios de crecimiento económico vinculados a la justicia social.
Por ello, respecto a la política del gasto y la inversión, nosotros y nosotras priorizamos y priorizaremos:
- La renta garantizada y las ayudas a las familias para que lleguen a todo/a el que lo necesite.
- El derecho efectivo a la vivienda con un parque suficiente de vivienda púbica.
- El desarrollo de la I+D+i con potente liderazgo púbico que ponga los logros al servicio de la gente.
- Las ayudas a autónomos, pymes y la economía social.
- La promoción de la ganadería extensiva, la agricultura verde y las explotaciones familiares.
- La potenciación de la enseñanza pública.
- La promoción del acceso al empleo a mujeres y jóvenes.
- El refuerzo de la atención primaria en salud.
- El desarrollo del Plan de Empleo.
- La estabilidad en el empleo del funcionariado.
- Una financiación local suficiente para abordar retos y necesidades de cada localidad.
- La creación de una banca pública que dé crédito a las familias, pymes, personas trabajadoras autónomas, empresas, etc.
- La creación de una empresa pública de energía que controle los precios.
- El desarrollo del sector cultural.
- La lucha contra el cambio climático.
- La inversión en infraestructuras con beneficio social.
Además, se ha de actuar para aumentar los ingresos de las arcas públicas a través de unos impuestos justos y necesarios. Se trata de reformar un sistema fiscal que, al ser injusto con las clases trabajadores, con las rentas medias y bajas, deja de recaudar anualmente millones de euros de los grandes beneficios empresariales. Unos beneficios que, por cierto, aportan muy poco.
Las grandes empresas en Navarra gozan de un tipo impositivo mucho menor que las rentas de los trabajadores y las trabajadoras. Hay un fuerte desequilibrio en contra de las rentas del trabajo y muy favorable para los beneficios empresariales que, además, gozan de un amplio menú de desgravaciones fiscales.
“Los Presupuestos pueden marcar la senda de la recuperación con criterios de crecimiento económico vinculados a la justicia social”.
Es radicalmente injusto que la recaudación por IRPF haya pasado, en 20 años, de representar el 29,7 % de todo los ingresos públicos en el año 2000 al 42,4 % en el 2020. Y que, por el contrario, en el mismo período, la recaudación por el Impuesto de Sociedades ha pasado del 13,4 % del total en 2000 a solo el 7,2 % en 2020. Esta situación, ya de por sí injusta, se ha de corregir en estos momentos donde cubrir las necesidades de la gente debe ser una prioridad para que nadie se quede atrás.
El crecimiento en 264 millones de euros del techo de gasto, anunciado por el Gobierno de Navarra, abre buenas expectativas para que este proyecto incorpore un importante aumento del gasto social, tan necesario en el momento presente. Un incremento que debiera ir encaminado a reforzar los servicios y prestaciones púbicas, así como a nuevas inversiones en la recuperación de la economía de las familias, de las pymes, autónomos, el pequeño comercio y de los sectores más castigados por la crisis sanitaria.
Ahora bien, es preciso hacer un análisis real de la situación presupuestaria. Por un lado, 162 millones del total de los 264 millones antes citados corresponden a la llegada de fondos europeos, unos ingresos que no se consolidan para años venideros. Por otro lado, la enorme deuda acumulada aumentará en 200 millones más. Es decir, el aumento presupuestario se consigue a través de los fondos europeos (¡bienvenidos!) y de un importante aumento de la deuda pública que necesariamente hay que pagar e hipotecará otros presupuestos así como a generaciones venideras.
Es evidente que el debate fiscal no se puede eludir. La necesidad de una reforma fiscal justa que aumente los ingresos propios de las arcas forales es urgente y necesaria. Somos conscientes de que no será suficiente para modificar un modelo de marcado carácter capitalista que si no se cambia seguirá beneficiando a unos pocos y continuará generando desigualdad.
Marisa De Simón
Portavoz parlamentaria de Izquierda-Ezkerra
