María Jesús Valdemoros.
Los Presupuestos de cualquier Administración Pública tienen una importancia capital para el poder ejecutivo correspondiente. Desde un punto de vista meramente político, su aprobación casi constituye una condición necesaria para el normal transcurrir de una legislatura. Desde el punto de vista económico, los Presupuestos representan la principal herramienta con que la acción de los gobiernos incide de una manera directa en la actividad productiva y en la provisión por parte de la Administración de los servicios al ciudadano, al concretar los programas políticos en una gestión y utilización de recursos públicos.
El caso de Navarra no es, desde luego, una excepción. De hecho, que nuestro Gobierno lo forme una coalición de partidos hace incluso más evidente la verdad de las afirmaciones anteriores. También complica la elaboración y la aprobación de los Presupuestos Generales -máxime, como es el caso en Navarra, donde los partidos que gobiernan lo hacen en minoría-, pues se han de buscar soluciones de compromiso entre posiciones más o menos alejadas dentro y fuera del propio Gobierno. Esto no es necesariamente malo; es más, puede ser bueno si de la diversidad de opiniones surgen puntos de encuentro y un consenso que permitan atender a sensibilidades distintas.
Pero puede resultar igualmente malo si grupos minoritarios terminan ejerciendo algo similar al poder de veto que le puedan conferir las matemáticas parlamentarias. Esto sucede en Navarra, donde el partido que lidera la coalición gobernante ha renunciado a muchos de sus planteamientos originales, aceptando ahora lo que rechazaba sin matices en la anterior legislatura. La fiscalidad más onerosa que soportamos es un ejemplo muy claro de esa realidad. Es así mismo un ejemplo de cómo la fijación por determinados objetivos de la política fiscal pone en peligro la consecución de otros, al perder de vista las disyuntivas y complementariedades que existen entre ellos.
“La coalición gobernante ha renunciado a muchos de sus planteamientos originales, aceptando ahora lo que rechazaba sin matices en la anterior legislatura”.
Quiero centrarme en esta última idea. Ahora que se inicia el proceso presupuestario en la Comunidad foral, desde Navarra Suma hacemos un llamamiento para que los Presupuestos de 2022 respondan de una forma equilibrada a los distintos objetivos que ha de perseguir la política fiscal en su manejo del gasto público y de los ingresos tributarios. Por un lado, esta política debe desempeñar una función asignativa, llevando recursos a finalidades naturales de la administración pública, en especial a la prestación de servicios públicos. De otra parte, le corresponde también una función redistributiva, que traslade recursos de quienes más tienen a quienes menos tienen. Por último, le es propia una labor de fortalecimiento de la competitividad de la economía y de estabilización ante las fluctuaciones del ciclo económico.
En la anterior legislatura y en la primera mitad de la actual, el quehacer presupuestario ha sido el de la reasignación y la redistribución. Se ha argumentado que, en aras de la equidad, había que subir impuestos y elevar la recaudación. Dicho y hecho. Por nuestra parte, nada que objetar porque resulta fundamental el principio de la equidad y a la función redistributiva del Presupuesto.
Ahora bien, no vale quedarse solo en eso. Porque responde a una visión de corto plazo. Porque subir impuestos tiene efectos negativos importantes sobre la terna de objetivos que mencionábamos. No podemos olvidar que los impuestos son siempre desincentivos para la actividad que gravan. Unos impuestos elevados sobre hogares y empresas impactan negativamente sobre el consumo, el ahorro, la inversión productiva, …. Nuestro actual marco fiscal, desfavorable frente al de otras regiones, ahuyenta la inversión empresarial. Todo ello daña a la capacidad de crecimiento futuro de la economía y amenaza a la recaudación que podremos alcanzar más adelante, reduciendo así los recursos para seguir garantizando la prestación de unos servicios públicos de calidad y el resto de las funciones de la administración. Por esa razón, abogamos por un marco tributario más competitivo, que aproveche la autonomía que nos otorga la foralidad, en línea con lo que, por su parte, ya hacen las tres administraciones forales de las provincias vascas.
“Nuestro actual marco fiscal, desfavorable frente al de otras regiones, ahuyenta la inversión empresarial”.
Defendemos así mismo que se realicen inversiones capaces de dinamizar nuestra economía y de asentar su competitividad. Son inversiones descuidadas en los dos años que llevamos de legislatura, así como en la pasada. Y ya vamos muy tarde, cuestión por la que consideramos su consecución como prioritaria. Entendemos que ya es hora de que el Gobierno de Navarra firme un convenio con el Gobierno de España para impulsar el Tren de Alta Velocidad a partir de una planificación temporal y presupuestaria de las obras que faltan. En esa misma línea, consideramos imprescindible avanzar en la segunda fase del Canal de Navarra como eje fundamental para nuestra industria agroalimentaria. En esa mejora de las infraestructuras, parece más que razonable hacer de la N-121-A una vía de alta capacidad que sea segura, con dos carriles para circular en cada sentido. Por último, pero no menos importante, demandamos del Gobierno de Navarra que defienda ante el gobierno español el futuro de Volkswagen Navarra, en igualdad de condiciones con el trato que está recibiendo la planta de esta empresa en Martorell.
Miramos al futuro y la educación sobresale inmediatamente como prioridad. Navarra ha contado desde hace mucho tiempo con un sistema educativo de calidad, tanto en su red pública como concertada. Nos parece un error que, a partir de argumentos meramente ideológicos, se ataque a un sistema que ha funcionado bien, atacando a la vez a la libertad de las familias para decidir qué educación desean. Los esfuerzos, incluidos los presupuestarios, deberían centrarse en asegurar la calidad educativa. De la misma manera, queremos que el sistema sanitario navarro recupere los niveles de calidad de la que siempre ha disfrutado nuestra comunidad.
Que insistamos en estas cuestiones de futuro no significa que descuidemos el corto plazo. En absoluto. Buscamos un equilibrio entre ambos horizontes para hacer del bienestar de nuestra población un objetivo sostenible en el tiempo. Por ejemplo, en aras de una auténtica equidad, defendemos que el modelo de renta de inclusión social evolucione para no cronificar a las personas en la percepción de un subsidio, sino para incentivar y facilitar la inclusión y el acceso al mercado laboral. Un empleo de calidad es la mejor fórmula para la equidad y la prosperidad. Lo que nos devuelve a la necesidad de un entorno favorable para la actividad económica y empresarial en la creación de empleo y riqueza. Pero, desafortunadamente, parece que el Gobierno de Navarra piensa de otra manera. Esperemos, en cualquier caso, para ver qué nos traen los nuevos Presupuestos.
María Jesús Valdemoros
Parlamentaria foral por Navarra Suma, economista y ‘lecturer’ en IESE Business School
