La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a 33 empresas navarras de transporte escolar y una asociación del sector «por crear un cártel en el transporte escolar» de la Comunidad foral. Según indica la entidad en un comunicado, las compañías confeccionaron «una trama para repartirse y encarecer los concursos» del Departamento de Educación desde el 1 de diciembre de 2013 hasta el 1 de diciembre de 2018.
El total de las sanciones se eleva a 3,36 millones de euros, a los que se suman otros 15.000 euros de multa para la asociación que, siempre conforme a la versión de la CNMC, «articuló el acuerdo»: la Asociación Navarra de Empresarios del Transporte por Carretera y Logística (ANET). Además, la CNMC ha activado «nuevamente» el procedimiento «para aplicar la prohibición de contratar con la Administración de las empresas multadas», remitiendo la resolución sancionadora a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.
«Las empresas habían creado una trama para amañar los concursos públicos que realiza el Departamento de Educación para llevar al colegio a alumnos de educación primaria y secundaria obligatoria. Respecto a la demanda del servicio de transporte escolar en centros públicos de Navarra, durante el curso 2019/2020 tiene como destinatarios a un total de 115 colegios y 14.498 alumnos. Las compañías del cártel se repartieron durante ocho años las rutas de su elección, estableciendo turnos y compensaciones para asegurar carga de trabajo y precios», denuncia la CNMC en un comunicado hecho público este miércoles.
Según la CNMC, «las compañías del cártel se repartieron las rutas de su elección, estableciendo turnos y compensaciones para asegurar carga de trabajo y precios».
La institución sostiene que la trama ha quedado reflejada «al menos en la licitación para el curso escolar 2013/2014 y sus prórrogas», así como en la licitación «para el curso escolar 2017/2018». La investigación ha revelado «un comportamiento coordinado, de modo que cuando una de las empresas se ha presentado a un lote, ninguna otra de las partícipes en el acuerdo lo han hecho, a pesar de tener solvencia técnica para hacerlo». De no existir un pacto entre las compañías y las UTE, defiende la CNMC, «las empresas habrían presentado ofertas a los mismos lotes para tener más posibilidades de obtener algún contrato y habrían competido en precio y condiciones, lo que en última instancia habría producido un beneficio para el consumidor final».
INICIO DE LA INVESTIGACIÓN
El expediente se inició después de que la Intervención General de la Comunidad Foral de Navarra al Servicio de Consumo, Arbitraje y Defensa de la Competencia pusiera en conocimiento de la CNMC «la posible existencia de prácticas prohibidas» por la Ley 15/2007, de defensa de la competencia, «siendo la autoridad autonómica la competente para instruir el expediente por razón el ámbito geográfico de la conducta, como concluyó la CNMC durante el trámite de asignación de competencias».
Posteriormente, se llevaron a cabo tres inspecciones domiciliarias en la sede de ANET, así como en las sedes de las empresas Compañía Navarra de Autobuses y Eugenio Díez, las cuales «permitieron recabar las pruebas de la existencia del cártel». La CNMC considera «acreditada la existencia de una infracción muy grave» del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia 15/2007, de la que «son responsables» 33 empresas atendiendo a la duración de su participación (ver cuadro inferior). Por su parte, ANET ha sido sancionada con 15.000 euros «por la celebración de reuniones en su sede, en las que las empresas coordinaban su actuación».
Listado de las empresas sancionadas. (Fuente: CNMC)
«De toda infracción de falseamiento de la competencia se deriva la prohibición de contratar con la Administración, en aplicación de la legislación de contratos públicos. No obstante, la duración y el alcance de dicha prohibición habrá de ser fijado por la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado», recordó la CNMC.
Además, afirmó que contra esta resolución «no cabe recurso alguno en vía administrativa», de modo que solo puede interponerse un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional «en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación».
RESPUESTA DE LOS TRANSPORTISTAS
Horas después de que se conociera la sanción, unas treinta de las compañías afectadas, así como la propia ANET, han emitido un comunicado conjunto en el que niegan «cualquier tipo de actividad que pudiera vulnerar la competencia» y anuncian que estudiarán un posible recurso a la sanción.
Unas treinta empresas afectadas y la propia ANET han emitido un comunicado, donde afirman que no han cometido «ningún tipo de práctica anticompetitiva».
Los responsables de estas compañías indican que «jamás ha existido ningún tipo de práctica anticompetitiva» y que, en la investigación, «únicamente se han identificado unos hechos que han sido interpretados erróneamente por parte del Gobierno de Navarra como indicios de infracción».
Asimismo, remarcan que el sector se encuentra en una situación «muy crítica» después de tantos meses de inactividad y muestran su «enorme preocupación» ante la posibilidad de que esta sanción suponga el «cierre definitivo» para quienes no puedan hacer frente a las multas de la CNMC.
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