La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las presuntas mordidas que cobraban Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos a cambio de adjudicaciones públicas ha dado un nuevo e importante giro.
La semana pasada, agentes de la Benemérita registraron la casa de Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar, la empresa navarra que obtuvo importantes contratos junto a Acciona y que está siendo objeto de investigación. Y, en su actuación, efectuada en un inmueble de Elorrio (Bizkaia), la UCO presuntamente encontró 16.000 euros y una «escritura privada de compraventa» de participaciones de Servinabar, por la que Antxon traspasaba 1.350 participaciones sociales a Cerdán de las 3.000 que constituían la sociedad. Es decir, el 45 % del total. Una operación que la compañía, sin embargo, negó en redondo.
Al parecer, el documento data del 1 de junio de 2016, cuando Cerdán aún era secretario de Organización en el PSN y parlamentario en Navarra. Se da la circunstancia de que Servinabar obtuvo adjudicaciones posteriores a esa fecha en su UTE con Acciona tanto del Gobierno presidido por Uxue Barkos como del liderado por María Chivite.
En este sentido, el pasado lunes la Junta de Portavoces del Parlamento foral aprobó requerir a Comptos la emisión de los pertinentes informes de fiscalización sobre cuatro contratos adjudicados a esta UTE: la construcción de 65 VPO en Egüés y 93 VPO en Ripagaina (Nasuvinsa), la reforma del Archivo de Navarra (Departamento de Presidencia) y la adecuación de oficinas en el Navarra Arena (Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física). En paralelo, la Oficinas de Buenas Prácticas y Anticorrupción, así como una auditoría externa, harán sus respectivas valoraciones de los contratos, a los que la presidenta María Chivite sumó un quinto este miércoles: el del colegio público de Arbizu.
Al mismo tiempo, los socios de Gobierno y EH Bildu aplazaron al pleno del 11 de septiembre el debate para la creación o no de una comisión de investigación sobre las actuaciones del Ejecutivo navarro, otras administraciones o terceras personas en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Un contrato de 76 millones de euros que, en este caso, recayó en la UTE formada por Acciona, Servinabar y Osés Construcciones.
