Hizo pública su llegada a Navarra justo ahora hace dos años. Y lo hizo anunciando una inversión superior a los 450 millones de euros entre 2025 y 2026 para desplegar un ingente número de parques eólicos y fotovoltaicos en terrenos de 37 municipios. El grupo andaluz Arena Green Power preveía aglutinar 113 proyectos en dieciocho agrupaciones, con una potencia instalada total de 475 megavatios (242 MW solares y 233 MW eólicos) y en cuya construcción planeaba generar unos 700 puestos de trabajo. Una vez entraran en funcionamiento, su idea era crear en torno a 60 empleos estables. Arena Green Power incluso abrió una oficina en Pamplona, ubicada en la calle de Arcadio María Larraona, donde trabajan tres personas.
Sin embargo, sus planes se están viendo seriamente truncados. Según pudo saber Navarra Capital, el Gobierno de Navarra ya ha rechazado 46 proyectos presentados por el grupo y otros dieciséis cuentan con una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) desfavorable. Actualmente, además, 51 expedientes se encuentran en tramitación.
Javier Marín, ingeniero especialista en renovables y responsable de la oficina que Arena Green Power tiene en la capital navarra, confirma a este medio que la inversión, ante esta tesitura, será inferior a la prevista en un primer momento y que la compañía se encuentra en «fase de análisis». «Cada aerogenerador lleva aparejada una cuantía. Así que, si un proyecto no sale adelante, ya no entra en nuestra planificación. Cuando no prosperan unas inversiones, valoras dónde puedes hacerlas. Pero aún no tenemos una conclusión definitiva. En función de cómo se vayan sucediendo las siguientes decisiones, que nos arrojen un poco más de claridad, tomaremos una decisión en un sentido o en otro. No descartamos retirar parte de la inversión de Navarra», avanza.
De los 46 proyectos rechazados, veinticuatro son fotovoltaicos y veintidós, eólicos. El grupo pretendía llevar a cabo los primeros en terrenos de Noáin, Tudela, Corella, Cendea de Olza, Miranda de Arga, Tafalla, Olite y Falces. Los segundos, en Leache, Aibar, Sangüesa, Monreal, Leoz, Basaburua, Imotz y la capital ribera.
Pero la lista de proyectos denegados podría incrementarse de forma notable próximamente porque la Dirección General de Medio Ambiente ya ha emitido DIA desfavorables para otros dieciséis eólicos que el grupo planeaba construir en Olaibar, Odieta, Esteribar, Anué, Lezaún, San Martín de Unx, Lerga, Tafalla y Olite. En caso de que el Ejecutivo foral confirme su negativa, la cifra total ascendería a 62, más de la mitad de los presentados.
Por último, 51 expedientes se encuentran en fase de tramitación, a la espera de resolución: 38 son eólicos y trece fotovoltaicos. Estos se distribuyen por localidades de Tierra Estella, la Merindad de Sangüesa o la Ribera, entre otras zonas. «Confiamos en que salgan adelante, pero el nivel de incertidumbre es mucho más alto», agrega Marín.
AFECCIONES A LA FAUNA Y EL PAISAJE
Los motivos esgrimidos por el Gobierno de Navarra para rechazar los proyectos son variados. En algunos eólicos, por ejemplo, se advierte de los «impactos significativos» que tendrían sobre la fauna. En concreto, por ubicarse en terrenos donde habitan o han sido detectadas especies catalogadas como «vulnerables» (murciélago, alimoche, águila real, aguilucho cenizo o aguilucho lagunero occidental) o en «peligro de extinción» (milano real, águila de Bonelli o perdicera y el quebrantahuesos). Especies por las que algunos de estos parajes naturales han sido incluidos en la Red Natura 2000. Según varias resoluciones, los aerogeneradores «aumentarían el riesgo de mortalidad no natural por colisión». Además, la documentación a la que tuvo acceso este medio revela que una iniciativa pretendía llevarse a cabo en una de las rutas migratorias atlánticas «más importantes» utilizadas por las grullas.
En la misma línea, estas resoluciones alertan de las consecuencias sobre los «valores paisajísticos relevantes» de estos enclaves naturales, conformados en muchos casos por encinares, robledales, carrascales, bosques de quejigo, pinares, hayedos, praderas, pastizales y especies silvestres «en régimen de protección especial».
En otras ocasiones, las declaraciones esgrimen que los parques eólicos se situarían en emplazamientos donde ya existe «una gran implantación de infraestructuras» de este tipo. Es el caso de la sierra de Izco, donde el Gobierno de Navarra argumenta que en un radio de diez kilómetros hay en funcionamiento otros seis parques, que en total suman 227 aerogeneradores. En la misma línea, otra resolución resalta que, también en un radio de diez kilómetros de la Zona Especial de Conservación (ZEC) Montes de la Valdorba, ya se han construido 466 aerogeneradores.
LA POSICIÓN DE LA EMPRESA
En este sentido, Marín reconoce que el grupo andaluz veía «probable» que algunos parques recibieran la negativa ambiental porque se habían planificado en «zonas complejas». Sin embargo, en Arena Green Power estaban «convencidos» de que otros se aprobarían: «No nos lo esperábamos. En algunos casos, estamos viendo una posición muy crítica por parte de Medio Ambiente y tenemos discrepancias con su criterio técnico».
En la misma línea, considera que algunas DIA desfavorables recogen «valoraciones excesivamente conservadoras» cuando se refieren a los impactos en la fauna. «Navarra tiene la ventaja de que cuenta con muchos parques eólicos en operación y poseemos datos sobre cómo afectan a la conservación de las aves. Por ejemplo, hay especies que, a pesar de que nidifican en la zona, no se mueven cerca de los aerogeneradores y otras se han mantenido estables durante los últimos veinte años con parques en funcionamiento», argumenta para pedir acto seguido a las administraciones públicas «coherencia» entre sus discursos favorables al «desarrollo renovable» y la implantación final. «No se deben aprobar todos los proyectos, pero a veces los técnicos se encuentran con incoherencias que no saben cómo resolver», resalta.
En la actualidad, Arena Green Power está «estudiando» las últimas DIA con el fin de intentar «salvar» proyectos rechazados y «llegar a un entendimiento». Por eso, baraja recurrir algunas decisiones. «Los procesos judiciales son el último recurso y siempre utilizaremos la vía del diálogo, pero no vamos a admitir una conclusión técnica que no creamos bien fundada o si tenemos argumentos para rebatirla conforme a nuestros estudios», concluye.
