El Gobierno de Navarra ha elaborado un anteproyecto de Ley Foral para impulsar la creación de Áreas de Promoción Económica (APE), planteadas como núcleos delimitados en los que se prevé aplicar una nueva fórmula de colaboración público-privada “enfocada a dinamizar la economía de la zona, contribuir al desarrollo social y medioambiental de sus actividades, incrementar la competitividad de las empresas y mejorar el abastecimiento de bienes y servicios a la ciudadanía”. El texto está concebido “para apoyar especialmente al comercio minorista y de proximidad”.
En este sentido, el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, explicó este miércoles que “el anteproyecto plantea concentrar esfuerzos público-privados para promover iniciativas económicas que comporten la revitalización comercial de los centros urbanos, así como la mejora y promoción de otros entornos, como los polígonos industriales o zonas turísticas”. “Las áreas planteadas se inspiran en los conocidos a nivel internacional como Business Improvement Districts (BID), traducidos como distritos de mejora empresarial, un instrumento de colaboración de agentes públicos y privados con casi cincuenta años de recorrido en distintas regiones y ciudades del mundo”, agregó.
Así, el Ejecutivo foral acordó solicitar un dictamen sobre este anteproyecto de Ley Foral al Consejo de Navarra, máximo órgano consultivo de la Comunidad foral, con el fin de que “analice a fondo la regulación y configuración de las Áreas de Promoción Económica en aras de dotar al proyecto de la seguridad jurídica pertinente”.
“Muchas de las aportaciones (del sector) han sido recogidas en el texto que se somete ahora a dictamen del Consejo de Navarra, también trabajado y debatido en el Consejo de Comercio de Navarra hasta en cuatro ocasiones. Durante el procedimiento, se han recogido además aportaciones de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) y de la Comisión Foral de Régimen Local, todas ellas tendentes a garantizar la autonomía local y las funciones de validación, autorización y control de las entidades locales en la constitución de estas Áreas de Promoción Económica”, concretó el consejero.
MÁS INVERSIÓN, MENOS LOCALES VACÍOS
Las APE se centrarán en captar inversiones para mejorar el mix comercial y reducir el número de locales vacíos. En paralelo, se encargarán también de organizar eventos y espectáculos “para la atracción de la demanda, la dinamización de la zona y la construcción de la imagen de marca del área”. “Estas demarcaciones aportarán también una mejora de la calidad medioambiental, de la movilidad y de la sostenibilidad de la zona, así como la realización de actividades que contribuyan a reforzar la Responsabilidad Social Corporativa y que incentiven el trabajo autónomo de las mujeres y su visibilidad”, señaló el Ejecutivo navarro.
A este respecto, se prevé que contribuyan igualmente “a mejorar la apariencia del paisaje urbano mediante el desarrollo de actuaciones suplementarias de limpieza, iluminación, señalización, ornamentación o mobiliario”. Aportarán al mismo tiempo “seguridad en espacios públicos y establecimientos, locales y negocios de la zona, definidos desde una perspectiva de género”: “Las personas que formen parte de estas APE recibirán asistencia y formación permanente y se podrá establecer una gestión compartida de servicios comunes, tales como logística, distribución de mercancías, relaciones con proveedores o digitalización”.
LAS APE
El anteproyecto de Ley Foral describe las APE como entidades privadas y sin ánimo de lucro que se gestionan autónomamente y que tienen como objetivo la mejora del atractivo y competitividad de una concreta zona geográfica, así como la creación de empleo.
Dado que se dirigirán en primer lugar a responder a necesidades y a dar satisfacción a las prioridades de los agentes económicos situados en un área concreta, la iniciativa para constituirlas “corresponde exclusivamente a dichos agentes económicos y a quienes ostenten la propiedad de inmuebles desocupados, que no puedan ser destinados a vivienda, susceptibles de poder alojar actividades situadas en una zona geográfica delimitada y continua”.
Así, solo se constituirán APE “allí donde las y los empresarios y profesionales decidan promoverlas y se comprometan a financiarlas, sin que su creación pueda imponerse en ningún caso desde el sector público”. El anteproyecto de Ley Foral regula los requisitos para presentar la iniciativa de constitución y ratificación de una APE “siguiendo un procedimiento rigurosamente participativo, bajo la supervisión y autorización de los municipios de referencia de cada área”.
Estas entidades se gestionarán de manera autónoma y “actuarán con responsabilidad financiera propia”. Las principales vías de financiación de las APE serán las aportaciones y subvenciones de las Administraciones públicas y las aportaciones obligatorias de los promotores privados, que deberán cubrir al menos el 70 % de los gastos del presupuesto de estas estructuras. Así, se configuran como prestaciones de carácter público no tributarias. Los municipios podrán establecer las bonificaciones a las cuotas obligatorias (hasta el 100 % para entidades benéficas o de interés general y entre el 50 % y el 60 % para otro tipo de integrantes).
El anteproyecto de Ley Foral prevé mecanismos de diverso tipo para asegurar que las APE “actúan en consonancia con los intereses generales en la persecución de sus propios objetivos y que no dan lugar a la privatización de los espacios públicos”. En primer lugar, su constitución debe ser autorizada por los municipios, previa comprobación de que su Plan de Actuación se adecúa a los intereses generales y no supone una invasión de las competencias públicas. Con la misma finalidad, los municipios tendrán representantes tanto en la Asamblea General como en la Junta Directiva de las APE, al tiempo que se establecen una serie de mecanismos de control sobre sus actuaciones en favor de las administraciones públicas.
El principal instrumento para lograr estos fines será un convenio que debe ser celebrado entre cada APE y el municipio en el que se localizan, donde se establecerán las obligaciones que asume cada una de las partes. Este convenio constituye un elemento clave para garantizar la coordinación de los intereses públicos y privados en juego y que las APE se conviertan en una fórmula eficaz de colaboración, en la que se respetan las esferas propias de actuación del sector privado y del sector público, sin que haya confusión o invasión entre ellas. El plazo de vigencia de una APE será de cinco años, salvo que en el convenio se establezca una duración menor.
DESAFÍOS URBANÍSTICOS
Mediante la fórmula de las APE, el Ejecutivo foral pretende abordar los desafíos urbanísticos que encaran los municipios navarros y afrontar los problemas ambientales derivados de la descentralización urbana. “Se desarrollarán con esta finalidad herramientas legales que sean capaces de impulsar la innovación y la mejora en la manera de gestionar, entre otros, los centros comerciales urbanos abiertos, las zonas turísticas o los polígonos industriales”, precisó el Gobierno navarro. El objetivo es “propiciar actuaciones rehabilitadoras, renovadoras y regeneradoras de iniciativa y gestión privada, en cooperación con los municipios”.
Una de las prioridades será mejorar la competitividad y el atractivo del comercio situado en los centros urbanos, un actividad que se considera clave para generar riqueza y empleo y que, según recoge el anteproyecto de Ley Foral, “permite además reafirmar la personalidad propia y diferenciada del comercio de los municipios navarros frente a las fuertes tendencias homogeneizadoras de una tipología comercial con formatos clónicos, que reducen la oferta comercial disponible a las y los consumidores y provocan que las ciudades pierdan su identidad característica”.
Por otro lado, remarca que la existencia de una oferta comercial variada y de proximidad en los cascos urbanos “actúa como dinamizadora de la vida urbana y favorece que los núcleos urbanos sean más compactos”, puesto que “permite cubrir las necesidades básicas sin requerir grandes desplazamientos o utilizar el transporte privado, lo que a su vez propicia una integración equilibrada entre el uso residencial, comercial, de ocio y de servicios de los espacios del municipio”. “De esta manera, se revitaliza el espacio público y se consiguen ciudades más cohesionadas socialmente, al tiempo que se evita la degradación de estas zonas”, sostiene el texto.
