El objetivo era poner sobre la mesa posibles medidas que ayuden a trazar un plan de futuro para atajar el problema. En la jornada sobre el despoblamiento del mundo rural, organizada ayer por CCOO en Estella, los ponentes resaltaron que es muy difícil dar con una receta definitiva contra un fenómeno del que informó NavarraCapital.es recientemente. En el caso de la Comunidad foral, encontrar la fórmula requerirá mucho tiempo y esfuerzo. Pero todos coincidieron en que hay que contar con los agentes del medio rural para alcanzar esa solución.
Las cifras expuestas al inicio del encuentro contextualizan una situación alarmante. Uno de cada tres municipios navarros, un 38,6 %, se encuentra en riesgo de despoblación, según los datos elaborados por el Comisionado del Gobierno frente al reto demográfico. Las zonas de mayor riesgo se encuentran en las áreas de Sangüesa, Tierra Estella, Pirineos y la Zona Media. Según los datos de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) sobre la evolución del número de vecinos en la última década, seis comarcas habían perdido población en 2017. La zona del Pirineo, con una merma del 12,92 %, ha sido la comarca más castigada por este fenómeno, seguida de Sangüesa (-5,17 %), Montejurra (-2,12 %), la Zona Media (-1,92 %), la Ribera estellesa (-1,31 %) y Valdizarbe (-0,95 %).
El 38,6 % de los municipios navarros se encuentra en riesgo de despoblación.
El anterior Gobierno de Navarra elaboró planes y adoptó algunas medidas, y el actual creará una comisión interdepartamental de despoblación, desde la que se coordinarán las políticas encaminadas a paliar este fenómeno demográfico, según anunció en Estella el director general de Administración Local y Despoblación, Jesús Mari Rodríguez Gómez.
Con vistas a abordar el fenómeno de la pérdida constante de habitantes, especialmente en las regiones rurales, el Departamento de Cohesión Territorial dispondrá de un diagnóstico socioeconómico de la Comunidad foral, que elaborará el Observatorio de la Realidad Social, de Planificación y de Evaluación de las Políticas Sociales del Gobierno de Navarra, centrado en un estudio de la Comunidad desde una perspectiva territorial y que tenga en cuenta el contexto demográfico, laboral, social, productivo y tecnológico.
Paralelamente, se está trabajando en identificar las razones y dificultades que están impidiendo el mantenimiento de la población en las zonas de mayor riesgo de despoblación; conocer las barreras relacionadas con el ejercicio de las competencias de la administración local y foral que dificultan o impiden que la gente viva o trabaje en los pueblos; detectar iniciativas que han podido contribuido a fijar población; y definir acciones concretas para fijar población en un horizonte de diez años.
Rodríguez dijo que todos los trabajos puestos en marcha están encaminados a la elaboración, a medio-largo plazo, de un proyecto de ley foral sobre despoblación en Navarra, y opinó que algunas de las propuestas de actuación planteadas en la ponencia socioeconómica de los valles del Pirineo, elaborada durante la pasada legislatura, podrían ser válidas en otros territorios: desarrollar el suelo industrial de las áreas en mayor riesgo; mejorar sus carreteras, infraestructuras y transporte interurbano; fortalecer el sector primario y revisar la Política Agraria Común; desarrollar una gestión turística sostenible; o extender la banda ancha a todas las localidades.
CONTAR CON EL MUNDO RURAL
Intervinieron, además, José María Martínez (UCAN), Iñaki Mendióroz (UAGN) e Imanol Ibero (EHNE), quienes, en general, coincidieron en la necesidad de contar con los agentes del mundo rural a la hora de buscar posibles soluciones. También se mostraron de acuerdo en que es el sector agrícola y ganadero el que mejor puede contribuir a fijar población en las localidades amenazadas por la desertización, por lo que pidieron que se preste atención a la renta agraria y que se reoriente la PAC hacia los agricultores profesionales. Hubo consenso, además, a la hora de pedir acciones que hagan que sea atractivo para la gente joven vivir en los pueblos, entre las que citaron el dotarles de recursos y servicios, mejorar las infraestructuras o desarrollar la conectividad.
Imanol Ibero se desmarcó al señalar que el despoblamiento se debe a una transformación social, fruto de un modelo político y económico “impuesto” por instituciones como el Banco Mundial, de modo que no está motivado por decisiones individuales libremente adoptadas. Asimismo, se mostró partidario de limitar las dimensiones de las explotaciones agrarias para dar cabida a nuevos emprendedores.
Desde la UCAN, UAGN y EHNE pidieron, entre otras medidas, mejorar las infraestructuras, desarrollar la conectividad, dotar de recursos y servicios al medio rural…
José María Martínez, por su parte, pidió que se arbitren los medios necesarios “para que resulte rentable vivir en nuestros pueblos”, así como para integrar a jóvenes y mujeres en el mundo rural. Y se mostró reticente con la petición de otros ponentes de aplicar una fiscalidad reducida en las zonas despobladas, ya que podría propiciar, a su juicio, que muchas empresas trasladen a esos lugares su sede fiscal manteniendo el centro de producción en Pamplona. “Es más digna una renta trabajada que una garantizada”, remató.
Iñaki Mendióroz, así como Ibero, abogaron por promocionar los productos de calidad y las denominaciones de origen, haciendo pedagogía entre los consumidores a los que habría que enseñar, también, a leer las etiquetas para que sepan distinguir la procedencia de lo que compran. Mendióroz, que destacó el uso de las nuevas tecnologías por parte del sector agrario aunque reclamó acciones de formación y mejorar la conectividad, consideró necesario dignificar la imagen de los profesionales de la agroalimentación, rechazando en este sentido la acusación de que son poco respetuosos con el medio ambiente.
Por parte de CCOO tomó la palabra José María Díaz Bustamante, del Gabinete Económico federal del sindicato, que expuso las propuestas de su organización para luchar contra la desertización del campo. CCOO pide mejorar las condiciones de vida en el ámbito rural para arraigar la población, incentivar fiscalmente la instalación de empresas en zonas en riesgo de despoblación, reforzar el papel de la mujer en los pueblos e impulsar en ellos la digitalización, la innovación y el desarrollo de la banda ancha. Reclamó, además, centros médicos y escuelas públicas en las cabeceras de comarca, mejoras en las carreteras e infraestructuras y un plan de vivienda gratuita en el ámbito rural con compromiso de instalación para los jóvenes.
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