El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha condenado al Ayuntamiento de Pamplona a indemnizar con 40.000 euros al periódico digital navarra.com por haberlo «vetado» en la contratación de la publicidad institucional entre los años 2016 y 2019. Según informó el TSJN, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó en marzo de 2019 el recurso interpuesto por Glocal Influence, empresa editora del diario digital, contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso nº 2 de Pamplona y anuló la resolución del director del área de gobierno transparente del Consistorio. Así, declaró que el Ayuntamiento había incurrido «en una irregularidad» -en vía de hecho por falta de procedimiento- en la adjudicación a diferentes empresas y medios de comunicación de la publicidad contratada por dicha institución a partir del 1 de enero de 2016.
En dicha sentencia, los magistrados no fijaron indemnización alguna al estimar que dicho resarcimiento debía cuantificarse en la ejecución del fallo. Y, durante el trámite de ejecución de la sentencia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de conformidad con los planteamientos del Ayuntamiento de Pamplona, consideró en marzo de 2020 «que no cabía establecer indemnización alguna para el citado periódico».
EL RECURSO
La resolución judicial fue recurrida por el diario digital ante el TSJN, que ahora, en un auto que solo puede ser recurrido ante el propio tribunal en el caso de que concurra algún supuesto de interés casacional, ha fallado a su favor. El juez de instancia concluyó que los contratos objeto de impugnación se habían celebrado y ejecutado, y estaban finalizados. Consideró que, de la prueba aportada por la empresa recurrente, no se podía concluir que, de haberse tramitado conforme a lo dispuesto en las normas que rigen la contratación pública, hubiera resultado adjudicataria.
Pero en su recurso, el diario digital rebatió dicha afirmación y alegó que el juez había obviado una parte esencial: «No había criterio, ni procedimiento, ni concurso alguno» en la adjudicación de la publicidad institucional. Al respecto, aseguró que el Consistorio no podía demostrar que las empresas adjudicatarias cumplían los requisitos «por carecer del procedimiento legal establecido». Y reclamó que, tras la nulidad decretada por el TSJN, los medios de comunicación beneficiarios deberían devolver las cantidades cobradas o, en su defecto, se tendría que fijar una indemnización sobre la base de un informe pericial aportado. El Ayuntamiento de Pamplona, por su parte, solicitó la confirmación de la resolución recurrida y abogó por denegar indemnización alguna al diario digital.
EL FALLO
En la sentencia, la Sala de lo Contencioso asegura que el razonamiento del juez de instancia «no es conforme a derecho» y revoca su resolución. Cita el fundamento de su sentencia de marzo de 2019, en la que anuló el procedimiento de contratación y recuerda que, en el fallo de aquella ocasión, se instaba al medio de comunicación a acreditar el perjuicio para poder ser indemnizado en la ejecución.
A este respecto, la Sala considera que Glocal Influence sí que «ha acreditado de manera suficiente el perjuicio derivado». «El auto apelado afirma que no se ha prestado el servicio, por lo que la apelante no tiene derecho a la indemnización. Sin embargo, esta afirmación no es correcta porque, precisamente, el servicio de publicidad no se ha prestado dado que se impidió a la apelante participar en el proceso de adjudicación del contrato», explican los magistrados.
La sentencia de marzo de 2019, prosiguen los jueces, declaró la «nulidad absoluta» del proceso de contratación de publicidad institucional al apreciar que carecía de condiciones esenciales aprobadas, «pero su correcta y plena ejecución no se alcanza con aprobar nuevas condiciones y aplicarlas a futuro, sino que necesariamente ha de conllevar la indemnización de los perjuicios que derivan de haber impedido la participación de interesados».
Por este motivo, el TSJN subraya que no es correcto denegar indemnización por el hecho de no haber prestado los servicios «porque precisamente fue el veto a participar en el proceso de contratación lo que impidió a la empresa apelante resultar adjudicataria y prestar el servicio de publicidad institucional ofertado».
Para fijar la indemnización, la Sala no acepta las conclusiones del informe pericial aportado por el periódico. Los magistrados estiman que no puede otorgar la indemnización solicitada al considerar que desconocen si la pérdida de ingresos derivados de la ausencia de publicidad institucional «ha podido ser cubierta con ingresos derivados de la publicidad privada».
Según los jueces, el perjuicio se produce si la empresa ha sufrido una merma económica porque no ha obtenido ingresos derivados de la contratación de publicidad institucional a la que tenía derecho y tampoco lo ha hecho a través de otros anunciantes con los que hubiera podido contratar: «Y esa capital cuestión ha quedado huérfana de prueba».
En este sentido, el Tribunal estima «ajustada a derecho una indemnización a tanto alzado, de 40.000 euros, a razón de 10.000 por cada una de las anualidades en las que la recurrente se vio impedida de participar en el proceso de contratación de publicidad institucional, entendiendo que los ingresos derivados de tal publicidad pudieron verse afectados en esa cuantía».
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