El cohousing nació en Dinamarca hace medio siglo y, posteriormente, se extendió a Estados Unidos y Canadá. Conocidas como viviendas colaborativas, esta alternativa residencial representa un modelo de creación de comunidades en las que sus residentes comparten decisiones, responsabilidades y labores domésticas. Todo ello manteniendo la independencia y la intimidad de sus usuarios. Una fórmula ingeniosa y atractiva que ha despertado el interés en la población sénior.
La primera experiencia española se remonta al año 2000, con la Cooperativa Los Milagros de Málaga (actual Residencial Santa Clara). Hoy, cerca ya de 2020, Navarra no cuenta con ninguna de estas iniciativas en marcha. Todas las que existen en la actualidad están aún en fase de proyecto: dos se han establecido como cooperativas y otras tantas, en estado más latente, se han constituido como asociaciones.
ORDENAMIENTO JURÍDICO CONFUSO
Los primeros pasos para impulsar este fenómeno en Navarra corrieron a cargo del Ayuntamiento de Pamplona en la anterior legislatura. El pasado 12 de mayo, fueron declaradas de interés público cuatro parcelas pertenecientes al Consistorio en las calles Santa Engracia (2764, del polígono 7); Almiradío de Navascués, 4 (2029, del polígono 6); Arcadio María Larraona (parte de la parcela 1350, del polígono 3) y Remiro de Goñi (parcela 2278, del polígono 4).
Joxe Abaurrea, exconcejal de Urbanismo, señala que pusieron en marcha esta iniciativa porque tiene “interés social”.
Joxe Abaurrea, exconcejal de Urbanismo del anterior Gobierno municipal, señala que pusieron en marcha esta iniciativa porque “el ‘cohousing’ es un ámbito de interés social”. Sin embargo, cree que su desarrollo va lento porque “la normativa actual no está preparada, es muy engorrosa e, incluso, contradictoria”.
Ahora, parece que esa primera semilla podría germinar. El pasado jueves, 31 de octubre, el Gobierno de Navarra publicó en su portal de contratación las bases del concurso para la selección de proyectos básicos que regirán las concesiones administrativas. La utilización privativa de esas parcelas de dominio público irá destinada exclusivamente a la construcción de apartamentos regidos como residencia comunitaria para la tercera edad.
Llega por tanto el momento de que equipos de arquitectos presenten sus propuestas, con un presupuesto total de 377.766 euros para las cuatro parcelas. Ese importe será finalmente financiado por las cooperativas séniores que resulten adjudicatarias de las concesiones administrativas licitadas en un procedimiento posterior.
Con este panorama, es probable que hasta muy entrado el año 2021 no arranquen las primeras comunidades basadas en este régimen. El balance de la Comunidad foral hasta entonces será nulo, frente a los más de 80 proyectos que Cohousing Spain identificó en febrero de 2019 en toda España. De ellos, cerca de 60 son séniores o intergeneracionales.
COOPERATIVAS CON CESIÓN DE USO
Detrás de estas cuatro parcelas cedidas por el Ayuntamiento están dos cooperativas constituidas para ofrecer a sus socios ese estilo de vida: Etxekide y Etxekona. Ahora, les toca presentar sus proyectos para intentar acceder a ese suelo público.
Etxekide es una cooperativa de usuarios en cesión de uso que está formado por cerca de 40 personas, con edades comprendidas entre 50 y 70 años. Ángel Angulo, miembro de su consejo rector, destaca el retraso que existe en Navarra, pero entiende que “todos los proyectos novedosos requieren un tiempo para materializarse”. Un tiempo que están dispuestos a invertir porque quieren “vivir en comunidad” el resto de sus días.
En Etxekide entienden que “todos los proyectos novedosos requieren un tiempo para materializarse”.
Quienes no van a correr la misma suerte son otros dos colectivos que se han unido con el mismo objetivo, pero que en esta ocasión no pueden concursar para acceder a las cuatro parcelas (reservadas exclusivamente para cooperativas séniores). Es el caso de las asociaciones Heldu y Karakola.
Ambas tienen más de dos años de vida, pero ninguna de las dos se ha constituido en cooperativa ante la incertidumbre jurídica que afecta a Navarra. A diferencia de Etxekide y Etxekona, estos dos colectivos están formados por personas de todas las edades y quedan fuera de la actual convocatoria.
Desde Heldu reclaman “mayor transparencia sobre las parcelas disponibles”.
Su futuro es más complicado. Patricia Reche, presidenta de Heldu –formada por personas pertenecientes a colectivos LGTBI– cree que “el cambio político” en el Ayuntamiento de Pamplona les puede afectar porque, a su juicio, podría “existir una predisposición menor que en la anterior corporación”. Al mismo tiempo, reclama “mayor transparencia para que las administraciones informen de parcelas disponibles para estos fines”. Ante la falta de ofertas de suelo público de cara a materializar sus proyectos, solo les quedaría la opción de desarrollarlos en terrenos privados.
Sin embargo, se trata de una opción complicada. Nerea, una de los once miembros de Karakola, la ve “poco viable”. “Hablaríamos de unos presupuestos inasumibles por nosotras y, por nuestra filosofía de vida, tendríamos que acudir a financiación ética. El acceso no es sencillo”, subraya.
EL PAPEL DEL GOBIERNO FORAL
Quizás sea el Gobierno de Navarra el que realmente tenga más opciones de llevar a cabo cambios de calado. Sobre todo porque, como reconocen desde el Departamento de Vivienda y Ordenación del Territorio, “hay que modificar la Ley Foral del Territorio y Urbanismo (LOFTU) para permitir la cesión de suelo público”.
Y mientras llega ese cambio jurídico, el Ejecutivo foral y el Ayuntamiento de Pamplona apuntan al alquiler social como una alternativa eficaz, como una fórmula con semejanzas al cohousing en cuanto al régimen de vida. Antes de verano se licitarán 32 viviendas de alquiler para personas mayores de 65 años, a un precio de 5,00 euros el metro cuadrado.
Zure-Tokia, como se conoce el conjunto residencial, es una experiencia piloto que destaca por la colaboración entre dos instituciones públicas –el Consistorio aporta el suelo y el Gobierno de Navarra, la inversión-. Parte de un planteamiento de carácter social para ofrecer nuevas fórmulas de vivienda accesible, acordes a los retos arquitectónicos actuales y a las necesidades del envejecimiento activo. Al margen del precio, el proyecto incluye espacios comunes como una sociedad gastronómica en la azotea, una sala de psicomotricidad en la planta baja, salones de uso comunitario…