El Gobierno de Navarra y las organizaciones agrarias firmaron y presentaron este martes un acuerdo que fija una posición común entre la Administración foral y el sector agrario, ante el debate que se abrirá en la Unión Europea (UE) a partir del verano sobre la próxima revisión de la Política Agrícola Común (PAC). Su objetivo es trasladarla y defenderla ante las instancias de Madrid y Bruselas.
El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Ejecutivo foral, José Mari Aierdi, consensuó y suscribió un documento con un preámbulo y ocho demandas ante la próxima PAC con los responsables de las principales organizaciones: Félix Bariáin, presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN); Fermín Gorraiz, presidente de EHNE; Esther Burgui, presidenta de la Unión de Cooperativas Agroalimenarias de Navarra (UCAN); y Cayo Martínez, presidente de la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (ALINAR).
La negociación sobre el próximo quinquenio de la PAC para el período 2028-2032, en el que se abrirá la oportunidad de introducir reformas, se iniciará ya este verano con la propuesta del Marco Financiero Plurianual (MFP) que la Comisión Europea prevé realizar a mediados del próximo mes de julio y que definirá el peso presupuestario que el sector agroalimentario tendrá en la UE en los próximos años.
En este contexto, el acuerdo del Gobierno foral y las organizaciones agrarias defiende un «presupuesto ambicioso», acorde con la situación crítica que vive en estos momentos el sector primario en el conjunto de la UE, y que responda a los retos que planteó recientemente el nuevo comisario Christophe Hansen en su ‘Visión para el futuro de la agricultura y la alimentación’. Un documento en el que aboga por fortalecer un modelo europeo de seguridad y soberanía alimentaria. «Se trata de que la letra presupuestaria responda ahora a esa música y que estos principios se traduzcan en hechos y prioridades», señaló Aierdi.
LAS OCHO DEMANDAS
Las nuevas exigencias financieras que se ha planteado la UE como defensa ante las amenazas geopolíticas, la respuesta ante las necesidades de los países de la frontera oriental o la amortización de deuda de la pandemia «han generado incertidumbre en el sector agrario». Así, el acuerdo de Navarra considera que el sector agroalimentario, que emplea al 15 % de la población europea y proporciona alimentos seguros, tiene un «valor estratégico» en el conjunto de Europa y rechaza cualquier recorte que se pueda producir en las asignaciones de la PAC.
«La no dependencia de alimentos procedentes de terceros países o la apuesta por un modelo de producción sostenible y competitivo debe ser una línea prioritaria de actuación para cualquier administración», señala el primer punto del acuerdo presentado.
Asimismo, el documento propone «una profunda reforma del actual modelo de la PAC», con alternativas que favorezcan «a las explotaciones agrarias familiares profesionales y a la Economía Social, intensifiquen las medidas de relevo generacional en el sector» o establezcan «incentivos para una agricultura verde frente al esquema de penalizaciones ambientales».
En el plano de la gobernanza y gestión de los distintos programas de la PAC, el acuerdo pide que las regiones o comunidades autónomas jueguen un papel clave «para acercar las políticas agrarias a la diversidad territorial de la UE», así como mantener los dos pilares de las políticas agrarias para fomentar las políticas de desarrollo local en los entornos rurales.
El texto también hace alusión en otro punto a la necesidad de «introducir medidas que se encaminen hacia la simplificación administrativa de la PAC, que en la actualidad resulta excesivamente compleja para el sector agrario» e incrementar controles a productos procedentes de terceros países «para que compitan en las mismas condiciones ambientales, sanitarias y sociales que los productos europeos y evitar prácticas desleales».
