El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), suscribió este jueves una adenda al convenio firmado el pasado año con la Comunidad de Regantes Viana I. Con este acuerdo, la inversión prevista asciende hasta los 13.175.000 euros (IVA no incluido) para abordar las obras de modernización de esta zona regable. Esta operación pertenece al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España.
En la firma de la adenda, celebrada en el Ayuntamiento de Viana y rubricada entre el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, y el presidente del Comunidad de Regantes Viana I, Jesús María Chasco , han estado presentes el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti y la alcaldesa del municipio, Yolanda González.
Este incremento del presupuesto del “Proyecto de Modernización y consolidación de los regadíos de la Comunidad de Regantes Viana I”, que inicialmente ascendía a 6.351.628,06 euros (IVA no incluido), se debe a una revisión y actualización del proyecto inicialmente previsto. Según Rodríguez, “se revisó el proyecto y se constató la necesidad de actualizar precios y de adecuar la actuación a las necesidades reales de la Comunidad de Regantes”. También ha confirmado que este trabajo se encuentra ya en tramitación ambiental y las obras podrán empezar antes de fin de año.
Con esta operación, se implementará un sistema de riego presurizado que garantizará el suministro de agua en 1.060 hectáreas. De esta forma, habrá un importante ahorro hídrico, ya que se reducirá las pérdidas ligadas al transporte. Además, 366 comuneros de la Comunidad de Regantes Viana I quedarán beneficiados por estas medidas.
Para ello, se acondicionará la toma en el río Ebro, además de construir varias estaciones de bombeo, redes de distribución de riego a presión, balsas de riego e instalaciones eléctricas. Las inversiones del Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos del PRTR tienen un carácter público-privado, por lo que la aportación pública será de un máximo del 80 % del coste de los gastos elegibles, mientras que las comunidades de regantes aportarán el resto.