La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) tiene la intención de extender a Navarra el modelo de financiación que ha comenzado a aplicarse en comunidades como Andalucía, Castilla y León y Extremadura. «Este permite reducir de forma significativa la aportación económica de los regantes en las obras de modernización», aseguró la entidad.
Según Fenacore, este esquema, que reparte los costes entre el Estado y las comunidades autónomas, busca «agilizar el proceso de modernización de regadíos en España y aliviar así la carga de miles de agricultores». «En Navarra hay todavía por modernizar 41.000 hectáreas de regadíos», agregó.
Se trata de un modelo de colaboración público-privada, «que permite a los regantes acogerse a un mejor esquema de financiación al tener que aportar un menor porcentaje en la modernización y consolidación de sus regadíos». «La aportación que hacen las comunidades autónomas procedentes de los Fondos de Desarrollo Rural permite reducir la participación de los regantes por debajo del 50 % al que tenían que hacer frente antes de estos acuerdos», señaló.
POR COMUNIDADES
En el caso de Castilla y León, los regantes ven reducida su aportación al 24 %, ya que el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, financia el 26 % y Seiasa el 50 % restante.
En Andalucía, los regantes ven disminuida su aportación al 30 %, puesto que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía paga el 50 % y Seiasa el 20 % que queda.
Y en Extremadura, se reduce al 20 %, ya que la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de esta comunidad aporta el 30 % de ejecución de la obra, mientras que la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa), financia el 50 %.
Fenacore trabaja «por impulsar este modelo de convenio basado en el consenso entre distintas administraciones de distinto signo político». Castilla y León fue la primera comunidad en firmar un pacto de este tipo en 2017. Andalucía fue la segunda autonomía en hacerlo, concretamente en abril de este año. Extremadura ha sido la última en sumarse a un acuerdo que se rubricó hace tan solo dos meses.
«Fenacore lleva insistiendo desde hace tiempo por un modelo de cooperación entre administraciones que evite la confrontación política y que se centre en iniciativas prácticas que tengan un impacto real sobre la sociedad», aseguró Juan Valero de Palma, presidente de Fenacore.
Además de Navarra, quedan aún por unirse a este convenio las comunidades autónomas de Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia y Valencia.
