El pleno del Parlamento foral rechazó este jueves, con los votos a en contra de Navarra Suma, PSN e I-E, así como la abstención de Geroa Bai, la proposición de Ley Foral por la que se prentendía derogar la Ley Foral 22/2014, de 12 de noviembre, que da lugar al Consejo de Diálogo Social en Navarra. Una iniciativa con la que, además, se planteaba modificar la Ley Foral 2/2006, de 9 de marzo, para transferir las competencias de este al Consejo Económico y Social de Navarra. La propuesta solo contó con el respaldo de EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu.
Debatida en lectura única, la proposición de Ley Foral impulsada por la formación abertzale tenía por objeto sustituir lo que, según ella, es un “marco de diálogo social agotado, propio de otros tiempos”, por un nuevo modelo. Un modelo que, valiéndose del Consejo Económico y Social, “a día de hoy infrautilizado”, diera lugar a una estrategia de debate y concertación “mucho más amplia y plural que la constituida en 1995 en torno a UGT, CCOO y la CEN”.
Tras poner en cuestión la táctica de “paz social“ erigida sobre la base de convenios nominativos “que comportaron un gasto millonario”, EH Bildu aludía al reparto que, “en función de la representatividad de los agentes sociales, se puso en marcha en 2015”. De modo que abogó por convertir el Consejo Económico y Social de Navarra en un “órgano consultivo, de encuentro, participación y negociación institucional en materia económica y social”.
A tal fin, proponía dotar al Consejo Económico y Social de nuevas funciones para conocer “con carácter previo y no vinculante” su parecer en relación con anteproyectos de leyes forales llamados a regular cuestiones de índole socioeconómica o laboral, con especial mención, “por su especial trascendencia”, a los Presupuestos Generales de Navarra. El plazo establecido para evacuar los dictámenes era de quince días naturales desde su recepción, siete en caso de urgencia.
En ese contexto, el texto proyectaba dotar al Consejo Económico y Social de la potestad necesaria para elaborar, “tanto a iniciativa propia como a petición del Gobierno o del Parlamento”, informes o estudios sobre las referidas materias u otras como “economía, fiscalidad, bienestar social, agricultura, ganadería, comercio, educación, cultura, investigación, salud, consumo, medio ambiente, transportes, comunicaciones, industria, vivienda, desarrollo regional, infraestructuras, Unión Europea y estadística”.
A su vez, se pedía al Consejo Económico y Social que elaborara y elevara anualmente al Gobierno, para su posterior remisión al Parlamento, un informe sobre la situación socioeconómica y laboral de Navarra.
