La consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz, presentó este miércoles un sexto Decreto Ley-Foral que recoge un nuevo paquete de medidas fiscales frente al Covid-19. En concreto, se trata de una serie de propuestas impositivas que buscan favorecer la conciliación, la digitalización y la economía verde. «Son útiles y en su diseño han participado todas las formaciones políticas», destacó la propia Saiz.
Por ejemplo, en materia de conciliación se concretaron parte de los acuerdos alcanzados este martes en el marco del Consejo de Diálogo Social. De esta forma, el Ejecutivo foral incrementa la deducción por la contratación de personas trabajadoras en el hogar para el cuidado de descendientes, ascendientes o personas con discapacidad, al pasar del 25 % actual al 100 % en el IRPF del 2020.
Elma Saiz: «Las medidas fiscales aprobadas son útiles y en su diseño han participado todas las formaciones políticas».
En digitalización, se establece una deducción del 30 % en la cuota del impuesto de sociedades o, en su caso, del IRPF para todas aquellas inversiones vinculadas a facilitar la transición tecnológica de las pymes y autónomos. También aquellas destinadas a la implantación del comercio electrónico. En este caso, se establece un límite en la base de deducción de 5.000 euros, que igualmente se computarán en el próximo ejercicio de la renta.
Para fomentar la economía verde, las deducciones que existían por inversiones en instalaciones de energías renovables se aplicarán a todo el período impositivo 2020, sin el límite del 25 % en la cuota líquida fijado hasta ahora.
PLAZOS FISCALES
Como complemento a todo lo anterior y sin salir del ámbito fiscal, el nuevo Decreto Ley-Foral incluye algunas novedades en materia de plazos de presentación y lucha contra el fraude. En este último caso, se amplía el plazo de publicación del listado de deudores hasta el 1 de octubre, al tiempo que se habilita el uso de nuevas tecnologías, como videoconferencias, para la realización de inspecciones y otros procedimientos tributarios.
Los autónomos del sector cultural que no hayan estado de alta en el IAE también podrán beneficiarse de las ayudas de 700-800 euros.
Por lo que respecta a los plazos, aquellas sociedades que no puedan aprobar sus cuentas anuales con anterioridad al 27 de julio (fecha establecida para la presentación del impuesto de sociedades) dispondrán de un período extra para regularizar su situación, sin recargo, hasta el 30 de noviembre.
Igualmente, se validan otras cuestiones relativas a diversas exenciones en el pago del impuesto de actos jurídicos documentados o de las facturas de electricidad, gas natural y productos derivados del petróleo y el seguro colectivo gratuito para el personal sanitario.
COMPENSACIONES Y NEGOCIACIONES
En la sesión de trabajo del Gobierno de Navarra hubo dos acuerdos más. Por un lado, se amplió el número de beneficiarios del programa de ayudas a autónomos cuya tramitación se inició este mes de junio. De esta forma los trabajadores por cuenta propia del sector cultural que no hayan estado de alta en el IAE podrán optar al cobro de 700-800 euros contemplados en esta iniciativa.
En lucha contra el fraude, se ha habilitado el uso de nuevas tecnologías, como videoconferencias, para la realización de inspecciones.
Por otra parte, se compensará con 2 millones de euros a las empresas del transporte interurbano de viajeros por carretera, tras las ingentes pérdidas sufridas. El Ejecutivo justificó esta medida debido al carácter «esencial» de un sector que ha sufrido una caída de la demanda y los ingresos próxima al 95 % durante el estado de alarma.
Finalmente, Saiz valoró, a preguntas de los periodistas, la decisión del Gobierno central de cambiar los criterios de reparto del fondo de compensación, dotado con 16.000 millones. Recordó que parte de ese dinero, 11.000 millones, corresponde a gastos extraordinarios en materia de salud y educación, que el Estado seguirá financiando. Sin embargo, vinculó la parte que corresponde a la pérdida de ingresos, 5.000 millones, a una negociación del Convenio Económico que, según dijo, «se está haciendo y está abierta».
FINANCIACIÓN PARA EL TRANSPORTE URBANO
Así mismo, el Ejecutivo aprobó destinar 11,2 millones de euros para financiar el VII Plan de Transporte Urbano de la Comarca de Pamplona-Iruñerria. Este importe es la parte correspondiente a la Administración foral para afrontar los gastos a lo largo de 2020 y servirá para sufragar el equivalente al 65 % del déficit de explotación del servicio, una vez descontados los ingresos directos derivados del cobro a usuarios, entre otros.
ERTE Y SMI
Además, la consejera de Economía y Hacienda hizo una matización sobre una de las treces medidas recogidas en el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Navarra y los agentes económicos y empresariales, en el marco del Consejo de Diálogo Social.
En concreto, se refirió al compromiso que se prevé alcanzar, antes del 31 de julio y «previa evaluación de esta actuación», sobre la compensación económica que puedan recibir las personas afectadas por expedientes de regulación de empleo, cuya retribución no llegue al Salario Mínimo Interprofesional (SMI). «El acuerdo dice que es una medida que nosotros deseamos tomarla (cubrir la parte económica que falte hasta alcanzar el SMI), pero exige un estudio concreto en cuanto a su impacto y la demanda que habría que atender», puntualizó.
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