El Gobierno de Navarra se propone modificar la normativa actual con el fin de permitir que las empresas privadas puedan participar en la ejecución de promociones de viviendas destinadas al alquiler en suelo público. Así lo indica a NavarraCapital.es el director general de Vivienda, Eneko Larrarte. Es una de las principales líneas de trabajo, junto con el aumento del precio del módulo y la rehabilitación, con las que su departamento quiere paliar la caída a niveles mínimos en 2019 de la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) y de Precio Tasado (VPT).
Tal y como publicó recientemente este medio, las empresas del sector alegan que no edifican VPO y VPT porque el alza del coste de los materiales no se ve compensado por el incremento del módulo al que deben ajustar el precio final de la vivienda, que fija el Gobierno de Navarra. Sin embargo, desde el Ejecutivo foral sostienen que sí han contemplado ese encarecimiento a la hora de calcularlo. El módulo es un sistema objetivo que se establece teniendo en cuenta el precio de ejecución de la obra e “incluye, por tanto, el coste de los materiales empleados”, sostiene Larrarte. Por eso, según él, el módulo aplicable en 2020 ha aumentado un 5,65 %, hasta los 1.266,06 euros. «Fue una medida que tenía en cuenta el planteamiento de los constructores”, subraya.
Aunque Larrarte entiende que «cada uno defiende sus intereses», al mismo tiempo insiste en que «el alza de los precios de los materiales ya se computa en la fórmula, ha tenido reflejo en este ejercicio y lo puede tener en los próximos si se diera el caso». Y en este sentido, apuesta por trabajar para conseguir que, «entre todos», se logren «frenar los costes de ejecución y mejorar los tiempos de edificación de viviendas, a través de cierta industrialización» del sector de la construcción: «Es un reto que compartimos y que, en la medida en que vayamos dando pasos, esperamos que crezca el interés de las constructoras hacia las viviendas protegidas”.
Eneko Larrarte: «Cada uno defiende sus intereses, pero el alza de los precios de los materiales se incluye en el cálculo del precio del módulo».
No obstante, el director general de Vivienda recuerda que el Gobierno está potenciando otro tipo de iniciativas como las ayudas a la rehabilitación, «con la movilización de más de 70 millones de euros» en 2019. De dicha cuantía, que casi triplicó la cantidad destinada en 2014, «participa el sector o, por lo menos, un subsector específico”.
Larrarte destaca, además, “el esfuerzo» que se hace en materia de vivienda pública, «que evidentemente cuenta con los promotores privados, las constructoras y otros agentes del sector para sacar al mercado 524 viviendas de alquiler en el plan Navarra Social Housing». Unas 180 ya están en construcción y el resto, en proceso de licitación.
COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA
“A medio plazo vamos a tratar de buscar otras medidas que permitan la colaboración público-privada en la promoción sobre suelo público por parte de promotores privados, cosa que ahora no se permite. Pero vamos a tratar de modificar la normativa para que así sea y ellos también puedan participar en la ejecución de promociones de vivienda destinada al alquiler en suelo público, que nos parece un tema interesante”, indica.
Eneko Larrarte espera que en 2020 aumente el interés de las constructoras por la vivienda protegida.
El director general de Vivienda cree que con el incremento del módulo, la promoción pública y los convenios que el Gobierno de Navarra alcance a través de Nasuvinsa con las promotoras privadas puede romperse la tendencia decreciente en la construcción de VPO y VPT. Y espera que, tras dos últimos años buenos para el sector, no se produzca un retroceso notable tanto en la construcción como en la venta de viviendas en Navarra. Ese es el objetivo que persigue el Ejecutivo foral con las medidas ya adoptadas y aquellas que propicien la colaboración público-privada: “Es un sector importante para el conjunto de la comunidad por el peso económico que tiene y por el producto que genera. Y, por tanto, compartimos con sus agentes el interés en que pueda mantenerse”.
REHABILITACIÓN
En cualquier caso, el Gobierno de Navarra no parece tenerlas todas consigo en cuanto a la evolución de la construcción de viviendas nuevas, al menos si tenemos en cuenta su decidido impulso a la rehabilitación de las existentes. Porque en 2019 ha dedicado 24,6 millones en subvenciones -frente a los 8,3 contabilizados en 2014- para la regeneración de 6.614 viviendas. La inversión movilizada en proyectos de rehabilitación ha pasado en estos últimos cinco años de 25,9 millones a los 74,3 de 2019.
El parque residencial de la Comunidad foral tiene una antigüedad media de 54 años y más de la mitad de las viviendas fueron edificadas antes de 1980, mientras que aproximadamente 100.000 fueron levantadas hace cincuenta años o más. Estos datos han llevado al Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda “a emprender una política de apoyo a la renovación de estos edificios, primando los criterios de eficiencia energética y accesibilidad, para recuperar y revitalizar los entornos urbanos y rurales”, afirma el consejero José María Aierdi, quien resalta que Navarra es líder estatal en ayudas a la rehabilitación (rondan el 40 % de la inversión).
El parque de viviendas de Navarra tiene una antigüedad media de 54 años y más de la mitad fueron edificadas antes de 1980.
La apuesta del Gobierno foral se refuerza este año con exenciones tributarias para las subvenciones concedidas por obras de rehabilitación a perceptores con rentas inferiores a los 30.000 euros y con la reducción del presupuesto mínimo de la obra para acogerse a las subvenciones, que pasa de 6.000 a 2.000 euros.
Además, ofrece asesoramiento técnico para promover proyectos por medio de la tramitación de Planes de Intervención Global (PIG), una figura que permite que las intervenciones de rehabilitación no se limiten a viviendas individuales, sino que también puedan acometerse en edificios y bloques de varios portales, actuando como promotoras las propias comunidades vecinales.
De hecho, el Ejecutivo navarro tramitó en 2019 un total de once PIG, que englobaron a 3.417 viviendas de 114 portales de Pamplona, Zizur y el valle de Egüés (la inversión movilizada superó los 60 millones de euros). El 40 % de estas intervenciones se produjeron en el marco del proyecto Efidistrict, centrado en la regeneración energética de la Chantrea y que pilota Nasuvinsa. Un modelo que se quiere extender a Ansoáin, Barañáin, Noáin, Zizur y Villava.
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