El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Andrés Palomo del Arco dictó un auto este jueves, en el que acordó abrir diligencias previas en la causa abierta «para investigar» al consejero de Desarrollo Económico y Empresarial del Gobierno foral, Manu Ayerdi, como presunto autor de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según informó el Alto Tribunal en un comunicado, el instructor fijó una fianza de 10.000 euros a UPN, que presentó la querella el pasado 2 de junio, para poder ejercer la acción popular. En su auto, resolvió también «que se dé traslado de la misma al investigado» y «que se le instruya de sus derechos», de acuerdo con el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El pasado 14 de diciembre, la Sala Segunda acordó abrir una causa penal al consejero del Ejecutivo navarro por los citados delitos para esclarecer la supuesta concesión irregular a Davalor Salud de seis préstamos, por un importe de 2,6 millones de euros, entre 2015 y 2017. Además, designó como instructor de la misma a Palomo del Arco.
Al día siguiente, Ayerdi anunció que dimitiría si el Supremo admitía finalmente la querella y pasaba a considerarlo “investigado o una figura legal equivalente”. Así lo manifestó en una carta firmada por él y remitida a la presidenta navarra, María Chivite, que Geroa Bai compartió con los medios de comunicación. “Si se produjera esa situación, lo único que me gustaría es una semana para poder preparar un estado de situación y poder despedirme, como se merecen, de todas las personas que han colaborado conmigo”, apuntó en la misiva.
REACCIÓN DEL GOBIERNO
Tras conocerse el contenido del auto de este jueves, el Gobierno de Navarra emitió un comunicado, donde insistió en que Ayerdi «dejará de ser consejero si el Tribunal Supremo lo considera como investigado, condición todavía no adquirida a día de hoy».
De modo que, a juicio del Ejecutivo foral, la situación actual del consejero «como querellado» no implica «la aplicación de lo previsto en el artículo 68 de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidenta o Presidente, al no haber adquirido todavía la condición de investigado».
