«Nuestro Gobierno tomó posesión en agosto de 2019, por lo que a este Ejecutivo le corresponde evaluar la actuación de los consejeros desde su toma de posesión. En este sentido, estamos muy satisfechos con la labor que ha desarrollado y está desarrollando el consejero Manu Ayerdi. Con respecto a lo ocurrido en situaciones precedentes, es una cuestión que no toca evaluar en este caso al Gobierno actual».
Javier Remírez: «Estamos muy satisfechos con la labor que ha desarrollado y está desarrollando el consejero Manu Ayerdi».
Así se manifestó este miércoles el vicepresidente primero del Ejecutivo foral, Javier Remírez, respecto a la causa penal abierta contra el consejero de Desarrollo Económico y Empresarial. Ayerdi anunció este martes que dimitirá si, finalmente, el Tribunal Supremo admite la querella presentada en su contra por UPN y pasa a considerarlo “investigado o una figura legal equivalente” por un supuesto caso de prevaricación y malversación de caudales públicos en relación a la concesión “irregular” de seis préstamos a Davalor Salud SL. El importe total de estos, que fueron concedidos entre 2015 y 2017, asciende a 2,6 millones de euros.
Remírez defendió la gestión de Ayerdi, de quien dijo que no llegó «con ninguna mochila» al Ejecutivo presidido por María Chivite, especialmente durante la pandemia, «donde su departamento ha tenido un papel fundamental». Por eso, según él, la valoración «es más que satisfactoria».
LA CONDICIÓN DE INVESTIGADO
Este miércoles volvieron a suscitarse algunos interrogantes sobre el caso, después de que el abogado penalista Eduardo Ruiz de Erenchun señalara en Twitter que la condición procesal de Ayerdi ya «es la de investigado». «No tiene otra condición. No es encausado ni procesado ni, por supuesto, condenado. Pero, desde el dictado del auto, la tiene porque el Tribunal Supremo ordena investigar unos hechos. Y cuando se investigan los hechos de una persona, provisionalmente delictivos, esa persona es investigada. Es más, a partir de ahora puede personarse en el Tribunal Supremo, según el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y defenderse», analizó en la citada red social.
Sin embargo, el vicepresidente primero apeló a lo apuntado por los servicios jurídicos del Ejecutivo, que no reconocerán tal condición «expresamente» hasta que «no se produzca la admisibilidad de la querella». Si se da este supuesto, el consejero dejará el cargo según el artículo 68 de la ley foral 14/2004. «El señor Ayerdi ya ha dicho públicamente cuál va a ser la decisión que va a tomar. Por cierto, es una decisión que alaba mucho su posición, su compromiso, su ética y su transparencia. Todavía no está investigado y, por tanto, hay un recorrido jurídico determinado», rebatió.
En este contexto, se refirió a «las diferentes posiciones» existentes en UPN, formación que interpuso la querella contra el consejero. Porque el presidente del partido, Javier Esparza, «dice una cosa» (pidió el cese «inmediato»), y el vicepresidente, Enrique Maya, «otra diferente». «Como Gobierno, nosotros nos ceñimos a la norma. He de recordar que fue aprobada por unanimidad en el Parlamento de Navarra. Hasta hoy, creo que solo ha sido cuestionada por el vicepresidente de UPN y alcalde de Pamplona, Enrique Maya», agregó.
EL FUTURO EN CASO DE DIMISIÓN
En el supuesto de que finalmente Ayerdi dimitiera, la presidenta podría delegar las funciones de este, «de manera provisional», en otro consejero. «Pero si se produce ese escenario, al que todavía no hemos llegado, tampoco se prevé que haya demasiado lapso de tiempo de cara a la sustitución. Quizá ese escenario no se produzca», precisó.
Eso sí, Remírez dejó claro que, dentro de los acuerdos del Gobierno, el puesto de Ayerdi «corresponde a Geroa Bai». «Cualquier decisión en este caso, es la presidenta la que otorga la confianza dentro del acuerdo con las formaciones políticas», remató.
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