sábado, 13 agosto 2022

El traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital a Navarra ya es un hecho

Al asumir la gestión de la prestación del IMV, a Navarra le corresponderían en 2022, tomando como referencia un año completo, 48,35 millones de euros. Por otro lado, según informó el Gobierno foral, se estima que el gasto anual pueda situarse en unos 41 millones, teniendo en cuenta, además de la propia prestación, "que a lo largo del año puede haber nuevos reconocimientos y bajas".

Redacción
Pamplona - 31 marzo, 2022

La presidenta María Chivite y la ministra Isabel Rodríguez, con los miembros de la Junta de Transferencias. (Foto: cedida)

La Junta de Transferencias certificó este jueves, en una reunión celebrada en Pamplona, el acuerdo para que Navarra asuma la gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) a partir del próximo 1 de octubre. La ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez, encabezaron el encuentro. Previamente, la ministra se reunió con la presidenta de Navarra, María Chivite, con quien mantuvo un encuentro institucional.

La presidenta destacó que el IMV es “una potente medida de cohesión social” y que la Comunidad foral asuma la gestión supone “un paso más en la mejora de la prestación de servicios a la ciudadanía”. “Con esta prestación, igual que con la renta garantizada, trabajamos para atajar la pobreza, por la inclusión y también para favorecer la empleabilidad de las personas que necesitan el acompañamiento e impulso para lograrlo”, indicó.

Por su parte, Rodríguez remarcó que este acuerdo manifiesta “la voluntad clara de colaboración, de cogobernanza y de lealtad institucional” por parte del Estado con el Gobierno foral, así como “el compromiso del Gobierno de España en el máximo desarrollo del Amejoramiento del Fuero”.

LA REUNIÓN

Con la asunción de la gestión de la prestación del IMV, a Navarra le corresponderían en 2022, tomando como referencia un año completo, 48,35 millones de euros. Esta cifra es la resultante de aplicar el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60 %) al coste estimado a escala estatal del programa Ingreso Mínimo Vital (3.021,9 millones de euros).

Por otro lado, se estima que el gasto anual pueda estar en torno a los 41 millones de euros, teniendo en cuenta también, además de la propia prestación, “que a lo largo del año puede haber nuevos reconocimientos y bajas”. Según apuntó el Gobierno foral, el coste que supondrá la gestión del Ingreso Mínimo Vital no está incluido en el presupuesto de gasto de Renta Garantizada de 2022 del Departamento de Derechos Sociales.

Desde el punto de vista de la gestión, el Ejecutivo foral informó de que el traspaso se va a realizar en dos fases. En una primera, hasta el mes de septiembre, los pagos los seguirá realizando la Seguridad Social, si bien se procederá a un ensamblaje de los sistemas informáticos de esta con el sistema de información y gestión de prestaciones del Departamento de Derechos Sociales. Igualmente, se crearán unidades administrativas de tramitación en las áreas de servicios sociales con la finalidad de asesorar a las personas interesadas en la tramitación de la solicitud, así como a los servicios sociales de base “para una progresiva adaptación integrada de tramitación entre renta garantizada e ingreso mínimo vital, facilitando así la gestión a la ciudadanía navarra”.

A partir del 1 de octubre, el Departamento de Derechos Sociales deberá tener los dispositivos y recursos “para realizar todas las funciones que en este momento viene realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativas a la información y orientación a particulares, tramitación de solicitudes, reconocimiento de derechos, abono de cuantías, control y seguimiento de expedientes”.

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