martes, 24 noviembre 2020

La ley contra la deslocalización obligará a devolver ayudas de ocho años

Este viernes, la Comisión parlamentaria de Desarrollo Económico y Empresarial aprobó el dictamen de la ley foral impulsada por EH Bildu, que salió adelante con numerosas enmiendas del PSN, Geroa Bai, Podemos-Ahal Dugu. El texto final es más suave en las sanciones contra las compañías infractoras que el presentado inicialmente por la coalición abertzale.

Redacción
Pamplona - 13 noviembre, 2020

El dictamen sobre la nueva ley se aprobó este viernes. (Foto: archivo)

El texto de la ley ya solo necesita el visto bueno del pleno del Parlamento de Navarra. Pero, salvo imprevistos, saldrá adelante después de que este viernes se aprobara el correspondiente dictamen en la Comisión de Desarrollo Económico y Empresarial, que retomó el debate al respecto.

Así, la denominada proposición de Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial, impulsada por EH Bildu, fue ampliamente enmendada por PSNGeroa Bai y Podemos Ahal Dugu. Su objetivo es “hacer frente a los procesos de deslocalización garantizando que las subvenciones que reciben las empresas desde el sector público de la Comunidad Foral sean para realizar una aportación económica y social al desarrollo de la misma”.

En concreto, será de aplicación a las empresas con centro de trabajo en Navarra y a las fundaciones y asociaciones que, habiendo obtenido también ayudas del Gobierno, operan en el ámbito empresarial. No obstante, y como criterio general, se dejan fuera del ámbito de esta ley las subvenciones tendentes a fomentar actividades de I+D+i, cuya finalidad sea mejorar la competitividad o la transferencia del conocimiento. Eso sin perjuicio de que, en las bases reguladoras de cada convocatoria, el departamento competente pueda establecer las obligaciones que estime oportunas. La enmienda de PSN y Geroa Bai, que así lo dispone, prosperó con el respaldo añadido de I-E, las abstenciones de Navarra Suma y Podemos-Ahal Dugu y el voto en contra de EH Bildu.

En este punto y tras suprimirse el artículo cuarto de la proposición de ley, donde se detallaban las circunstancias que a juicio de la coalición abertzale debían concurrir para poder hablar de deslocalización, la Comisión resolvió acotar el término reducción significativa de la actividad” a la merma del personal “a menos de la mitad, siempre y cuanto afecte al menos a veinticinco trabajadores”. Para realizar los cálculos, se atenderá al “promedio de la plantilla en los dos años anteriores”, tal y como se recoge en la enmienda de PSN y Geroa Bai aprobada con la abstención del resto.

Tras las enmiendas, se reduce de diez a ocho años el alcance de la reclamación y se sustituye la imposibilidad de presentarse a subvenciones durante diez años por el desembolso de un recargo.

Bajo esa premisa, las obligaciones y las limitaciones de las empresas que perciben ayudas se vinculan a la asunción del compromiso de no incurrir en deslocalización, que el Gobierno deberá recabar mediante su inclusión entre el contenido mínimo de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones.

De producirse, la declaración de deslocalización empresarial, que podrá iniciarse en el plazo de los cuatro años siguientes a su consumación, se realizará por Acuerdo del Gobierno, a propuesta del departamento competente en materia de Desarrollo Económico y Empresarial.

La declaración de deslocalización empresarial supondrá la obligación de proceder al reintegro de las subvenciones percibidas en los últimos ocho años, con un recargo del 20 % y junto al interés de demora devengado desde la fecha de recepción de cada cantidad. Así, el Gobierno foral determinará reglamentariamente el procedimiento de abono. Por tanto, se reduce de diez a ocho años el alcance de la reclamación y se sustituye la imposibilidad de presentarse a nuevas subvenciones durante diez años por el desembolso de un recargo que, a juicio de PSN y Geroa Bai, titulares de la enmienda, “casa mejor con los objetivos en materia de arraigo y deslocalización”. Podemos-Ahal Dugu apoyó la nueva redacción del artículo 7, mientras Navarra Suma, EH Bildu e I-E se abstuvieron.

Lo dispuesto en la presente proposición de Ley, para cuyo desarrollo reglamentario se otorgan seis meses al Gobierno, gozará de retroactividad en su aplicación a las ayudas públicas, siempre que “la deslocalización se produzca a partir de la entrada en vigor de esta norma y no hayan transcurrido ocho años desde la concesión de la subvención”. El recargo, sin embargo, “solo se podrá repercutir a las subvenciones que se concedan a partir de la entrada en vigor de la ley”. La enmienda de PSN y Geroa Bai que así lo explicita salió adelante con el voto en contra de Podemos-Ahal Dugu y las abstenciones de Navarra Suma, EH Bildu e I-E.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Según se apunta en la exposición de motivos, los procesos de mundialización y globalización de la economía favorecen la deslocalización de empresas que, en su afán de incrementar beneficios, ponen rumbo a Estados caracterizados por “legislaciones laborales poco desarrolladas en materia social, salarios más bajos y normas flexibles en materia de conservación del medio”.

Ante esa tesitura, se concluye que “el Gobierno de Navarra está obligado a arbitrar los medios necesarios para hacer frente a las consecuencias que esta situación genera. La competitividad pasa por políticas públicas que favorezcan la creación de empleo estable sujeto a condiciones laborales dignas”.

En el transcurso del debate efectuado en Comisión se aprobaron once de las veintiséis enmiendas discutidas, gran parte de ellas centradas en precisiones técnicas, ordenación del articulado y mejoras técnicas de la redacción, incluida la modificación del título y la exposición de motivos. Una vez dictaminada, la proposición de Ley Foral sobre medidas a favor del arraigo empresarial y contra la deslocalización empresarial será elevada a pleno para su definitivo debate y votación.

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