El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Cohesión Territorial, autorizó este lunes la implantación de la mayor planta fotovoltaica de Navarra en Peralta, promovida por Iberenova Promociones (Iberdrola Renovables), así como la infraestructura para la evacuación de la energía producida, consistente en una línea de 400 kV hasta la subestación de Castejón.
Entre las condiciones establecidas para la implantación del proyecto, destaca “la previsión de un amplio corredor que permita la introducción del cernícalo”, ave en peligro de extinción
El proyecto fue declarado como “inversión de interés foral” el 5 de mayo de 2021. “La construcción de la planta e infraestructuras asociadas supondrá una inversión total de 207 millones de euros. Una vez puesta en marcha, la operación y mantenimiento de la misma generará unos veinte puestos de trabajo estables al menos durante 40 años”, señaló el Gobierno foral.
En concreto, el parque ocupará una superficie de 354 hectáreas, en parcelas comunales del término municipal de Peralta. Así, se instalarán 474.330 módulos fotovoltaicos de 670 W con estructura fija, con una potencia total instalada de casi 300 MW.
CONDICIONES
Además, entre las condiciones establecidas para la implantación territorial del proyecto, destaca “la previsión de un amplio corredor que permita la introducción del cernícalo”, ave en peligro de extinción. “La construcción se realizará considerando, entre otros, valores como la geomorfología, la configuración parcelaria, las pendientes, las orientaciones, el soleamiento, las preexistencias, el arbolado o los caminos, así como valores perceptivos en cuanto a vistas desde la carretera y otros puntos de observación de interés que considere el Ayuntamiento de Peralta”.
De este modo, culmina el proceso de coordinación entre las diferentes administraciones que han intervenido: el Gobierno de España, con la declaración de impacto ambiental por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y las autorizaciones del Ministerio de Industria y Comercio; el Gobierno de Navarra, “con múltiples informes departamentales valorativos de las afecciones territoriales concurrentes”; y los ayuntamientos, “con los informes municipales de compatibilidad urbanística”.
