La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) de de Navarra ha detectado «irregularidades en el proceso administrativo» de cuatro expedientes de obras en las que participaron empresas investigadas en el ‘caso Cerdán’. Así lo admitió este lunes el vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Félix Taberna, en una rueda de prensa donde no ofreció más detalles al respecto.
En concreto, la OANA ha estudiado la duplicación de los túneles de Belate y la construcción de 62 VPO en el Valle de Egüés en 2018, 46 VPO en Ripagaina en 2022 y el centro de educación infantil y primaria de Arbizu. Además, se ha inhibido en el relacionado con los Jardines y el Archivo del Palacio de Navarra (la directora de la OANA era directora general de Presidencia del Ejecutivo foral por aquel entonces) y el centrado en la adecuación de las oficinas del Navarra Arena: «La documentación llegó tarde y no ha dado tiempo a analizarla».
En este sentido, Taberna defendió que las irregularidades detectadas son «cuestiones de procedimiento administrativo». «En ese ámbito, hay elementos que la Oficina Anticorrupción valora que no están adecuadamente hechos. No se puede explicar más», remató.
Por tanto, no concretó en qué consisten esas irregularidades ni si afectan a los cuatro proyectos, a pesar de la insistencia de los periodistas. El vicepresidente primero del Ejecutivo foral argumentó que la comisión parlamentaria que investiga el ‘caso Cerdán’ aún no ha recibido los informes y que los distintos departamentos (Vivienda, Cohesión Territorial y Educación) todavía están estudiando la documentación remitida por la OANA. «Están trabajando y, en los próximos días, daremos a conocer nuestra opinión», insistió.
Eso sí, Taberna se esforzó por remarcar que en los informes de la Oficina Anticorrupción no constan otro tipo de responsabilidades. «Ni se han detectado conflictos de intereses en los miembros de la mesa de contratación ni se aprecia perjuicio económico o afectación para la Hacienda Foral», resaltó para admitir acto seguido que contra el informe de la OANA no se pueden interponer alegaciones.
ADJUDICACIÓN «NULA DE PLENO DERECHO»
Sin embargo, poco después de la rueda de prensa, el portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, fue más allá al dejar constancia de que el informe considera «nula de pleno derecho» la adjudicación de Belate a Acciona y Servinabar, cuyo importe total fue de 76 millones de euros.
Además, el portavoz regionalista detalló el principal argumento esgrimido por la OANA. Y es que, según el documento, cuatro integrantes de la mesa de contratación remitieron sus puntuaciones de los aspectos cualitativos de las ofertas al presidente, que posteriormente facilitó la suya «teniendo conocimiento previo de las asignadas» por sus compañeros.
Esa irregularidad supone, a juicio de la Oficina, «una infracción de las normas de formación de la voluntad de los órganos colegiados”, sobre la que el informe es contundente: «Supone la nulidad de pleno derecho de los acuerdos de la mesa de contratación y, por tanto, de la propuesta de adjudicación».
LAS 62 VPO DEL VALLE DE EGÜÉS
También se muestra crítica con la adjudicación de 62 VPO en Egüés a la misma UTE, en la que aprecia un «posible vicio de nulidad». Entre otras cuestiones, el texto pone de manifiesto que la mesa de contratación no contaba con un presidente y un representante de la Junta de Contratación, que no se elaboraron actas de las reuniones, que Nasuvinsa no tenía la autorización de Vivienda para sacar a licitación el contrato y que no se llevó a cabo el correspondiente informe de necesidad de la unidad gestora del contrato ni el informe jurídico, del mismo modo que tampoco se realizó la fiscalización de la Intervención: «La acumulación de incumplimientos flagrantes, evidentes y palmarios en el expediente excede de meras irregularidades administrativas».
En total, el Gobierno de Navarra debe facilitar información sobre 68 hitos requeridos por la comisión parlamentaria que investigará el caso (el plazo de presentación termina hoy). Junto a los expedientes ya citados, también hay documentación sobre todos los expedientes de licitaciones y adjudicaciones de las cuatro últimas legislaturas; el proyecto Mina Muga; la composición de la mesa de licitación y contratación de obras superiores a un millón de euros; o comunicaciones escritas y reuniones de miembros del Gobierno, altos cargos y directores de servicios relacionados con los asuntos que son objeto de la comisión de investigación.
